La obsesión por reducir el gasto público, a costa de lo que sea, conduce a la economía española a una espiral infernal de agravamiento de la recesión, y, en consecuencia, más dificultades para una economía que sufre un verdadero problema de deuda privada externa que puede estallar en cualquier momento, lo que tendría unas consecuencias catastróficas. La dimensión de la deuda privada que se tiene con el exterior es mucho más grave que la cantidad de deuda pública sobre el PIB que existe en estos momentos. Una economía en recesión, como es el caso de la economía española en la actualidad, profundiza aún más la problemática de la deuda, tanto privada como pública, y contribuye a aumentar la morosidad de la banca con lo que el sistema financiero en lugar de sanar, a pesar de los fondos que se le inyecten, enferma aún más si cabe.

La deuda no se puede pagar si no se crece y una economía deprimida afecta no solo a la baja demanda y al aumento del desempleo, sino también a la disminución de los ingresos públicos y a la morosidad. Las medidas propuestas tampoco van a servir para reducir el déficit público, por lo que la economía española se adentra en un camino excesivamente peligroso del que va a costar salir. Tal vez dentro de unos años el paisaje después de todo esto puede ser desalentador: Un número mayor de parados, un desempleo juvenil escandaloso, un sector productivo menor, un Estado de Bienestar desmantelado, y un retroceso en la investigación.

Se ha tenido que acudir al rescate bancario y esto supone como se está comprobando, aunque se haya tratado de ocultar por parte del Gobierno, una intervención en toda regla. Si la economía española ya estaba parcialmente intervenida, desde mayo de 2010, pues se seguían en política económica las directrices de Bruselas, ahora se produce una vuelta de tuerca mayor debido a que va a tener lugar un seguimiento y control de lo que se hace, pues no se confía en la capacidad del Gobierno. El que presta el dinero exige garantías de que se va a proceder a la devolución del préstamo, lo que lleva consigo exigencias que no se han dado a conocer en su totalidad, pero que en definitiva es una forma de intervención cada vez más directa.

En suma, lo que está sucediendo es una humillación para la ciudadanía española que se encuentra sin ninguna capacidad de decisión en cuestiones que son de vital importancia. Se ha sustituido la soberanía del pueblo por el gobierno de los tecnócratas europeos, quedando los ministros como ejecutores de lo que otros dicen lo que hay que hacer, y controlan, a su vez, si saben ser aplicados. Nos hemos convertido en siervos de unos expertos que a su vez no han sabido abordar la crisis de la Unión Europea a su debido tiempo. No ofrecen, por tanto, ninguna garantía. La situación es muy compleja y se ha ido haciendo cada vez más difícil de resolver como consecuencia de la aplicación de políticas equivocadas, o de no haber sabido llevar a cabo una coordinación adecuada entre los diferentes países que forman parte de la UE.

Este Gobierno no ha sabido dar confianza a los mercados, pero tampoco a los ciudadanos españoles. La desconfianza es grande por la incertidumbre que se crea con las medidas improvisadas que se van tomando. La inseguridad que se percibe entre las gentes es muy elevada. El miedo a perder el puesto de trabajo, la falta de esperanza de que los hijos encuentren un empleo digno, la pérdida del poder adquisitivo, son entre otros los temores que se están estableciendo en nuestra sociedad. El miedo es muy peligroso, pues puede dar lugar al surgimiento de propuestas populistas, de ultraderecha y fomentar actitudes racistas y xenófobas. Frente a ellos hay que infundir seguridad para lo que se requiere otra política y otra forma de hacer política.

Siempre hay, de todas formas, un resquicio para la esperanza como ha sido el emotivo recibimiento que la ciudad de Madrid ha dispensado a los mineros. La solidaridad ha brotado de un modo espontáneo y esto pone de manifiesto que una parte de la sociedad está viva, que se encuentra dispuesta a luchar por sus derechos que tanto han costado conseguir. El Gobierno no puede hacer oídos sordos a esta magnífica respuesta pacífica que se ha producido en las calles de Madrid a altas horas de la noche. Somos ciudadanos y queremos ser tratados como tales en un Estado de Derecho.