Lo ocurrido en otros países del mundo, y especialmente en Chile, revela que no estamos solamente ante una problemática española, sino ante una situación que va a concernir de manera mucho más general al futuro de las nuevas generaciones, en el contexto de una economía cada vez más incierta y de unos problemas de financiación que algunos pretenden abordar imponiendo recortes y retrocesos en uno de los ámbitos que son claves para el futuro. Y que, por lo tanto, son vividos con especial intensidad por los jóvenes y todos sus entornos familiares. En el caso de España, el extremismo y el carácter alicorto de los enfoques de dirigentes como Esperanza Aguirre no están haciendo sino añadir más leña al fuego, al tiempo que cuestionan gravemente el papel y la autoridad de la comunidad docente. Tan exagerado carácter provocador ha llevado a algunos analistas a preguntarse por las razones profundas que se ocultan tras estas actitudes ultraconservadoras. De hecho, algunos sospechan que llevando a la Educación pública a un conflicto recurrente, uno de los objetivos que se persigue, y que se podría alcanzar, es deteriorar más la situación de los centros públicos, trasmitiendo una imagen de inestabilidad a las familias.

Sin embargo, existan o no existan estas u otras intenciones ocultas, lo cierto es que la confrontación política con el mundo educativo a la que están llegando varios gobiernos del PP puede acabar convirtiéndose en un importante factor de deterioro de su credibilidad política, incluso entre sectores de clase media que hasta hace bien poco parecían dispuestos a sustentarles con sus votos. En realidad, la «sinceridad» de dirigentes como la Señora Aguirre no hace si no mostrar bien a las claras la verdadera cara del Partido Popular. Harían bien, pues, muchos electores en pensar detenidamente a quién van a votar el próximo 20 de noviembre.