El Banco Central Europeo (BCE) es una de las instituciones europeas más federales, pues adopta sus decisiones por mayoría de los miembros de su Consejo Ejecutivo, donde no se sientan los 19 gobernadores de los bancos centrales de la zona del Euro, sino una representación de éstos.

Esta estructura ha permitido a su presidente, Mario Draghi, convertir al BCE en la institución europea anti-crisis por excelencia, lo que se ha materializado con una rebaja del tipo de interés (el precio del dinero) al mínimo y el lanzamiento del programa extraordinario de compra de bonos públicos y privados por valor de más de un billón de euros.

Estas medidas se tomaron en contra nada menos que del presidente del Bundesbank alemán, pero en el BCE, como se decía, no caben vetos nacionales. Sin embargo, han surgido dudas de si esta política tan expansiva está siendo suficiente para luchar contra la deflación, a la vista de que el índice de precios armonizados de la Eurozona cayó un 0,1 por ciento en septiembre de 2015.

En su reunión del 22 de octubre de 2015, el Consejo Ejecutivo del BCE no adoptó ninguna medida adicional, pero anunció que en diciembre de este año se revisará el programa de compra de títulos de deuda -pudiéndose aumentar la cuantía- lo que implicaría prorrogarlo más allá de septiembre de 2016. También se ha abierto la puerta a que se rebaje todavía más el tipo de interés (hoy al 0,05 por ciento).

Una de las dificultades del programa tiene que ver seguramente con una insuficiencia de oferta de bonos del Estado, ya que aparte de los Estados solamente el Banco Europeo de Inversiones y el Mecanismo Europeo de Estabilidad emiten títulos de deuda pública verdaderamente europeos. Asimismo, la compra de bonos se hace en proporción al accionariado en el BCE, por lo que al final la mayoría de los títulos adquiridos son bonos alemanes.

En todo caso son bienvenidas las propuestas anunciadas para diciembre, si bien en el fondo demuestran el agotamiento de la política monetaria en la lucha contra la crisis, y la necesidad de recurrir con más energía a la política fiscal.

En este sentido, no parece que se estén notando aun los efectos del Plan de Inversiones para Europa, conocido como Plan Juncker, mientras que la flexibilización del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) es insuficiente para propulsar a las economías más endeudadas, ya que para beneficiarse a fondo es preciso tener en todo caso el déficit público por debajo del 3 por ciento.

Por esta razón, es preciso plantear una reforma más en profundidad del PEC, de modo que las inversiones no cuenten en el cómputo del déficit público, incluyendo aquellas que no adoptan la forma de créditos o participaciones de capital. Asimismo, no tiene mucho sentido que el límite del 60 por ciento de deuda pública tenga como referencia el volumen bruto y no neto de la misma (por lo que el aumento del capital público financiado con deuda no se tiene en cuenta, es decir, los activos que se pueden adquirir con la financiación adicional, particularmente en un momento con el tipo de interés tan bajo).