Diversos estudios internacionales realizados, a finales de los años noventa del siglo XX, entre población penitenciaria de todo el mundo concluyen que las personas que viven en cárceles tienen entre cuatro y seis veces más probabilidad de sufrir un trastorno mental psicótico o depresión grave y aproximadamente diez veces más de presentar trastornos antisociales de la personalidad. Al tiempo uno de cada cuatro reclusos con trastorno psicótico es consumidor de drogas. No en vano una investigación realizada por la ‘European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction’ en el año 2009 en diversos centros penitenciarios europeos puso de manifiesto que el consumo de sustancias psicoactivas de los condenados, antes de su entrada en el medio cerrado, oscilaba entre un 30% y un 50% y que un 27% consumía drogas en prisión.

Según el ‘Estudio sobre Salud Mental 2007’, elaborado por la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria, el 17% de la población penitenciaria española contaba con antecedentes psiquiátricos cuando ingreso en prisión, el 25% tenía diagnósticos psiquiátricos en su historia clínica, el 1,8% tenía alguna discapacidad psíquica o minusvalía acreditada, y el 3,2% había estado ingresado anteriormente en un centro penitenciario. Cuando se incluía la variable consumo de drogas los antecedentes de tipo psiquiátrico, incluyendo la adicción, aumentaban al 44,2%.

De igual modo, los resultados de un trabajo epidemiológico elaborado por el grupo PRECA en cinco prisiones españolas (con una muestra de 707 reclusos) en el año 2007 revelaron que la prevalencia de la enfermedad mental entre la población reclusa española es cinco veces superior a la de la población general, que ocho de cada diez internos habían sufrido en su vida algún trastorno mental, incluido el consumo de drogas, y que cuatro de cada diez presentaban un trastorno mental en el momento en el que fueron entrevistados para esta prospección. El trastorno por el uso de sustancias psicoactivas fue el más frecuente (en concreto, en el 76% de los casos), al que le seguían el de ansiedad (45,3%), el afectivo (41%) y el psicótico (10,7%).

Los trastornos y/o en su caso los casos más severos de enfermedad mental son tratados protocolariamente en prisión prescribiendo psicofármacos, incluida la metadona. Una medicalización considerada desde ciertos sectores excesiva, siendo además necesario implementar una atención social y sanitaria integral de alta calidad. Resulta imprescindible, en este contexto, una mejor y mayor formación y coordinación entre los diversos actores que intervienen en el proceso penal: desde las fuerzas de seguridad del Estado, los jueces, los fiscales, los abogados, el personal sanitario, los funcionarios, formadores, educadores y voluntarios de los centros penitenciarios, etc.

En este sentido, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) reclama un estatuto jurídico específico para las personas con enfermedad mental y/o discapacidad intelectual que se encuentran privados de libertad, con el objetivo de garantizar sus derechos y facilitar su integración en la sociedad. En concreto, el CGAE ha denunciado la discriminación que sufren estas personas, resultando especialmente llamativo que cuando cometen un delito penado con menos de dos años cumplen íntegramente las penas, a diferencia de lo que ocurre con el resto de los condenados. Así las cosas, el CGAE considera obligado potenciar los “protocolos de derivación” que evitarían encarcelamientos psiquiátricos y conllevarían la utilización de recursos alternativos a los centros cerrados. Asimismo, estiman prioritario que se produzca una integración de la atención sanitaria de estos enfermos en la red sanitaria general, pues valoran que es la única vía para que disfruten en igualdad de condiciones de derechos de ciudadanía.

Sería, por tanto, fundamental que hubiera un conocimiento preciso de la población reclusa afectada por enfermedad mental en nuestro país y hacer previsiones de futuro, con la finalidad de planificar los recursos y mecanismos preceptivos para su atención. Además, teniendo en cuenta, como hemos presentado, la estrecha vinculación que existe entre el consumo de drogas y los trastornos/enfermedades mentales, debería potenciarse un tipo de atención más personalizada, atendiendo a las necesidades y particularidades de cada individuo en concreto. Y resultaría inexcusable introducir cambios legislativos con la finalidad de equiparar los derechos de las personas con enfermedad mental a los de la población general.

Si como hemos tratado de mostrar, las personas con enfermedad mental de los centros penitenciarios se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, es ineludible, tal como se recoge en el ‘Informe anual 2012 del defensor del Pueblo’, “… exigir a la Administración que mantenga la actitud de especial supervisión, brindando el ambiente protector y terapéutico especializado que este grupo de internos precisa para la mejor evolución de sus enfermedades y reinserción social, al tiempo que se han de agotar las posibilidades que la legislación prevé para que la estancia en estas instalaciones no se alargue más allá de lo terapéuticamente necesario”.