Los esclavos de hoy no trabajan en la recogida del algodón. La mayoría son mujeres, extranjeras, y sirven como mercancía sexual. Mercancía para el criminal que se enriquece explotándolas, y mercancía para el cliente cómplice que paga y mantiene el negocio. Podemos verlas día y noche en nuestros parques, en nuestros polígonos, en nuestros burdeles.

A veces bajan la mirada a nuestro paso. No debieran. La vergüenza es nuestra. Por consentirlo.

El negocio de la esclavitud mueve cerca de 20.000 millones de euros cada año, comprando, vendiendo y alquilando los cuerpos de en torno a 400.000 mujeres brasileñas, nigerianas o rumanas. Sí, también rumanas, ciudadanas de la Europa de los derechos. Con papeles en regla. La sola condición humana debiera bastarles como salvoconducto para escapar de sus negreros. Pero no. Son mujeres, son europeas, y son esclavas.

Respeto el debate moral en torno a la legitimidad del comercio de sexo. Gente que libremente ofrece unos servicios y gente que libremente los compra. Pero la esclavitud es otra cosa. Se trata de mujeres captadas con engaños, raptadas con violencia, extorsionadas con amenazas de muerte, tratadas como animales, obligadas a humillarse cada día para seguir vivas o para evitar el castigo a sus familias. Aquí no hay debate que valga. No puede haber transigencia con la esclavitud.

¿A quién señalar? A las mafias, desde luego. A quienes tienen la responsabilidad legal de combatir el delito, porque el combate se está perdiendo. Y hay que señalar también a quienes hacen uso de estos “servicios”, conscientes con seguridad de estar colaborando en el mantenimiento de un tinglado indigno. Deben ser muchos. Quizás enfermos. Porque al parecer necesitan pagar por el sometimiento de una mujer para disfrutar de su sexualidad. Con seguridad carentes de principios morales dignos.

Los datos policiales reflejan que cada año se desmantelan más de un centenar de organizaciones mafiosas que trafican y explotan mujeres. Cerca de dos mil esclavas son “liberadas” año tras año por las fuerzas de seguridad, los jueces y las organizaciones sociales. Las medidas que promueven la denuncia y que protegen a la víctima son útiles sin duda.

Ahora bien, la esclavitud de hoy es un negocio incompatible con nuestra condición como sociedad digna, y hemos de actuar contra el que vende y contra el que compra. Contra los dos. Penalmente. Mafiosos y clientes. Puede que su moral enferma les autorice tal conducta. La nuestra, la colectiva, no. Tenemos derecho a defenderlas y a defendernos.