La escolarización fue obra de la escuela pública

Suele pasar inadvertido que esta proeza, alfabetizar a toda la población, lo hizo fundamentalmente la escuela pública. No el mercado, no la iniciativa privada, no las órdenes religiosas, sino los poderes públicos, muy especialmente el Estado, mediante la creación y extensión de centros públicos. No el mercado, porque siendo nuestro país abrumadoramente rural durante casi dos siglos, llevar la escuela a los pueblos y aldeas de España no era una empresa rentable. No las órdenes religiosas, consagradas por razón de su instituto a la enseñanza, porque su objetivo, salvo honrosas excepciones, fue siempre enseñar (y de paso adoctrinar) a “las clases acomodadas”, según la terminología de la época, es decir, a las clases dirigentes.

El instrumento de la escolarización fue, repito, la escuela pública. Es verdad que esta labor, por razones que nos llevarían muy lejos, fue extremadamente lenta. Terminado el siglo XIX, de un censo escolar cifrado en cuatro millones, dos millones y medio de niños y niñas estaban sin escolarizar. ¿Dónde estaba entonces el mercado, dónde la llamada iniciativa social, dónde la labor docente de la Iglesia? No obstante, en esta historia, triste historia a veces, hubo momentos en que la preocupación por la escuela pública fue extraordinaria y extraordinaria la política educativa que se acometió. Me refiero al primer bienio de la II República española, conocido como el bienio reformador. Es preciso recordar el enorme esfuerzo que se hizo en este bienio por dignificar la escuela pública: se mejoró la formación de maestros -el plan del 31 fue probablemente el mejor plan de estudios que tuvieron los maestros-, se elaboró un plan de construcción de escuelas para enjugar el enorme déficit escolar, se votó en las Cortes un empréstito extraordinario de 400 millones de pesetas para edificios escolares (la magnitud del empréstito se aprecia si tenemos en cuenta que representaba casi el doble del presupuesto de instrucción pública y casi el 10% de todo el presupuesto del Estado), se enviaron a las Cortes sendos proyectos de ley para desarrollar la Constitución, etc. De haberse aplicado esta política educativa en su totalidad, el problema de la escolarización se hubiera resuelto en pocos años y nuestro sistema educativo hubiera dado pasos de gigante. No fue posible porque el bienio contrarreformador, primero, y la sublevación militar, después, lo impidió. El resultado final fue que, treinta años después de terminada la cruel Guerra Civil, el Libro Blanco de 1969, base de la reforma del 70, daba una cifra de niños y niñas sin escolarizar de cerca de un millón; esta cifra, en su pura desnudez, muestra, mejor que todos los discursos, hasta qué punto fue discriminador y excluyente el franquismo.

Escuela pública y democracia: grandes retos, pocos recursos

El problema endémico de la escolarización lo ha resuelto definitivamente la democracia mediante la creación continua de centros públicos. Pero, resuelto este grave problema, casi bicentenario, la escuela pública, cuyos maestros y profesores pueden enorgullecerse de haber sido el agente principal de la escolarización de un pueblo, está, por una parte, sufriendo graves ataques, solapados o directos -la política de la Comunidad Autónoma de Madrid es sólo un ejemplo- y, por otra, tiene graves problemas que demandan una respuesta positiva de los poderes públicos, además del apoyo de las fuerzas sociales y políticas que creen en la necesidad de una buena escuela pública para la vertebración social y política de España.

Preocupados por esta situación, el colectivo Lorenzo Luzuriaga ha dedicado el curso 2007-2008 a estudiar los problemas de la escuela pública, a plantear un plan de mejora y a diseñar lo que pensamos que debe ser la escuela pública en estos años. Para ello ha redactado un extenso documento que se está sometiendo a debate, un debate público que se mantendrá durante todo el curso próximo. En ese documento se muestra la escuela pública que necesitamos, la que tenemos y la que queremos (Acceda a la sección De Interés)

Queremos una escuela pública que, fiel a su larga tradición, sea integradora de todas las clases sociales, una escuela de todos y para todos (la escuela concertada, por estar sostenida con fondos públicos, debe serlo también, coadyuvando con ello al servicio público de la educación). Se cumpliría así el viejo sueño ilustrado de Cabarrus cuando a finales del siglo XVIII pedía una escuela común a todos los ciudadanos, ricos y pobres: “¿No van todos a la Iglesia? ¿Por qué no irían a este templo patriótico”.

En segundo lugar, la escuela pública, además de ser un potente instrumento de cohesión social, debe contribuir a la integración interterritorial, fomentando los lazos de solidaridad en un Estado tan descentralizado como el nuestro, garantizando la vertebración efectiva del sistema educativo.

En tercer lugar, la escuela pública debe ser capaz de integrar en sus aulas a la población inmigrante, con su pluralidad de etnias, lenguas, culturas y religiones. Se debe exigir a este respecto que se cumpla la LOE, distribuyendo equitativamente esta población inmigrante en la doble red (pública y concertada), evitando la formación de guetos escolares, pero la escuela pública en sus aulas debe ser intercultural.

En cuarto lugar, la escuela pública debe ser laica, con una laicidad incluyente, respetuosa de la libertad de conciencia y de religión de niños y niñas, padres y madres, profesoras y profesores, garante de la neutralidad ideológica e impulsora de la tolerancia activa en sus aulas.

En quinto lugar, la escuela pública debe ser participativa y democrática, esto es, que promueva la participación de toda la comunidad escolar en la gestión de los centros (se enseña a participar participando) y que forme ciudadanos, imbuidos de los valores comunes de la democracia, que son valores de todos, respetando lo que nos diferencia pero también reforzando lo que nos une.

Finalmente, debe ser una escuela pública de calidad, un referente de excelencia para toda la población escolar. Para todo ello la escuela pública necesita recursos y medios. Ésa es la responsabilidad de los poderes públicos que integran el Estado y del mismo Estado central. Ésa es la responsabilidad que podemos, y debemos, exigir los ciudadanos.