Las reacciones no se hicieron esperar, y tanto los lideres de los principales partidos de la oposición en el ayuntamiento de Madrid, como responsables de organizaciones que disponen de programas de atención para esta población mostraron su disconformidad ante una propuesta que consideran meramente “estética” y que criminaliza al que no tiene hogar. Ahora bien, la opinión pública española tiene sus reservas frente a la realidad del “sinhogarismo”, no en vano al 43,19% de los entrevistados en la “Encuesta de Tendencias Sociales” del año 2010 del GETS, “les incomoda la presencia en las calles de personas indigentes y “sin techo”; ni es baladí que incluso para un 11,07% las autoridades deberían obligarles a vivir en albergues y centros de acogida.

Las palabras del alcalde, desde mi punto de vista, revelan un desconocimiento de esta problemática humana y social, pues nadie se encuentra en la calle como opción de vida, por extravagancia o por deseo de libertad. Y supone un retroceso en la filosofía y el tratamiento que parecía estar imponiéndose en la atención a estas personas. No olvidemos que los itinerarios vitales de las personas “sin hogar” son el resultado de un complejo entrelazamiento de vivencias, carencias, fracasos, frustraciones, pérdida de derechos y problemas que les han ido introduciendo en un túnel de vulnerabilidad social, al término del cual acaban encontrándose en la calle o en los dispositivos de atención específicos. En este sentido, habría que preguntarse si las políticas sociales y los recursos existentes se adecuan a sus necesidades y favorecen realmente su autonomía personal e integración social. En la ciudad de Madrid, según los cinco recuentos sobre personas “sin hogar”, realizados desde el año 2006, a instancia del propio Ayuntamiento de la capital, existen más de 600 personas que viven literalmente en la calle.

¿Es realmente una solución “aislarles” y “apartarles” de la sociedad para favorecer la prevención de esta realidad?, ¿recluirles en centros cerrados posibilitaría su vuelta a la vida normalizada? Rotundamente no. La normativa jurídica que propone el alcalde Gallardón da un tufo más que aparente a la Ley de Vagos y Maleantes del Código Penal español de 1933, referente al tratamiento de vagabundos, nómadas, proxenetas y cualquier otro elemento considerado antisocial. Ley que fue modificada en el año 1954 para incluir la represión de los homosexuales y que se sustituyo en 1970 por la Ley de Peligrosidad y rehabilitación social, en donde se incluían penas de hasta cinco años de internamiento en cárceles o manicomios para los homosexuales y demás individuos considerados peligrosos sociales.

Plantear que la alternativa a la calle sea invisibilizarlos en güetos de exclusión, sin menospreciar la atención profesionalizada que pudieran recibir, además de deslegitimar el sistema desde el propio ámbito institucional, echa por tierra el trabajo de tantos profesionales y voluntarios que tratan de hacerles recuperar su dignidad y sus vidas. Y, especialmente, supone no entender la etiología básicamente estructural del “sinhogarismo”, vinculada a los procesos de exclusión social, que afectan a los grupos sociales de mayor riesgo social (parados adultos de larga duración, mayores con ingresos insuficientes, jóvenes sin empleo, consumidores de sustancias psicoactivas, enfermos mentales, alcohólicos, separados/divorciados, mujeres maltratadas, inmigrantes,…).

Ante un fenómeno social de tal alcance y con tan altos costes humanos, dar la espalda no es la solución, ni el mejor ejemplo a seguir. Recuerden ustedes la iniciativa de un conocido alcalde de Nueva York que hace años prohibió la presencia, durante las horas diurnas, de las personas “sin hogar” en dicha ciudad, que se vieron obligadas a crear una ciudad paralela en las alcantarillas y túneles abandonados del metro, en los que pasaban el día, y afloraban a las calles con la llegada de la noche.

También resultan malos ejemplos en nuestro país, la “limpieza urbana” de estas personas en momentos específicos (olimpiadas, bodas reales, visitas de Estado…) y su desplazamiento a otras ciudades y lugares de nuestra geografía.

Pero, sí es fundamental y la mejor de las prácticas la prevención, que debe abordarse desde las políticas sociales generales y sectoriales y desde las políticas de integración social. En este sentido, deberían articularse actuaciones en el ámbito de la vivienda, de las políticas de empleo, de las políticas educativas, así como desarrollar modelos asistenciales más flexibles, fomentar la sensibilización social, coordinar a las diversas Administraciones Públicas con la finalidad de que trabajen con eficiencia en favor de los sectores excluidos y apoyar con recursos y dotaciones presupuestarias adecuadas a las instituciones que se dedican a tareas de integración social de los grupos sociales más vulnerables. Y también es imprescindible la intervención social con estas personas, que debe formalizarse a partir de tratamientos individualizados, conforme a los procesos de exclusión particulares, y los medios disponibles. En definitiva, estas iniciativas de atención tienen que inscribirse en el marco de las políticas sociales propias del Estado de Bienestar, que incluyan desde medidas asistenciales, a programas formativos y de integración laboral, pasando por iniciativas de rentas mínimas y proyectos alternativos a la vivienda.

La propuesta del Sr. Ruiz Gallardón, lejos de dar soluciones al “sinhogarismo” recuerda la estrategia del avestruz, cuando esconde su cabeza y se aleja aparentemente de la realidad. La exclusión social se ha convertido en un fenómeno permanente de algunas sociedades desarrolladas, que está dando lugar a la aparición de nuevos perfiles sociológicos de excluidos.

Por otro lado, hay que resaltar el retroceso en gastos sociales al que asistimos desde hace años en nuestro país, máxime en tiempos de crisis económica, lo cual está contribuyendo a incrementar la exclusión social más extrema, a la que se están incorporando nuevas franjas de población, que “entran” en una especie de “vertedero”, en donde acaban los ciudadanos a los que la sociedad no ofrece oportunidades.

Si desde algunas instancias políticas no se entiende el “sinhogarismo” en toda su complejidad y dimensión no se acometerán realmente medidas que prevengan esta problemática en sus raíces, ni tampoco serán efectivas las políticas de intervención que se dispongan.