No. Las personas con mayor renta no suelen hacer uso de los servicios públicos, porque tienen capacidad económica para acceder a servicios privados de mayor calidad. Pero es que la gran ventaja de nuestro Estado de Bienestar reside precisamente en su oferta universal de cobertura. Que cada cual aporte a la caja común según sus posibilidades y que todos tengan la opción de beneficiarse del sistema según sus necesidades. Nuestro sistema de bienestar se nutre con los impuestos de todos, ricos y pobres según su renta, y beneficia a todos por igual, ricos y pobres según su necesidad.

El “copago” o el “pago según renta” que intenta introducir el PP a través del Gobierno español y los gobiernos regionales socava los cimientos del Estado Social de Derecho que formó parte esencial del gran Pacto de la Transición Democrática.

Bajo la falacia de “hacer pagar a los ricos”, se abre la vía para obstaculizar el acceso de sectores muy importantes de la población a los servicios públicos que atienden las necesidades fundamentales, traicionado principios cívicos básicos, como la equidad social, la igualdad de oportunidades y la solidaridad.

Con la excusa de que Botín pague más por sus recetas, se extorsiona a los pensionistas recortando sus ya exiguas prestaciones. Con la coartada de que el hijo del banquero pague su matrícula universitaria, se multiplican las tasas que las familias trabajadoras han de pagar para que sus hijos accedan a la enseñanza superior. El resultado es de un retroceso brutal en términos de justicia social. Se penaliza al enfermo con más impuestos, especialmente al menos pudiente. Y se reestablecen las barreras clasistas más despreciables en el acceso a una formación de calidad.

¡Claro que los más ricos han de pagar más por los servicios públicos! Pero han de hacerlo mediante los impuestos directos. Y han de pagar por el sostenimiento de los servicios públicos, aunque no los utilicen. Tal es la base de un sistema social justo. Estos son los pilares sobre los que se asienta el consenso social y político que late tras la letra de la Constitución de 1978.

La derecha española pretende aprovechar la crisis económica para romper consensos básicos y aplicar su programa más extremista. Y está jugando con fuego. Porque cuando se quiebran los fundamentos de la convivencia, el resultado siempre es incierto.