Lo más grave de la situación es que la ciudadanía (incluso muchos votantes del PP) ha perdido definitivamente la confianza en Rajoy (“rajonazo”), incapaz de ofrecer alternativas desde que llegó al poder, que no sean recortes y más recortes manifiestamente injustos e ineficaces para resolver los problemas derivados del desplome de la actividad económica y, consecuentemente, del desempleo, que alcanzará cifras intolerables, no sólo este año sino también en los próximos años. La paradoja de la situación es que estas medidas no están reduciendo el déficit, ni la prima de riesgo de la deuda, sino todo lo contrario.

Además, las medidas que se vienen tomando en los últimos meses están perjudicando particularmente a los más débiles- que nunca han sido los culpables de la crisis-, y beneficiando a los más ricos, a los banqueros y a los grandes empresarios (aumentando con ello las desigualdades y la pobreza, al amparo de la crisis) y reafirmando el principio de que el Gobierno gobierna desde su ideología y practica una política claramente favorable a las clases más altas, lo que, por otra parte, desmiente el dicho de que todos los partidos políticos son iguales. Como consecuencia, se está desmantelando el estado de bienestar social, privatizando el sector público empresarial y los servicios públicos (educación, sanidad, dependencia y guarderías); además, de cara al futuro, esta política condenará a los jóvenes a depender de una seguridad social de prestaciones mínimas (cuando no de beneficencia), con el objetivo de potenciar los fondos complementarios de pensiones y, por lo tanto, beneficiar al sector financiero. En este sentido debemos recordar que, en la actualidad, 450.000 jóvenes menores de 29 años ni estudian ni trabajan, según el Consejo Económico y Social (CES), lo que representa un auténtico problema de incalculables consecuencias sociales.

De todas las medidas aprobadas hay cuatro que llaman poderosamente la atención por su repercusión social y sus efectos contrarios al empleo: el incremento del IVA, el recorte de las prestaciones por desempleo y la eliminación de una paga extraordinaria a los empleados públicos; a ello hay que añadir la reducción de las cotizaciones de los empresarios a la seguridad social, cuando, precisamente, se nos dice que el sistema público de pensiones está en peligro.

El fuerte incremento del IVA (impuesto indirecto) penaliza fuertemente el consumo interno y resulta injusto al imponerse a todos por igual (al margen de los ingresos y patrimonio). Ni siquiera se ha considerado reimplantar el IVA sobre los productos de lujo -hasta situarlo cuando menos en el 33%-, que ya existió en España entre los años 1986 y 1991, como denuncia el promotor de la campaña emprendida a este fin. Por añadidura, el IVA será nefasto para la reactivación económica, para la supervivencia de pequeñas empresas en el sector servicios (de manera destacada en hostelería y comercio) y lógicamente para el empleo. Por otra parte, el aumento del IVA significa la renuncia definitiva del Gobierno a llevar a cabo una reforma fiscal encaminada a que paguen más los que más tienen (por ejemplo, impuestos a las grandes fortunas, a los altos ingresos, a las transacciones financieras, a las SICAV…), así como abandonar la lucha contra el enorme fraude fiscal y la economía sumergida que se da en nuestro país, sobre todo después de la bochornosa amnistía fiscal.

El recorte de las prestaciones por desempleo alcanzará, según UGT, un 10%. Además, el endurecimiento del acceso a dicha prestación y a la renta activa de inserción (criminalizando a los parados) y el aumento de la edad mínima para acceder al subsidio denota una profunda insensibilidad social y el desprecio de Rajoy hacia los más desfavorecidos, sobre todo cuando sólo el 15% de los jóvenes cobran alguna prestación por desempleo. Lo más lamentable es que se insulta y provoca a los parados al recortar sus prestaciones con la excusa de que así se estimulará la búsqueda de trabajo. ¿Pero, de qué trabajo hablan, si hay más de cinco millones de personas buscando todos los días un trabajo que no existe? Todo ello es un despropósito y, desde luego, un ataque a la inteligencia.

La fuerte reducción de las retribuciones del personal de las Administraciones Públicas -hasta ahora con poca capacidad de respuesta- resulta reiterativa (el Gobierno de Zapatero ya devaluó las retribuciones de los funcionarios el 5% en 2010) y difícil de asumir por su dimensión (alcanza el 7% en cómputo anual y eleva la pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios al 38% desde el año 1982). Todo ello al margen de los despidos en las empresas públicas, en las Administraciones Públicas, además de la reducción de los días de libre disposición (“moscosos”) de los funcionarios, entre otras medidas. Esta drástica decisión se ha tomado después de una estudiada campaña de desprestigio mediático en la que se les ha acusado sin sentido de “vagos y privilegiados”.

Finalmente, el Gobierno ha reducido las cotizaciones de los empresarios a la seguridad social. Debemos recordar que la reforma del sistema público de pensiones se hizo con el propósito de garantizar la sostenibilidad del sistema, lo que resulta en extremo contradictorio con una medida que reduce los ingresos de la seguridad social (según la Plataforma de Defensa de los Servicios Públicos, se dejará de recaudar, entre 2013 y 2014, 8.000 millones de euros), provocando que el déficit se convierta en estructural y que, por lo tanto, habrá que financiar recurriendo a los ciudadanos vía Presupuestos Generales del Estado.

El argumento de que esta medida creará empleo -al reducir los costos empresariales- no se corresponde con la realidad, porque el empleo no depende del costo del factor trabajo -sobre todo cuando ya se ha reducido considerablemente, sobre todo a raíz de la reforma laboral-, sino de la crisis de demanda instalada desde hace años en nuestro país. Lo que resulta seguro es que, una vez más, esta medida produce un trasvase de rentas del trabajo al capital y significa renunciar al cambio de un modelo productivo obsoleto basado en reducir el costo del factor trabajo para que las empresas sean más competitivas. Por eso se deben pedir responsabilidades a los empresarios sobre su comportamiento, en relación con la modernización de las empresas y el mantenimiento y la creación de empleo, sobre todo después de la reforma laboral y de las subvenciones y desgravaciones graciables que han venido recibiendo. Paralelamente a esta medida, el Gobierno adelantará la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años, lo que no deja de ser una auténtica provocación, porque rompe el Acuerdo firmado entre los interlocutores sociales sobre pensiones, que fue asumido por el Gobierno, y deja al diálogo social sin contenido y a los pies de los caballos.

La brutalidad de los recortes ha sido fuertemente contestada por la oposición. El PSOE lo ha hecho con moderación y responsabilidad; sin embargo, los ciudadanos y la opinión pública (según las recientes encuestas) no lo consideran así y culpan a los dos partidos mayoritarios, por igual, de ser los responsables de estas medidas (las movilizaciones han alcanzado a las sedes del PP y del PSOE y la pérdida electoral del PP no está siendo aprovechada por el PSOE, que sigue hipotecado por sus años de gobierno). En el marco de la UE tampoco se está visualizando una oposición a las políticas neoliberales (al margen de Hollande), que merecen una fuerte contestación global de la socialdemocracia organizada, cuando menos en el ámbito de la UE. Estas son buenas razones para que los partidos socialdemócratas se reinventen y recuperen la credibilidad y la confianza perdida, única manera de ser capaces de canalizar el creciente malestar social que se está generando en la UE. Por su parte, el PSOE debe asumir que el PP no está dispuesto a negociar ningún acuerdo con la oposición y con los sindicatos y, por lo tanto, debe actuar como el principal partido de la oposición con todas las consecuencias.

Por su parte, los sindicatos se están mostrando mucho más activos y han encabezado las masivas movilizaciones generales que se han llevado a cabo el 19 de julio en todas las capitales de provincias, a partir del llamamiento generalizado a la sociedad civil y a los colectivos y sectores más afectados por las decisiones del Gobierno. En todo caso, los trabajadores y la ciudadanía en general no confían en que estas medidas corrijan el déficit y la deuda pública (los países rescatados en la UE se encuentran peor que hace dos años y en España las medidas de ajuste no están reduciendo el déficit en los porcentajes comprometidos) y no esperan que el desempleo se vaya superando; lo mismo manifiestan los expertos más optimistas, que pronostican un elevado desempleo para España hasta el año 2022 (década perdida). En este mismo sentido, el presidente del CES, Marcos Peña, ha manifestado que el nivel de empleo de 2007 no se recuperará hasta el año 2025, en el mejor de los casos.

Lo más complicado de asumir -y lo que indigna considerablemente a la ciudadanía- es que el costo de la crisis no se está repartiendo equitativamente (“no hay dinero para los mineros pero sí para los banqueros”). Nuevamente el costo de la crisis lo pagan los más desfavorecidos, los trabajadores autónomos y la clase media en general, lo que no deja de ser intolerable al tener que convivir estos colectivos con los bochornosos privilegios de las rentas más altas; de la misma manera, la situación está resultando insoportable porque el Gobierno está llevando a cabo medidas que están claramente en contradicción con su propio programa electoral (fraude electoral), lo que violenta a los ciudadanos y pone en entredicho a nuestra propia democracia.