Nuestra Constitución establece un modelo deliberadamente abierto en la estructura territorial del Estado. Este modelo abierto asegura en teoría tanto la descentralización de competencias claves como los instrumentos que han de soportar la eficacia, la cohesión y la igualdad en el conjunto. Sin embargo, las sinergias políticas desarrolladas desde 1978 han incidido en el primer vector sin profundizar suficientemente en el segundo. Aún hoy en las Cortes se reclama “la desaparición del Ministerio de Cultura para que las autonomías ejerzan sus funciones”, y se exige la transferencia a los gobiernos regionales del control sobre “aeropuertos, puertos, ferrocarriles y autovías”, por citar solo las dos áreas en las que he tenido responsabilidad parlamentaria durante el último año. Por el contrario, cualquier discurso a favor de la coordinación es inmediatamente descalificado como “jacobino”, antiguo y antidemocrático.

He mantenido muchas veces que treinta años después de la redacción del Título VIII de la Constitución merece la pena llevar a cabo un análisis serio y objetivo sobre el cumplimiento de las expectativas de eficiencia y garantía de cohesión e igualdad que ha conllevado el proceso intenso de descentralización aún en marcha. Las ventajas ciertas se han explicitado con profusión. Los riesgos, a mi juicio, se han minusvalorado en función de las coyunturas políticas y las exigencias de la aritmética parlamentaria. Y va siendo hora de afrontar las dificultades sobrevenidas por la existencia de 17 sistemas educativos con objetivos y rendimientos muy distintos; por el mantenimiento de 17 políticas de vivienda independientes y enfrentadas; por el conflicto de 17 servicios de atención a la dependencia sin voluntad de coordinarse; por la evidencia de 17 sistemas sanitarios que no disponen de un modelo hospitalario común y que tienen dificultades hasta para compartir las historias clínicas…

El reto de la gripe A constituye una buena oportunidad para subrayar la eficiencia que proporciona la subsidiaridad y la cercanía de la administración sanitaria al terreno, pero también para ser conscientes de que necesitamos instrumentos nuevos y eficaces que aseguren estrategias debidamente coordinadas. Porque, insisto, hemos avanzado mucho en lo primero y poco en lo segundo. Ahora se pone de manifiesto. El Consejo Territorial de Sanidad que ha reunido estos días a la Ministra del ramo con los Consejeros autonómicos no es más que un foro interesante para el diálogo, el intercambio de información y la expresión de buenas voluntades para una actuación más o menos homogénea. Este órgano no dispone de competencia ni capacidad para sobreponerse a la autonomía de los servicios autonómicos y para garantizar la aplicación de medidas comunes debidamente coordinadas.

Resulta significativo que haya sido el Gobierno catalán, tradicionalmente celoso de sus prerrogativas, el que ha tomado la iniciativa para proponer un mecanismo de coordinación efectivo, adoptando decisiones de obligado cumplimiento general en el seno del Consejo sanitario. La necesidad es evidente ya. El próximo otoño será un clamor. Ojalá la dimensión del problema a enfrentar y el sentido común prevalezcan esta vez sobre los prejuicios “centrifugadores”.