Un trabajador público que cobra 1.200 euros mensuales, que afronta una hipoteca y que llega a fin de mes haciendo malabares, estaba claro que quería echarse a la calle. Aplicar el tijeretazo a los funcionarios bien parece una medida facilona del Gobierno, a sabiendas de que la opinión pública muchas veces se refiere al término “funcionario” de manera peyorativa. Sin embargo, no debería olvidarse que detrás del mismo se encuentran aquéllos que se encargan de repartir nuestro correo, de la educación de nuestros hijos, de velar por nuestra seguridad o garantizar nuestra salud… y que desde luego, no tienen sueldos astronómicos.
Aunque el 8 de junio nuestra rutina normal no se haya paralizado, el Gobierno debería tomar buena nota del malestar de los trabajadores. En estos momentos de recesión económica, si en España se mantienen los actuales niveles de cohesión social, se debe en buena medida a la profesionalidad de las empleados públicos. Para salir de la crisis es fundamental contar con el apoyo y el consenso de los sindicatos, y no sólo con el de los empresarios o los grandes organismos internacionales que han dejado al liberalismo cabalgar desahogadamente.
