Casi siempre que se oye cierto “ruido de togas” como el que ahora amenaza con nada menos que una huelga, un sonido por cierto mucho mas melódico que aquel “ruido de sables” que tuvimos que escuchar durante buena parte de nuestro mitificado proceso de transición democrática, algunos, como digo, son muy diligentes en proclamar ante los ciudadanos: ¡que cómo es posible que los jueces puedan ir a la huelga! ¡Que un poder del Estado no puede ponerse en huelga! Pues bien, ante estas proclamas que pueden confundir a la opinión pública creo que es necesario aclarar la cuestiona a los lectores.

En efecto, los jueces, como ya he escrito en otras ocasiones en estas mismas páginas, son un poder del Estado, el poder judicial; un poder que se ejerce de forma atomizada por todos y cada uno de los mas de 4.000 jueces, que todos los días dictan sentencias y resuelven controversias en los juzgados y tribunales de España. Los jueces ejercen este poder quedando exclusivamente sujetos a la Ley, y además lo tienen que ejercer siempre con independencia y con responsabilidad. Por estas razones, la Constitución ha prohibido a los miembros de la carrera judicial y del ministerio fiscal, mientras se hallen en servicio activo, pertenecer a partidos políticos y estar afiliados a sindicatos, tal y como pueden hacer la inmensa mayoría de los ciudadanos.

Al día de hoy en que acabamos de celebrar los treinta años de la probación de nuestro texto constitucional de 1978, podríamos discutir la justificación actual de esas prohibiciones, pero ahí están vigentes. Sin embargo, esas son las exactas y concretas restricciones, porque, efectivamente, en ningún precepto de la Constitución ni de la Ley Orgánica se haya establecido que los jueces tengan prohibido ir a la huelga como medida de presión para obtener determinadas mejoras en sus condiciones de trabajo. Un medida que, por cierto, sí que está prohibida en el caso de los miembros de las Fuerzas o Institutos Armados y de los Cuerpos sometidos a disciplina militar.

Ahora bien, que los jueces no tengan prohibido el ejercicio del derecho de huelga, es una cosa, y otra muy distinta es que, a mi juicio, los jueces deban ir a la huelga. El principio y deber de la responsabilidad judicial tiene una potencialidad de condicionar tanto esa posibilidad hasta el punto de hacerla totalmente evanescente.

Pero no sólo tienen que ser responsables los jueces, sino todos los sujetos que ejercen responsabilidades públicas en el ámbito de la Justicia, aunque sin duda sean muy distintas la forma y las consecuencias que produce la exigencia de responsabilidades a un juez y a un vocal del CGPJ, o a un Ministro. Porque es responsabilidad de quienes dirigen la política judicial del país, dirigirla bien, como es natural, pero de manera principal tienen la responsabilidad de saber aportar las soluciones imaginativas y eficaces que mejoren el funcionamiento de nuestra Justicia. ¡Qué lejos estamos de las ideas y del talante de un Fernando de los Ríos! Un gran Ministro socialista que en 1931 consiguió “despolitizar” el nombramiento de los magistrados y del presidente del Tribunal Supremo, y fue capaz de instaurar un sistema de carrera reglado, en donde la independencia de los jueces estaría mucho más asegurada, aunque la formalidad de los nombramientos dependiera del Ministro de Justicia o del Gobierno.

No habrá huelga de jueces a pesar del “desgobierno” judicial que padecemos, que no es sólo consecuencia del estrepitoso fallo de una sola pieza, el Consejo General del Poder Judicial, sino también de que se han roto las clavijas de la carrera judicial y no se ha sabido motivar a este colectivo de mujeres y hombres. Un colectivo que cada vez está integrado por jueces más jóvenes, que son quienes más sufren el abandono y carencia de medios en su trabajo y quienes, por ejemplo, han liderado un movimiento sin precedentes en la Carrera Judicial para suprimir el llamado ascenso forzoso, una antigualla burocrática sin ningún sentido actual. Porque los jueces también tienen que poder conciliar su vida familiar y profesional sin merma de la calidad y la estabilidad del servicio público. Los jueces de una democracia avanzada como la española son unos ciudadanos singulares, sin duda, porque ejercen un poder del Estado, pero, al fin y al cabo, personas de carne y hueso con sus debilidades y virtudes, y que, en definitiva, lo que quieren es poder hacer su trabajo con dedicación y eficacia.