¿Qué va a ocurrir en los próximos años? ¿Llegaremos al 14% de población extranjera en 2010 como estimamos en 2002/2003? Mi impresión personal es que las magnitudes se acabarán moderando en algún grado, pero lo cierto es que las proyecciones que hemos publicado con posterioridad, una vez recalculadas con los nuevos datos, apuntan un considerable grado de inercia. Es decir, la inmigración continúa creciendo, más allá de las propias inflexiones en los mercados laborales. Lo cual significa que estamos ante una tendencia consistente y de fondo, que responde a factores diversos y complejos y que no será fácil que se pueda frenar o modular sustantivamente de manera inmediata. De hecho, la circunstancia de que en España ya se encuentren asentados bastantes inmigrantes facilita una mayor llegada de nuevas personas, en la medida que existen contactos previos, relaciones, acceso a informaciones, posibilidades de acogimiento inicial y, desde luego, perspectivas de reagrupamiento familiar.

Hay que tener en cuenta que muchos inmigrantes han venido inicialmente solos y, por lo tanto, pese a las restricciones que se están poniendo, existen altas potencialidades para un, muy humano y comprensible, reagrupamiento familiar. De hecho, desde 2002, se han resuelto positivamente 355.358 expedientes de autorización de reagrupamiento familiar.

La consecuencia más inmediata de una tendencia migratoria tan persistente en un contexto económico en el que disminuyen las oportunidades laborales y aumenta el paro, sobre todo entre la población inmigrante, resulta evidente: la consecuencia será que en los próximos años habrá más extranjeros sin empleo y, en consecuencia, los problemas de exclusión social aumentarán de manera espectacular y afectarán a cientos de miles de inmigrantes.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2008, la cifra de parados entre los extranjeros superaba ya las 500.000 personas, con perspectivas de aumentar a corto plazo, ya que los inmigrantes trabajan en mayor grado en sectores muy sensibles a las circunstancias de crisis (construcción, turismo y servicios más prescindibles en períodos de vacas flacas).

La cuestión central que debe plantearse ante estas tendencias concurrentes es si el sistema español de bienestar social está suficientemente dotado y preparado, en estos momentos, como para hacer frente a los problemas sociales conectados con el aumento del paro y la exclusión social que se avecinan. El desfase en gasto social –incluso los retrocesos que han tenido lugar en los últimos años en porcentaje del PIB– respecto al promedio de los países de la Europa de los 15, va a operar como un grave hándicap en los próximos años, sobre todo en unos momentos de menos recaudación fiscal, en los que no va a ser fácil convencer a los responsables económicos de que lo que en este momento se precisa no es sólo mantener los “compromisos sociales”, sino incrementar el gasto social, ahora no sólo por razones de una lógica convergencia con los países europeos más avanzados, sino por necesidades prácticas inmediatas. Si no se opera en este sentido, lo más probable es que los problemas de exclusión social acaben traduciéndose y dando la cara en otros planos de la realidad social. Lo cual suscitará nuevas problemáticas.