El malestar de los lugareños es comprensible por el abandono denunciado por su alcaldesa, Giuseppina Nicolini, y por las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y aspirantes a refugiados. El propio Papa Francisco, que hizo una visita a la isla el pasado mes de julio, urgió a los poderes responsables a realizar un esfuerzo para prevenir futuras tragedias. Como tantos otros llamamientos, éste también cayó en saco roto.

CAUSAS ANTIGUAS Y RECIENTES

Lampedusa, con sus 20 kilómetros cuadrados y sus 6.000 habitantes, es el epicentro de la convulsión que vive el Mediterráneo desde hace años. Estos años, la pequeña isla ha hecho un esfuerzo encomiable. La presión migratoria africana, debido a las pavorosas condiciones de vida en el continente, se ha visto agravada recientemente por la inestabilidad en los países árabes ribereños.

La revolución y posterior crisis en Túnez, la revuelta contra Gaddaffi y la intervención de la OTAN, que provocó el cambio de régimen y el caos actual en Libia y, más recientemente, la guerra en Siria, sin olvidarnos de la interminable sangría en Somalia y la menos conocida de Eritrea, ha provocado un incremento dramático del éxodo de una población desesperada. En el año de las revoluciones árabes, 2011, perecieron en aguas mediterráneas más de un millar y medio de personas, según la propia oficina de refugiados de las Naciones Unidas. Otras organizaciones como Fortress Europe elevan la cifra a más de dos millares. Sesenta mil personas consiguieron llegar a las costas, aterrorizadas y exhaustas, pero vivas. En lo que va del presente año, ya se han contabilizado, según fuentes oficiales de la UE, más de 30.000 personas arribadas por esta ruta del Mediterráneo central, con Lampedusa como lugar de recalada preferente, aunque no exclusivo. Calabria y Plugia también ha recibido un número importante de desesperados. Malta también se encuentra desbordada.

Hasta ahora, la respuesta europea ha sido más policial que humanitaria. Los golpes de pecho y las lágrimas de cocodrilo no esconden el fracaso o, mejor dicho, la ausencia total de una política de acogida solidaria y eficiente. Peor aún, las medidas claramente xenófobas e insensibles del anterior gobierno italiano de derechas interpusieron más obstáculos que soluciones. Una ley de 2009 criminalizó a los inmigrantes ilegales que no demandaran asilo.

Tras la revolución tunecina, y con la deliberada intención de sacarse de encima a los que llegaron por miles a las costas italianas, el entonces ejecutivo de Berlusconi y la Liga Norte decidieron darles visados para que circularan durante seis meses por territorio europeo, contrariando los acuerdos de Schengen. Sarkozy se alarmó y acordó con Berlusconi mover los mecanismos de actuación en Bruselas. Llegó la respuesta. Pero fué policial. Solamente.

LOS LÍMITES DE FRONTEX

Se reforzó FRONTEX, el dispositivo de vigilancia de las fronteras exteriores, en este caso meridionales, de la Unión. Debido a la situación en Siria y la persistencia de otros focos de inestabilidad en Somalia, Eritrea y Libia, la agencia europea había desplegado cuatro navíos y dos aeronaves adicionales en la ruta del Mediterráneo central. Ahora, tras la última tragedia de Lampedusa, se insiste en lo mismo y se anuncian más patrullas. La Comisaria de asuntos interiores ha pedido a los ministros 50 millones de euros para un refuerzo suplementario.

Algunos analistas cuestionan la efectividad de estas medidas. Joanna Parkin, una especialista en migración del Centro para Estudios Políticos europeos, con sede en Bruselas, recordaba estos días al NEW YORK TIMES que FRONTEX no tiene poderes operacionales. Pero, en todo caso, es dudoso que esta agencia pueda ser responsable de algo que es de naturaleza política y no operativa: la protección de los que llegan.

El asunto, por tanto, no es sólo económico o de recursos. Es conceptual. AMNISTÍA INTERNACIONAL, en un comunicado emitido estos días, pone el dedo en la llaga al señalar que los Estados «han dedicado cada vez más recursos al control policial de las fronteras de la Unión Europea, en vez de a salvar vidas y proteger a las personas». AI y otras organizaciones de derechos humanos reclaman que se revisen las políticas migratorias y de asilo, no sólo porque resultan insensibles sino también ineficaces. La restricción migratoria no impide la llegada. Sólo empuja a los desesperados a intentar vías de entrada más arriesgadas y con menos garantías. Menos vivos en los centros de acogida, más muertos en las playas o en el mar.

UN NECESARIO DEBATE SOCIAL

Obviamente, lo esencial es combatir las causas y no sólo responder a las consecuencias, aunque esto último suele ser perentorio. Las razones por la que se producen estas corrientes migratorias son complejas y muy difíciles de abordar, porque responden a desequilibrios profundos, a conflictos enquistados y a políticas abusivas prolongadas contra los derechos humanos y las libertades. Los intentos de prevenir flujos desordenados y masivos de personas con los responsables políticos de los países de origen se convierten en puras operaciones de imagen, para los de aquí y para los de allá, con escasos resultados prácticos.

Para ser rigurosos, la indignación por las tragedias como Lampedusa no puede ocultar un sentimiento de malestar en amplias capas sociales por la presión migratoria. En ese caldo de cultivo han crecido los partidos xenófobos o de extrema derecha, hasta convertirse en elementos decisivos para formar coaliciones de gobierno o en factores de desestabilización política. Y ello ocurre en países con una sólida tradición de acogida como Noruega, Suecia, Dinamarca u Holanda, tanto o más que en otros menos solidarios. El último triunfo del Frente Nacional en Francia, aunque parcial y limitado, responde a este clima.

Las consecuencias ya se dejan ver. Según datos de EUROSTAT de esta misma semana, el número de peticionarios de asilo en Europa se ha incrementado en un 50% en el segundo trimestre de 2013 con respecto al mismo periodo del año anterior. Pero la gran mayoría de estas demandas, más de las dos terceras partes, han sido rechazadas.

Esta respuesta restrictiva no puede imputarse sólo a la derecha europea. Para ser justos, la mayoría de la izquierda socialdemócrata muestra signos de indecisión y desconcierto. En Francia se han denegado el 80% de las peticiones. Las declaraciones sobre los gitanos realizadas por el ministro socialista francés del Interior, Manuel Valls (de origen español, por cierto), que obligaron a la intervención correctora del propio Hollande, han contribuido a enturbiar el debate.

A petición precisamente de París, la cumbre europea de finales de mes abordará la cuestión migratoria. Pero no hay muchos motivos para ser optimista. Domina la impresión de que falta impulso político. El ‘papelón’ de Letta y Barroso en Lampedusa no anticipa cambios mayores.