Este 22 de abril, 45º aniversario del Día de la Madre Tierra, el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon hacía un llamamiento para que el mundo fuera consciente de las consecuencias que nuestras decisiones tienen sobre el planeta y lo que éstas supondrán para las generaciones futuras, recordando que el mundo necesita un cambio profundo. Abogaba así porque ciudadanos y organizaciones dejen de consumir combustibles fósiles y centren su atención en las energías renovables; y destacaba la importancia de llegar a un acuerdo sobre el cambio climático en diciembre de este año en París.

Pero en un mundo en el que todavía mas de mil millones de personas viven con menos de 1,25 dólares diarios, los países en vías de desarrollo, en que residen la mayoría de estas personas, se niegan a renunciar a su crecimiento económico para reducir el coste medioambiental, mientras que Estados Unidos y otros países industrializados sean los que más contaminen el planeta con su actividad y crecimiento. Como en cumbres anteriores las dificultades de acuerdo son muy grandes al igual que lo es el riego de reiterar el fracaso de las mismas en la mayoría de sus objetivos. Pero cada vez más los resultados de ese fracaso puede ser letales para una parte de la población del Planeta a medio-largo plazo.

En España ha habido un Manifiesto bienintencionado de alcaldes por la lucha contra el cambio climático y unas peticiones de los ecologistas (Un Programa por la Tierra. Propuestas ambientales para las elecciones autonómicas) sustancialmente razonables y asequibles. Menos razonables y significativas han sido, en general, las posiciones de las Comunidades Autónomas, y mucho menos las del Gobierno de la Administración General del Estado. Y lamentablemente escasas, o nulas, las “marchas ciudadanas” por la defensa de la Madre Tierra. Porque conviene recordar que el 22 de abril se conmemora el hecho de que en esta fecha de 1970, 20 millones de norteamericanos, fundamentalmente estudiantes, tomaron las calles, los parques y los auditorios para manifestarse por un ambiente saludable y sostenible. Esta manifestación, promovida, entre otros, por el senador y activista ambiental Gaylord Nelson, incidió en la creación de la Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental) en EEUU, y en el establecimiento de una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente (aire, agua, conservación de especies en peligro de extinción) en aquél país. Un ejemplo de incidencia ciudadana y política absolutamente necesario en España tras la fuertísima regresión ambiental de las políticas del Gobierno del Partido Popular.

Quedó el 22 de abril –Día de la Madre Tierra para la ONU- como el día para conmemorar el surgimiento de la conciencia ambiental y como referencia para promover una mayor preocupación social y gubernamental por los problemas de superpoblación, de contaminación, conservación de la biodiversidad, protección de espacios naturales y control del uso sostenible de los recursos naturales, rememorando a la Tierra como nuestro hogar y nuestra madre, tal y como lo han expresado distintas culturas a lo largo de la historia, y se recoge en la actualidad en las Constituciones más modernas, destacando la interdependencia entre los ecosistemas del planeta y las personas.

Poco después, en1972, se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente (la Cumbre de la Tierra de Estocolmo) cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales. En las páginas de esta Sección nos hemos referido a las distintas Cumbres, Conferencias de las Partes (COP de Naciones Unidas) sobre biodiversidad, desarrollo sostenible, cambio climático o desertificación que se han producido desde entonces. También nos hemos referido a la posición de vanguardia desarrollada por la Unión Europea en todas las materias ambientales, y a la característica posición de freno y de rémora del partido popular y de sus gobiernos –con la excepción puntual de algunos ayuntamientos- en todo lo que representa medidas de incidencia ambiental. Sistemáticamente este partido olvida lo que deberían ser lecciones aprendidas para enfocar el futuro, que habrían posibilitado prevenir y evitar los errores que sistemáticamente se han venido cometiendo en este país, desde la perspectiva de los intereses generales de su población (costas, parques nacionales, montes, energía, impacto ambiental,…). Pero es evidente que estos intereses generales no han estado siempre en la base de las tomas de decisiones de los Gobiernos que ha habido, muy en particular en el caso de los Gobiernos del PP, cuyas políticas tienen un claro sentido clientelar y de clase, y una envidiable inteligencia, coherencia y efectividad para satisfacer los intereses de los mismos. Y el problema es que esta situación y posicionamiento ha llegado también a la Comisión Europea a través de un nuevo equipo, presidido por el señor Juncker, cuya posición ante la defensa ambiental de nuestro planeta no está a la altura de la de sus antecesores.

Y una buena muestra de ello es la posición del Señor Arias Cañete, nuestro exministro de Agricultura (y supuestamente también de medio ambiente) actual Comisario (de segunda fila, afortunadamente para todos atendiendo a sus posiciones ambientales) de la actual Comisión del señor Juncker, cuyas posiciones públicas distan mucho de la coherencia de la de sus antecesores en materias ambientales, energéticas y de cambio climático. Así, sus palabras, que esperemos no sean soporte de las mayoritarias en la Comisión, implican una desautorización de las renovables, a las que considera caras y responsables de los altos precios de la energía por los subsidios recibidos, olvidando que todas las energías reciben subsidios a distintos niveles y, en algunos casos, en magnitudes mucho más elevadas que los de las renovables (por ejemplo, las nucleares con su no repercusión de todos los costes reales de almacenamiento y tratamiento de los residuos, o los costes potenciales de un accidente nuclear).Y olvidando que las renovables son la única alternativa que permitiría reducir la peligrosa altísima dependencia energética del exterior, para España, y afrontar hacia el futuro el avance hacia una energía 100% descarbonizada, como pretende la Hoja de ruta europea al 2050.

No parece ésta la posición del exministro ni la subyacente en el seno de la Comisión, en la que la influencia de países como Polonia o los intereses de regiones concretas españolas, parecen hacerle olvidar los costes externos de las políticas de ayuda al carbón, cuyos fondos deberían dedicarse a alternativas de desarrollo para estos territorios, al margen de unos recursos fósiles cuyo uso debería restringirse de forma creciente hasta que la captura de CO2 sea una realidad económicamente eficiente (si es que algún día llega a serlo ante el coste decreciente de la alternativa basada en energías renovables).

Pero en la misma línea que las políticas de ayuda al carbón se intenta reproducir el proceso estadounidense de desarrollo del “fracking” como oferta complementaria de combustibles fósiles, tildando de éxito un emprendimiento privado que, efectivamente, ha supuesto un incremento muy fuerte de la oferta de petróleo y gas en América del norte, aunque a unos costes ambientales que sólo las enormes extensiones despobladas, y la no penalización de la contaminación hídrica ni de las emisiones de gases de efecto invernadero, hacen viables económicamente. Se olvidan las problemáticas tan diferentes en materia hídrica y ambiental que afectan a EEUU y a la UE y, en particular a España; las negativas consecuencias sísmicas que está teniendo esta técnica y la gravedad de las mismas en un espacio de muy desigual forma de poblamiento como es el europeo o el español. O las propias limitaciones en cuanto a volumen de recursos obtenibles atendiendo a las propias características geomorfológicas del territorio hispano. Pese a ello, gana terreno en la Comisión los intereses de las grandes compañías extractoras y eléctricas, cuyos oligopolios multinacionales tienen mecanismos convincentes de influencia sobre la Comisión (y sobre el exministro, tanto tiempo con intereses económicos directamente ligados a las energías fósiles). Se está avanzando así en el seno de la Comisión en la elaboración de una “normativa vinculante” en la regulación del “fracking” para evitar que las oposiciones estatales, regionales o locales puedan interferir en la “viabilidad de su desarrollo”, aludiendo como justificación la a “necesidad de reducir la dependencia energética exterior”.

Hasta la década de los setenta del siglo pasado (hace ahora más de 40 años) no existía una conciencia significativa de que la revolución industrial podría poner en cuestión la supervivencia de un planeta que se nos antojaba como una extensión ilimitada de tierra, agua y recursos naturales. Las primeras voces científicas críticas iban a dejar claro que el crecimiento y la sociedad de consumo, tal y como se ha venido concibiendo tras la revolución industrial, no podían continuar de manera indefinida en un planeta finito. Se empezó a hablar del denominado “peakoil” o, en general de que se estaba llegando a situaciones en las que la energía o los recursos minerales de extracción sencilla y barata, habían iniciado una curva de descenso en sus disponibilidades; lo que obligaba a la búsqueda de nuevos yacimientos, cada vez más caros de explotación y con más riesgos ambientales y menor productividad energética y económica en la obtención de los productos finales. Se empezó a hablar de daños irreparables contrastados sobre el medio ambiente. Se fue constatando la necesidad de presupuestos crecientes para luchar contra la pérdida de biodiversidad, contra la erosión costera, los derrames de petróleo y la contaminación del agua potable. Fueron apareciendo tendencias muy preocupantes en la deforestación, la lluvia ácida o el agujero en la capa de ozono. Y por fin se es consciente de la gravedad del calentamiento global y de la posibilidad de rápidos cambios climáticos con consecuencias nada agradables para la humanidad.

Los últimos datos publicados por Global Footprint Networknos señalan que en el año 2011, la tierra consumía y contaminaba del orden de una vez y media sus capacidades de producción y regeneración sostenible, lo que implica una carga difícil de soportar a medio plazo. Y sin embargo, la tendencia de este indicador sigue siendo la de empeorar año a año. La pregunta que subyace a esta evolución es la de ¿hasta cuándo la sociedad humana podrá tensionar la capacidad ecológica del planeta sin conducir a rupturas catastróficas? Por ahora no existe respuesta, pero el calentamiento global parece ser una de las primeras consecuencias de esos procesos, lo que debería llevar al convencimiento social de la necesidad de que nuestros políticos pasen de la defensa de los intereses económicos de las grandes multinacionales a los interés de la mayoría social actual y futura, cambiando el modelo de sociedad capitalista de consumo por líneas de actuación viables y alternativas ya en la actualidad.

Porque aunque seguramente no sea una solución, hasta que puedan avanzarse otro tipo de soluciones las “economías verdes” son una alternativa real, que ya existe, y que puede asegurar el empleo y la capacidad económica de la población con efectos sustancialmente mucho menores que la presente en la dinámica productiva y de consumo actual de las sociedades supuestamente “desarrolladas”, que todo el planeta trata de reproducir ante la incidencia global de unos medios de comunicación que “venden” la sociedad de consumo como máximo objetivo de desarrollo individual.

La economía verde pretende un modelo basado en la utilización sostenible de los recursos naturales y renovables para crear empleo, fundamentalmente a nivel local, poniendo en valor los servicios de los ecosistemas, potenciando una agricultura ecológica con consumo local o regional, que minimice los costes de transporte; mejorando muy sensiblemente la eficiencia energética y ambiental de la denominada agricultura intensiva “industrializada”, potenciando la generación del valor añadido en el producto de consumo final, en las propias zonas de producción. Desde el punto de vista energético la opción fundamental son las renovables y la energía distribuida. Desde el punto de vista industrial la apuesta por la industria verde implica fijar objetivos claros de eficiencia energética máxima, apuntalar la economía circular en los procesos productivos, integrando la reutilización de los residuos generados en el propio ciclo y minimizando los recursos desechables por los consumidores, y, como elemento básico del proceso, integrar una I+D+i optimizadora de la productividad, pero simultáneamente a la generación de nuevo empleo y a la minimización de los efectos ambientales, aspectos a reivindicar y asociar como condicionante de las ayudas públicas a dicha I+D+i empresarial.

Son dinámicas posibles y eficientes como se ha demostrado reiteradamente en distintos países de la propia UE. Pero implican poner el foco más en los intereses generales y menos en los intereses de los mecanismos económicos imbricados y defendidos por el actual Gobierno de España.