La financiación de los partidos políticos, asociaciones empresariales y sindicatos ha sido la coartada perfecta de algunos espabilados para cometer todo tipo de tropelías. Además, el triunfo absoluto del PP, tanto en el Gobierno central como en las CCAA y Ayuntamientos más importantes, ha terminado por dar cobertura a la mayoría de los corruptos, al imposibilitar la constitución de comisiones de investigación, plenos monográficos y medidas anticorrupción, en sede parlamentaria. La situación se ha visto agravada porque estos hechos se producen en un contexto de crisis que se ha combatido con políticas de austeridad, copagos, privatizaciones y fuertes recortes en la inversión, pensiones, prestaciones sociales y salarios, que han producido un considerable incremento del desempleo y de la precariedad, así como una mayor desigualdad y altas cotas de pobreza que afecta a ciudadanos que hasta ahora se consideraban de clase media e, incluso, a los que actualmente tienen un empleo en precario y de baja remuneración. A ello hay que añadir la sensación de encubrimiento e impunidad por la lentitud de la justicia, la prescripción de delitos relacionados con la corrupción, el no cumplimiento integro de penas (Jaume Matas), así como por el apoyo descarado de los medios de comunicación afines, la mentira y la obstrucción de la justicia que emplean los corruptos como norma básica de su comportamiento.

Nadie duda de que algunos responsables políticos han antepuesto sus intereses personales y los de su propia organización a los intereses generales de la ciudadanía. Estos mismos responsables han llegado a la política con el ánimo de enriquecerse y lo han conseguido, recibiendo comisiones ilegales que han ofrecido empresarios sin escrúpulos a cambio de obtener un favor o una concesión de obra pública sin pasar por el filtro del concurso público. Para ello no han dudado, incluso, en utilizar las tramas organizadas para evadir el dinero negro a paraísos fiscales y para defraudar sistemáticamente a la Hacienda Pública.

Lo más lamentable es que han fallado estrepitosamente las personas en un contexto de pérdida de valores y relajamiento de la ética y de la moralidad como lo demuestra la eliminación de la asignatura Educación para la Ciudadanía y las apelaciones a la obtención desmesurada de riqueza por la vía más fácil, rápida y marcadamente especulativa. A ello han contribuido además las crecientes desigualdades entre ricos y pobres, la acrítica admiración por los mercados desregulados, el desdén por el sector público, el desarme fiscal y la quimera de un crecimiento sin límites.

Han fallado también los controles y la intervención de las cuentas públicas, sobre todo en las CCAA y Ayuntamientos donde se han producido la mayoría de los hechos delictivos, porque el poder político, en buena medida, ha desactivado la intervención de cuentas. Además, la judicatura ha puesto de manifiesto la falta total de medios humanos y su escasa capacidad técnica para oponerse con eficacia a organizaciones mafiosas relacionadas con la corrupción, el fraude fiscal y la economía sumergida.

Pero, sobre todo, han fallado los partidos políticos, las asociaciones empresariales e, incluso, los sindicatos (los mimbres de la democracia participativa). En definitiva, ha fallado la democracia interna y la participación activa de los afiliados de estas organizaciones, que no han denunciado estos escándalos y han permitido (y están permitiendo) que algunos responsables sigan ocupando cargos de responsabilidad cuando deberían estar en la cárcel.

Particularmente han fallado los órganos de control en el seguimiento de las personas con responsabilidad pública (servidores públicos): particularmente las comisiones de conflictos o de garantías. De la misma manera han fallado los órganos de control de los ingresos y gastos de una organización con financiación pública, al carecer estos órganos de la independencia necesaria para ejercer sus funciones.

En la práctica, las comisiones de conflictos o de garantías dependen del órgano ejecutivo (comisión ejecutiva y en concreto del presidente, secretario general o de organización); de la misma manera las comisiones revisoras de cuentas dependen también de los órganos de dirección y, en concreto, del tesorero o administrador y, por lo tanto, del presidente o secretario general, lo que, por ejemplo, desmiente la ignorancia alegada por los máximos responsables del PP en los casos de corrupción descubiertos (Bárcenas, Gürtel, sede del PP, sobresueldos en negro…).

En las actuales circunstancias, lo que está ocurriendo no es admisible y resulta verdaderamente intolerable. Los órganos de control deben ser órganos totalmente independientes y con capacidad de intervención en el ejercicio de sus competencias y deben contar con presupuesto propio y, en todo caso, con capacidad de auditar y bloquear las cuentas de una organización o expulsar a un afiliado o a un colectivo, si lo considera necesario, dando cuentas al Congreso (máximo órgano de la organización) de sus actuaciones, todo ello al margen de los controles externos y de la posibilidad de que se establezca un código deontológico general (Núñez Encabo) llevado a la práctica por un equipo de personas independientes y de reconocido prestigio con capacidad de intervenir y emitir resoluciones vinculantes y obligatorias para todos.

Especial rechazo tiene en las actuales circunstancias el comportamiento de algunos empresarios corruptos que pretenden por todos los medios subordinar el poder político a sus intereses inconfesables, contando para ello con el amiguismo, las privatizaciones, el fraude fiscal, la economía sumergida y el abuso sistemático de las normas de contratación laboral. No debemos olvidar que sin la existencia de empresas que sobornen al poder político para lucrarse no es posible que se produzca este tipo de corrupción. Por eso llama la atención que las asociaciones de empresarios (CEOE, CEPYME…) tampoco hayan denunciado estos problemas; más bien se han acostumbrado a convivir con la corrupción (algunos responsables están imputados) y a esperar que el Gobierno les haga el trabajo sucio (reforma laboral y reducción del impuesto de sociedades, entre otras medidas) en función de sus intereses corporativos. Atrás quedan las apelaciones a la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) y la ridícula y mal entendida apuesta por la Marca España, pretendiendo superar el desprestigio y las malas prácticas empresariales en su respuesta a la crisis.

Los sindicatos deben ser aún más exigentes en su comportamiento y ejemplaridad, porque defienden sobre todo los intereses de los trabajadores más débiles. Los escándalos de las tarjetas opacas están obligando a los sindicatos a revisar su participación en las instituciones y en los consejos de administración de empresas (que tiene como fin controlar y denunciar las conductas y prácticas inapropiadas), como ha puesto de manifiesto el Secretario General de CCOO. En este sentido, el código ético de UGT es determinante: La participación en consejos de administración y actividades institucionales en nombre del sindicato, a veces, lleva implícito la percepción económica de cuantías por dietas u otros conceptos. Estos ingresos pertenecen al sindicato o a la organización que se está representando tal y como regula la Normativa Interna (…).

El problema, por lo tanto, no se genera por la falta de normas. El problema se establece a la hora de cumplir el código ético y de fortalecer los órganos de control del sindicato, con todas las consecuencias, en base a los principios que justificaron el nacimiento de las primeras organizaciones obreras: elegir a los más preparados y honrados como responsables de las cuentas del sindicato y vigilarlos como si fueran auténticos ladrones.

En todo caso, el Gobierno y, particularmente, el PP tienen que asumir su responsabilidad ante el comportamiento lamentable de algunos de sus responsables y, sobre todo, el PP como organización debe revisar su financiación en negro. Los numerosos casos de corrupción, los incumplimientos de su programa electoral y los efectos adversos de su política económica y social son rechazados frontalmente por los ciudadanos. Las apelaciones al Perdón y al Tú Más no son soluciones válidas para resolver problemas de semejante envergadura, que requieren soluciones drásticas y excepcionales que pasan por la asunción de responsabilidades de los máximos dirigentes del PP, la renuncia a presentarse a las próximas elecciones y la dimisión de sus cargos actuales, como ha ocurrido con la Monarquía (abdicación, dimensión) y con la retirada de Rubalcaba (PSOE).

El no hacer nada servirá para muy poco, porque los electores terminarán por poner en su sitio a los partidos que no actúen para resolver los problemas derivados de la corrupción, como ya nos anuncian las encuestas elaboradas de cara a las próximas elecciones. La espectacular caída del bipartidismo (sobre todo del PP) y el avance de los movimientos emergentes (Podemos) son significativos y nos obliga a reflexionar a todos sobre los sorprendentes efectos electorales que puede producir una ciudadanía indignada que asiste asombrada a un verdadero expolio, que coincide, lo que es más grave, con casos de extrema pobreza.

La democracia no puede esperar y exige una profunda regeneración que dé paso a una nueva etapa donde se recupere la ilusión y la confianza en la clase política y en sus organizaciones. Para conseguirlo se necesita una decidida voluntad política y trabajar sin descanso para limpiar esta suciedad que lo impregna todo, dotando, entre otras cosas, de medios suficientes a la Justicia, a la Fiscalía Anticorrupción y a la Agencia Tributaria. Finalmente debemos afirmar, con absoluta convicción y a pesar de estos escándalos, que la gran mayoría de los servidores públicos son honrados. También debemos recordar, con la misma convicción, que todos los políticos no son iguales…, a pesar de que muchos así lo manifiestan de manera interesada.