Un procedimiento que consiste en que una persona (mujer u hombre) o una pareja (heterosexual u homosexual) encargan/alquilan los servicios de una mujer para que geste un niño, que debe ser entregado a los contratantes tras su nacimiento. Puede adoptar dos modalidades desde el punto de vista económico, los más habituales son los dispendiosos, pero también se han dado a título gratuito.

La maternidad subrogada se tornó verosímil con la emergencia de la fecundación ‘in vitro’ a finales de los años setenta del siglo pasado, resultando especialmente llamativos de aquellas fechas los casos de Kim Cotton, una mujer británica de 28 años que “alquilo” su útero en el año 1985, por lo que percibió una suma de 6.500 libras, o el de Pat Anthony, quien quedo imposibilitada para gestar tras el alumbramiento de su primer hijo, y su madre le cedió su útero y dio a luz al tiempo que a un “hijo” a un “nieto”. Muy destacado mediáticamente fue también en el año 1985 el conocido como caso “Baby-M” originado ante la negativa de una “madre de alquiler” de entregar a su hija recién nacida a la pareja con la que había suscrito un contrato de subrogación de esta naturaleza. Más recientemente los cantantes Ricky Martin, Miguel Bosé, Sarah Jessica Parker y la conocida baronesa Thyssen recurrieron a esta posibilidad y, en su mayor parte, fueron embarazos gemelares.

Sin embargo, en España, ya en la Ley 35/1988 ‘Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida’ se prohibía expresamente. Con posterioridad, en el mismo sentido, la ‘Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida’, vigente en la actualidad, dice que: “Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero” (Art.10.1), que “la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto”(Art. 10.2) y que “queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas generales (Art. 10.3). De igual modo el Parlamento Europeo se manifiesta contrario, de hecho en la resolución 16/3/1989 sobre fecundación in vitro se expresa que “toda forma de maternidad por sustitución debe ser rechazada” y en el punto 11 se sostiene que cualquier modalidad de maternidad bajo comisión debería ser prohibida y declarada punible la mediación comercial. En este mismo sentido, el artículo 21 del ‘Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina’ del año 1997 señala que “el cuerpo humano y sus partes como tales no deben ser objeto de lucro”.

Detrás de la normativa española y de las recomendaciones por parte de instituciones supranacionales europeas, que se posicionan en contra de esta práctica, subyace una determinada perspectiva que reconoce la dignidad del cuerpo como parte de la persona y la necesidad de asumir normas que impidan que nadie pueda comerciar con su capacidad para tener hijos o ceder los derechos y obligaciones sobre los mismos a terceros, aunque sean de su propia familia. Sin embargo, la visión anglosajona prioriza la autodeterminación del sujeto y la libertad de disposición del cuerpo, por lo que autoriza los contratos de maternidad subrogada, de ahí que en países como EEUU o Gran Bretaña sean una realidad.

Los argumentos a favor se sustentan fundamentalmente en cinco ideas: en que los derechos reproductivos deben ser los mismos tanto para los que procrean de forma natural como para los que necesitan un útero de alquiler; en que las mujeres son libres para decidir sobre sus cuerpos; en que este tipo de transacción no agrede la dignidad femenina, pues se trata de una decisión que adoptan las implicadas con total conocimiento; en que el pago que reciben por su “servicio” no debe ser considerado como un precio por la venta de un niño, sino como una compensación. Por último, en que gracias a esta técnica se da la opción a que vengan al mundo seres humanos, que nunca habrían tenido la oportunidad de nacer.

Los argumentos en contra se sustentan, por un lado en la perspectiva de que debemos considerar que los derechos reproductivos han de estar siempre limitados por los derechos de los demás y por los propios valores éticos y morales en los que se fundamentan las sociedades. Por otro lado, en la posibilidad de que el alquiler de úteros podría dar pie a utilizar este procedimiento cuando no existieran razones estrictamente biológicas que impidieran una gestación. En tercer lugar en la disyuntiva de si ¿es posible hablar de libertad en el caso de mujeres con graves problemas económicos que vean en la subrogación de sus úteros una salida a su situación? No en vano puede constar en Estados Unidos unos 100.000 dólares, de los cuales entre 25.000 y 30.000 son para la madre y el resto se destina al pago del seguro médico de la gestante, a los gastos ocasionados con el proceso de reproducción, a los honorarios destinados al abogado interviniente en el proceso y a la agencia de subrogación. En cuarto lugar, a la reflexión sobre si la maternidad subrogada vulnera la dignidad de la mujer gestante y del niño así nacido, ya que se instrumentaliza los cuerpos de las mujeres y objetualiza a vida humana. En quinto lugar, a que no debería ser susceptible comerciar con el cuerpo, pues quienes acuden al mercado para vender u ofrecer partes del mismo están en una condición de inferioridad y, en consecuencia, lleva asociada una explotación de los más desfavorecidos. En sexto lugar, a que podrían surgir problemas imprevistos como el precitado caso de “Baby-M” o en supuestos en los que los bebes nacieran con malformaciones y la persona o pareja contratantes se negarán a hacerse cargo del recién nacido. Finalmente, cabe destacar posibles conflictos en los integrantes de la unidad familiar de la madre subrogada como, por ejemplo, el impacto que tendría en los hijos previos de la gestante o en los abuelos y familiares más directos entregar a su nuevo “hermano”, “nieto” o “sobrino” a unas personas desconocidas.

La Iniciativa Legislativa Popular en favor de la maternidad subrogada obedece al sufrimiento experimentado por una pareja tras la pérdida de un hijo, pero más allá de los casos individuales, aunque sean humanamente dolorosos, y por tratarse de un tema de tanta complejidad cabe plantear algunas cuestiones: ¿es ética, moral y socialmente aceptable la subrogación de úteros?, ¿cosifica y objetualiza la vida humana este tipo de maternidad?, ¿es aceptable, máxime en tiempos de crisis como los que estamos padeciendo, comerciar con los cuerpos de las mujeres?, ¿es razonable ‘versus’ admisible a tenor de los niños que se encuentran en el mundo a la espera de ser adoptados?, ¿debemos permitir que la maternidad se convierta en un negocio, o hemos de mantenerla en una esfera personal y sensible, fuera de las fauces del mercado?, ¿se justifica que el Estado financie esta posibilidad técnica, garantizando el respecto a los valores sociales, a la sensibilidad común, sin que suponga un detrimento de recursos para el resto de los servicios médicos públicos?, ¿la prohibición de la maternidad subrogada involucra derechos reproductivos de sectores sociales concretos?…

Como vemos, muchas son las dudas, los interrogantes, las cuestiones éticas y morales derivadas de la subrogación de úteros, haciéndose necesario, en cualquier caso, antes de adoptar la decisión que fuere, un debate en profundidad, con participación de la sociedad en su conjunto, en donde se pusieran sobre la mesa sus riesgos y beneficios para la humanidad, pues lo que nos estamos jugando no es baladí.