No eran necesarios los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas para saber que lo que viene haciendo el PP desde el Gobierno no podía por menos que provocar el rechazo de una parte de sus votantes. Lo que, quizá, pueda sorprender es que todavía se estime en un 32,5 por 100 los que a estas alturas le seguirían votando, fenómeno cuya explicación más verosímil es que, aparte razones ideológicas, los efectos de la política de progresivo desmantelamiento de servicios públicos esenciales, de la incapacidad para disminuir la lacra del desempleo masivo y de los sistemáticos recortes de derechos y salarios de los trabajadores no afectan por igual, ni mucho menos, a los ciudadanos. Al contrario, el que entre el inicio de la crisis y el momento actual la franja de los situados en la parte media/alta y más alta de la sociedad, con todas las excepciones que se quiera, hayan ampliado su diferencia de riqueza respecto de la parte más baja, evidencia que el Gobierno, conscientemente, está beneficiando a sectores de la población, sin duda minoritarios pero poderosos.

Volviendo a las inquietudes de los dirigentes de nuestra derecha resultaría interesante conocer cómo piensan invertir el deterioro que les angustia. Entre sus esperanzas más repetidas está el que llaman “cambio de tendencia”, esto es, la ilusoria convicción de que se ha tocado fondo en la crisis y de que a partir de ahora lo que llegarán son buenas noticias. No vale perder el tiempo en polemizar sobre sus declaraciones acerca de que habrá “una mejora del bienestar, del empleo y del crecimiento en España”. Tampoco hay que sonrojarse por escucharles que, además del empleo y el crecimiento económico, su trío de prioridades incluye “la atención a los que más lo necesitan”. Lo que llama la atención es que, a la par de estas declaraciones, sigan imponiendo medidas que parecen inspiradas en el ensañamiento, precisamente contra quienes requieren una mayor protección del Estado y de lo público.

Sin ánimo de aburrir repitiendo la lista de decisiones recientes, que ponen de manifiesto el penoso nivel de sensibilidad social del PP, baste recordar lo que han aprobado respecto de las pensiones, del recorte al ya varias veces recortado presupuesto para la atención a las personas en situación de dependencia, o sobre el copago de los medicamentos hospitalarios para los enfermos crónicos. Sin olvidar los nuevos tijeretazos en el campo educativo, la enésima subida del coste de la luz o el saqueo a los bolsillos de los empleados públicos mediante la cuarta congelación de sus sueldos.

Hay que repetirlo, ¿cómo piensan alimentar la campaña para mejorar su imagen y recuperar votos? De entre las respuestas posibles cabe pensar que una de ellas podría ser emplear la técnica de repetir sistemáticamente frases engañosas en la confianza de que, a fuerza de escucharlas, haya gente que primero dude y después termine creyendo que encierran verdades. Por poner un sólo ejemplo está la reiteración de afirmaciones como las de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, cuando con frase solemne asegura que nunca más habrá congelación de las pensiones y que siempre subirán. O la de su Secretario de Estado, Tomás Burgos, cuando sentencia que con la reforma en curso se mantendrá el poder adquisitivo en el medio y en el largo plazo.

Sería importante una campaña explicativa a través de los grandes medios de comunicación donde, didácticamente, unos cuantos millones de españoles conocieran mejor el porqué con los parámetros de la fórmula con que piensa hacerse la revalorización de las pensiones lo único que se garantiza, año tras año y no se sabe durante cuanto tiempo, es la pérdida de su poder adquisitivo. Sencillamente porque los factores que considera –inflación, número de pensiones, situación de ingresos y gastos, efecto de la sustitución de la cuantía de las pensiones que causan baja respecto de las que ingresan en el sistema, y superávit o déficit de dicho sistema- hacen inexorable esa pérdida. La única variable -salvo una impensable creación de dos o tres millones de nuevos empleos en relativamente poco tiempo- para que con ese 0,25 por 100 que se comprometen a aplicar no generara pérdida, es que la inflación no superara ese porcentaje. Y de eso no hay memoria que haya ocurrido alguna vez en España. Al contrario, el mejor período es el correspondiente a los diez últimos años, cuyo resultado ha sido una inflación promedio del 2,5 por 100, es decir, diez veces más que ese mínimo con que piensan actualizarlas si no somos capaces de evitarlo.

A estas alturas empieza a ser una cuestión de supervivencia social trabajar para convencer a más personas de que esta derecha es la mayor desgracia que en democracia ha podido sucederle a la gran mayoría de los españoles.