En la recta final de la legislatura el Gobierno sigue manifestando, sin ningún rubor, que la economía está en fase de crecimiento y que, por consiguiente, se está creando empleo por encima de la media europea. En coherencia con estos criterios, se insiste en la bondad de su política económica y en la necesidad de continuar con ella porque, de lo contrario, “se puede venir todo abajo y volver al pasado que nos dejaron los socialistas, porque no hay otra alternativa económica posible en las actuales circunstancias”. Es un argumento muy simple; si se quiere muy primitivo, basado en el miedo y en medias verdades, pero, sin lugar a dudas, tremendamente eficaz para sus tradicionales votantes y para ciudadanos con miedo a perder lo poco que tienen. Por lo tanto, no puede resultar extraño que esté llamado a ser el eje de su campaña electoral, junto a la Unidad de España –como única alternativa al problema catalán- y su falsa, bochornosa y provocadora lucha contra la corrupción.

La publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA) del III trimestre (julio, agosto y septiembre) -además de la abusiva campaña de inauguraciones programadas con fines claramente electorales-, ha puesto en marcha toda la maquinaria propagandista y mediática del Gobierno al amparo de unos datos globalmente positivos -derivados de un año excepcionalmente bueno para el turismo-, pero que no resisten un análisis pormenorizado de lo que acontece en nuestro mercado de trabajo en materia de contratación laboral y despidos. La oposición política ha tardado en reaccionar y sus respuestas están siendo poco contundentes, ante los tremendos destrozos causados por la política económica y social del Gobierno (austeridad y ajustes), la reforma laboral (desregulación y pérdida de derechos laborales), la caída de la cobertura de los convenios (más de tres millones de trabajadores no tienen un convenio colectivo de referencia, según CCOO), el desplome de la protección por desempleo, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y, finalmente, el deterioro del empleo público.

En esta dirección cabe reforzar con datos globales la oposición al balance triunfalista (sin ningún fundamento) de esta legislatura en materia de empleo. Lo primero que hay que poner de manifiesto es que al finalizar el mandato del Gobierno, el número de activos (menos 235.100) y ocupados (menos 107.600) es inferior a los que dejó el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el número de inactivos superior (más de 234.100), bajando la tasa de actividad del 60,11% en el III trimestre de 2011 al 59,50% en el III trimestre de 2015. Por su parte, los datos de paro, aun siendo favorables, se deben, en buena medida, al efecto “desánimo”, al retorno de inmigrantes y a la emigración de los jóvenes; en todo caso, resultan irrelevantes (127.500 parados menos) en relación con las promesas electorales de Rajoy (Alberto Pérez, Fundación Altedia Creade). Unos resultados raquíticos para toda una legislatura (cuatro años) que, en ningún caso, justifican los tremendos recortes y sacrificios exigidos al conjunto de la ciudadanía…

Por otra parte, el desglose de los datos globales de la EPA del III trimestre confirman que el mercado de trabajo resulta marcadamente estacional, con contratos a tiempo parcial (15,23% de las personas ocupadas) -muchos de ellos involuntarios (65,4%)-, con salarios de pobreza y empleos de escasa calidad y poco protegidos (contratos a cero horas y a plena disposición del empresario), lo que ha terminado por consolidar el desempleo de muy larga duración (el 44,5%), así como el número de hogares con todos sus miembros en paro (1.572.900 millones) y sin ingresos (721.900).

De la misma manera, según UGT, ha quedado probado que la creación de empleo está asociada a la contratación temporal, que alcanza (en ascenso) el 26,15% de los asalariados, lo que confirma que la reforma laboral y las políticas del Gobierno han consolidado la dualidad de nuestro mercado de trabajo, a pesar de las promesas del Gobierno y de que la reforma laboral pretendía en su exposición de motivos eliminar la temporalidad. Además, resulta evidente que la ocupación está creciendo en base a sustituir contratos fijos y temporales a jornada completa, por contratos temporales y a tiempo parcial, lo que en la práctica significa convertir un contrato de trabajo en dos o tres contratos “basura” (mucho peor retribuidos y de peor calidad que los anteriores), como se comprueba al observar que el 32,27% de los contratos registrados de enero a septiembre de este año son temporales a tiempo parcial. Esto, junto a las bonificaciones a la Seguridad Social (SS), está teniendo una fuerte repercusión negativa en la Tesorería de la SS y en su Fondo de Reserva y afectará muy negativamente a las carreras profesionales de los jóvenes y, por lo tanto, a sus futuras pensiones.

La situación se agrava ante el desplome de la prestación por desempleo, que ha caído más de 20 puntos desde el año 2010 y se sitúa en el 54,49% del paro registrado en el pasado octubre (cerca de la mitad carecen de prestación). Por eso resulta temerario que se hayan endurecido los requisitos de acceso y disfrute a partir del año 2012 y que los PGE-2016 recorten en 5.000 millones de euros el capítulo relacionado con las prestaciones por desempleo, por la deriva ideológica del Gobierno que no ha dudado en criminalizar a los desempleados por apropiación del dinero público. El colectivo de jóvenes menores de 25 años (en busca del primer empleo) y los parados de larga duración son particularmente los más afectados por esta falta de protección social.

En relación con la promoción de los llamados Emprendedores, el Gobierno tampoco ha cubierto las mínimas expectativas -con crecimientos anuales ridículos del 0,30%-, al margen de que es un pobre recurso mediático y no un Plan de Choque contra el desempleo masivo. Es evidente que el Gobierno ha carecido de una política de empleo y lo ha fiado todo a ocurrencias y políticas de propaganda; por lo tanto, al margen de las políticas activas de empleo, la intervención de los servicios públicos de empleo en la colocación y el reciclaje profesional (la intermediación pública sólo interviene en el 2% de las contrataciones), los nuevos yacimientos de empleo y el diálogo social y la negociación colectiva.

Otro asunto a destacar tiene relación con las grandes diferencias en la tasa de paro de las CCAA. Concretamente Navarra (13,57%), La Rioja (13,59%) y el País Vasco (13,76) tienen tasas de paro muy bajas en relación con Andalucía (31,73%), Canarias (28,56%) y Extremadura (28,51%), lo que significa que entre Navarra y Andalucía (Norte-Sur) hay una diferencia de 18 puntos, a pesar de que en el Estado sólo existe una única legislación laboral. Por eso, estos datos tan dispares desautorizan las reformas del mercado laboral impuestas (a pesar de las vergonzosas declaraciones de Fátima Báñez alabando la reforma laboral) y, en cambio, ponen en valor la necesidad de cambiar nuestro modelo productivo y de dimensionar nuestras empresas. Debemos recordar que una economía moderna necesita una fuerte política industrial tecnológicamente avanzada, respaldada por una fuerte investigación y que sea capaz de superar la dependencia que tiene nuestro país del turismo, la agricultura y los servicios.

En definitiva, nos encontramos ante un problema de gran envergadura que no admite ningún tipo de frivolidades ni simplezas. Debemos recordar que el paro es nuestro principal problema, junto a un mercado de trabajo absolutamente degradado en materia de contratación, despidos, protección por desempleo, salarios y pensiones. Las consecuencias de todo ello tienen una relación directa con el intolerable aumento de las desigualdades, la pobreza (29,2% de la población) y la exclusión social, que deberían ser tratados con especial rigor en vísperas de una nueva confrontación electoral. Por eso, las apelaciones al crecimiento de nuestra economía, como condición imprescindible para repartir los beneficios que se generen (neoliberalismo), no son de recibo para los que están sufriendo las consecuencias de la crisis y demandan una solución inmediata a sus problemas, porque la redistribución de la riqueza no depende del crecimiento de la economía sino de la voluntad política del gobierno de turno (la riqueza siempre se puede repartir, al margen de su mayor o menor tamaño).

Tampoco son asumibles las dudas sobre el futuro de la reforma laboral y la recuperación de los derechos laborales y sociales eliminados por el Gobierno Rajoy (sólo cabe la derogación), así como las manifestaciones en contra de las ideas socialdemócratas, que defiende Jeremy Corbyn, al que se le señala como una persona heterodoxa, radical y poco adaptada al fenómeno de la globalización y, por lo tanto, incapaz de aportar nada nuevo a la causa de los más desfavorecidos. Menos edificantes resultan aún las manifestaciones favorables a Matteo Renzi (Italia) y Manuel Valls (Francia), a los que se han erigido, sin ningún fundamento, en referencia obligada para el socialismo español, a pesar de sus reiterados enfrentamientos con los sindicatos. Estos son los resultados de una serie de piruetas y saltos en el vacio encaminados a ocupar el centro político con expresiones ambiguas y, en todo caso, poco ilusionantes para los más afectados por la crisis: los jóvenes, los desempleados de larga duración y las personas en grave riesgo de exclusión social. Debemos estar atentos; porque, en el centro político, no cabemos todos.