Dos hechos acaecidos recientemente, e impuestos por una mayoría coyuntural en el Parlamento, han debilitado gravemente la libertad en España. El primero, es la entrada en vigor de una nueva ley de Seguridad Ciudadana que ataca directamente algunos derechos fundamentales que nos dimos con la Constitución del 78. El segundo, tiene que ver con la aprobación de una reforma del Código Penal que incorpora, en contra de lo que establece también nuestra Constitución, la autodenominada prisión permanente revisable, que no es otra cosa que la cadena perpetua. Y todo ellos, además, en un país con uno de los índices de seguridad ciudadana más altos del mundo.

 Ante estas dos terribles imposiciones del Gobierno, lo único positivo que se puede decir es que van a durar poco estas barbaridades, porque todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y las fuerzas emergentes con muchas posibilidades de tener numerosa representación, han llegado al acuerdo de modificar estas leyes después de las elecciones generales para ampliar nuevamente las avenidas de la libertad que hemos disfrutado los ciudadanos y que ahora se quieren cerrar.

Puede sonar un poco fuerte para algunas personas decir que la ley de seguridad ciudadana es una vuelta a un Estado policial, que nuestra historia ya había superado. Pero cómo llamar a la creación en el Ministerio del Interior un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana, y a la posibilidad de que las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana y cuenten con un cuerpo de policía propio, puedan crear sus propios registros de infracciones contra la seguridad ciudadana. Eso sí, en el artículo 43 de la Ley dicen, porque el buenismo impregna nuestras vidas, que todos estos registros se crean a efectos exclusivamente de “apreciar la reincidencia” en la comisión de infracciones tipificadas en esta Ley. No como creen algunos mal pensantes para criminalizar, controlar, señalar o perseguir. Y mucho menos, para discriminar porque eso está prohibido en el ordenamiento constitucional.

O cómo denominar al hecho de habilitar a la policía con unos poderes exagerados de inspección, retención, investigación, represión y sanción, mediante la penalización de ciertas conductas. Dando, además, tal valor probatorio a las declaraciones de los policías que se desplazan muchas garantías judiciales de los ciudadanos y se debilita la presunción de inocencia y el derecho a la defensa consagrados en nuestro ordenamiento.

¿Qué significa que será causa legítima suficiente para la entrada en un domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad? Que podrán entrar donde quieran alegando eso de “otros semejantes de extrema y urgente necesidad”.

¿Qué significa que se podrá requerir la identificación de las personas cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción, o cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito? Que bajo el paraguas de “indicios” todo cabe. Porque, ¿alguien cree que se respetarán “estrictamente los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico, sexo, religión o creencias, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”? La experiencia dice que no siempre o que en muchos casos no.

¿Qué significa que “podrá practicarse el registro corporal externo y superficial de la persona cuando existan indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que encomiendan las leyes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”? Pues que registrarán cuando quieran.

¿Qué significa que “la autoridad gubernativa y, en su caso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán proceder a la grabación de personas, lugares u objetos mediante cámaras de video-vigilancia fijas o móviles legalmente autorizadas? Pues que la policía te graba pero tú no puedes grabar. Se limita el derecho a la información y además no se podrán grabar posibles actuaciones negligentes de la policía, porque según la ley es una infracción grave recogida en el artículo 36 de la ley, apartado 23.

La mordaza nos ha caído y todos los españoles sí saben cómo ha sido. Por tanto, ante ese ataque en la línea de flotación constitucional, que reduce nuestras libertades y plantea como principal objetivo de las funciones de la policía la seguridad ciudadana y no el libre ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, hay que decir NO.

En democracia, el que no opina como tú puede protestar, y por eso no puede ni debe ser criminalizado ni perseguido. En Democracia protestar no es ilegal.