En el pasado 10 de febrero se han cumplido tres años desde la aprobación del RDL 3/ 2012 de medidas urgentes de reforma laboral, la descausalización de las modalidades de contratación y las causas de extinción de los contratos, así como la modificación de las condiciones de trabajo por parte de los empleadores y la desregulación de la negociación colectiva (la llamada reforma laboral), convertido posteriormente en ley 3/2012, de 6 de julio.

La reforma laboral por decreto justificó su urgencia y la dureza de sus medidas en la necesidad de abordar con rapidez una reforma en profundidad del mercado de trabajo, con el único objetivo de crear empleo y reducir considerablemente la precariedad (dualidad) de nuestro mercado de trabajo. En aquel entonces, el Gobierno hizo caso omiso de las críticas unánimes de la izquierda, de las fuertes movilizaciones de los sindicatos y del criterio desfavorable de muchos expertos laborales y de economía social. Todos manifestaron con rotundidad que la creación de empleo en absoluto dependía del mercado de trabajo y que, por el contrario, tenía mucho que ver con las injustas políticas de austeridad impuestas desde la UE y, en definitiva, con el crecimiento económico; el aumento del consumo; la competitividad de nuestra economía (tecnología, cualificación, organización del trabajo); así como con los costos empresariales (energía, transporte, financiación y servicios); el tamaño de las empresas; el aumento de las exportaciones; las políticas activas de empleo; y el modelo productivo, entre otras medidas.

A pesar de todo ello, durante los últimos tres años el Gobierno ha defendido la bondad de la reforma laboral. Lo mismo han hecho los defensores de las políticas neoliberales (OCDE, FMI, BCE, CE…), que han aplaudido la decisión y audacia del Gobierno en esta materia. Incluso, en estos momentos preelectorales, Rajoy presume del crecimiento económico y de los logros obtenidos en materia de empleo, argumentando, incomprensiblemente, que se deben a la eficacia de la reforma laboral emprendida.

Sin embargo, la realidad de los hechos refleja todo lo contrario. Con el actual Gobierno ha disminuido fuertemente la calidad de la democracia (ley mordaza, ataque a las libertades y al derecho de huelga, control de las TV públicas…) y, sobre todo, se han producido efectos devastadores en el empleo, los salarios, la precariedad del mercado de trabajo, la salud laboral, el Estado de Bienestar Social (sanidad, educación y servicios sociales) y la protección social (dependencia, desempleo y pensiones), que nos han situado a la cabeza de la UE en cotas de desigualdad y pobreza como no se conocían en nuestro país desde hace varias décadas.

Este es el resultado de la apuesta del Gobierno Rajoy (con la complicidad de llamativos silencios sociales) por aumentar la competitividad de nuestra economía en base a bajos salarios, baja protección social y altos índices de desempleo y de precariedad de nuestro mercado de trabajo. La globalización, la voracidad del capitalismo financiero y la revolución tecnológica en manos de los poderosos han hecho el resto, relegando a la centralidad del trabajo y a la propia democracia a un lugar secundario.

Por lo tanto, debemos manifestar, con total seguridad, que la reforma laboral (de marcado carácter ideológico) no ha creado empleo, ni ha reducido el paro y, en cambio, ha precarizado aún más el empleo, reducido los salarios (con indudable eficacia) y empeorado las relaciones laborales y la calidad de vida de los ciudadanos.

Según la última EPA, en España hay más de 5,4 millones de parados (casi el 24% de la población activa y más del 50% de los jóvenes) y el paro registrado en las oficinas de empleo, en enero de 2015, alcanza a 4.525.691 desempleados. Estos datos demuestran que, desde 2011 a 2014, hay 600.000 parados más, cerca de 1,1 millones de ocupados menos y se ha producido una reducción de medio millón de activos debido al efecto desánimo, al retorno de inmigrantes y a la emigración económica de los más jóvenes. A todo ello hay que añadir la extensión del paro de larga duración (hay más de 3,3 millones de desempleados que llevan más de un año en el desempleo, cuando en el año 2008 había sólo medio millón). Además, con el Gobierno del PP, han disminuido considerablemente los parados con algún tipo de prestación, pasando del 78,44% cubiertos en 2010 al 58,85% en la actualidad (20 puntos menos).

Al abuso de la contratación temporal, que se mantiene en el 24,2%, hay que añadir la tremenda rotación en el empleo y el aumento de la contratación a tiempo parcial que se situó por encima del 16% en el último trimestre de 2014. Lo más grave es que la contratación parcial involuntaria ha alcanzado el 62,7% frente al 35,5% del mismo trimestre de 2008. Como señala UGT, en los seis últimos años, la contratación a tiempo parcial involuntaria se ha duplicado, alcanzando a casi 1,6 millones de trabajadores ocupados con una muy baja remuneración y horas trabajadas no pagadas.

La desregulación laboral y la devaluación salarial (que es finalmente lo que se pretendía) discurre paralelamente con el alto desempleo; la elevada precariedad del mercado de trabajo; la fuerte reducción de las retribuciones de los empleados públicos y del SMI; así como con el desplome de la negociación colectiva (ultraactividad, descuelgue de un convenio y negativa relación de fuerzas de los sindicatos). En este sentido, los salarios negociados se han reducido considerablemente, de modo que los incrementos inferiores al 1% en los convenios han pasado de representar el 12% en 2010 a superar el 70% en 2013.

Todo ello ha reducido la renta disponible de las familias y la capacidad adquisitiva de los trabajadores que dependen de un salario y disminuido el peso de las rentas del trabajo en la renta nacional en beneficio de las rentas del capital.

Como se ha señalado anteriormente, la reforma laboral ha significado particularmente un duro golpe a la negociación colectiva y al equilibrio de las partes, que se ha puesto de manifiesto en el retraso de la firma de los convenios y en la menor cobertura de la negociación colectiva (trabajadores cubiertos por un convenio), a lo que hay que añadir la ausencia de cláusulas de revisión y de retornos salariales reales por los avances que se han producido por el aumento de la productividad, que han ido a parar exclusivamente a manos de los empresarios. Los datos de diciembre de 2014 confirman de manera fehaciente el retraso de los convenios. En esa fecha, 4.755.972 trabajadores tenían cerrado su convenio, mientras que en diciembre de 2011 lo tenían cerrado 6.267.425 trabajadores; dicho de otra manera, en materia de cobertura faltarían por cerrar -de acuerdo con el balance de la negociación colectiva de 2012- los convenios de 2014 que afectan al 52,91% de los trabajadores.

A pesar de los lamentables efectos de la reforma laboral (avalada sin razonamientos jurídicos constitucionales de peso por el propio Tribunal Constitucional), no se observa en los principales partidos de la oposición una determinación radical para eliminarla. Se habla de reformar la reforma laboral y de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, cuando lo que los trabajadores demandan es simplemente derogar (eliminar) la reforma laboral con todas las consecuencias, ante los considerables destrozos causados a los derechos de los trabajadores, a los sindicatos y al propio Derecho del Trabajo, después de muchos años de lucha de los trabajadores.

En este contexto, ¿a quién puede extrañar que en los próximos días el nuevo partido Podemos nos pueda anunciar que en su programa electoral se contemplará la derogación de la reforma laboral del PP, sin concesiones, matices y explicaciones innecesarias, como un asunto esencial de la política de cambio que preconiza?

Por su parte, los sindicatos, a pesar de ser golpeados por los efectos de una deplorable gestión de la crisis y por la nefasta reforma laboral mantienen una política basada en el diálogo social, convencidos de que es el mejor procedimiento para seguir defendiendo a los trabajadores. Sin embargo, su actitud pragmática y, en todo caso defensiva y encaminada a limitar daños, no siempre es compartida fácilmente por los trabajadores, que observan con frecuencia que sus sacrificios no tienen límites mientras que se favorecen los intereses de las empresas y del sector financiero y se siguen privatizando, por ejemplo, empresas en beneficios (una parte de AENA) y socializando empresas en pérdidas (Bankia, autopistas madrileñas…). Resulta una vez más evidente que, en estos momentos, los empresarios gozan de un poder absoluto en la empresa: se han superado los límites máximos de la desregulación laboral, reducida considerablemente la capacidad de presión de los sindicatos y devaluado seriamente la labor de la Inspección del Trabajo en las empresas. En este contexto, inevitablemente, el Acuerdo será de un alcance limitado y de difícil cumplimiento en las empresas ante la negativa relación de fuerzas de los sindicatos en los centros de trabajo.

Por eso, la previsible firma de un nuevo Acuerdo de referencia para la negociación colectiva de los próximos años -entre los interlocutores sociales- está suscitando muy poco interés en los trabajadores. Sin duda, todos sabemos que los sindicatos siguen sufriendo la presión del Gobierno, de los poderes fácticos y del Banco de España -al recomendar de nuevo moderación salarial-, a pesar de encontrarnos en un escenario económico en crecimiento. También la OCDE se afana en defender nuevamente el Contrato Único que sólo pretende reducir aún más el costo del despido para los trabajadores con un contrato indefinido, igualando a la baja la indemnización de los contratos indefinidos y temporales. Al mismo tiempo exige -con el subterfugio de evitar despidos-, una rápida reducción de salarios como respuesta a factores económicos adversos y mayores garantías de representatividad a los sindicatos.

Es una incógnita saber hasta cuándo el mundo del trabajo estará dispuesto a soportar semejantes atropellos. Si no se pone remedio a este estado de cosas, muchos trabajadores jóvenes estarán abocados en el futuro a convivir con la precariedad, los empleos basura y con carreras profesionales incompletas, a efectos del cobro de las pensiones, que nos sumergirá a todos en la inseguridad, el miedo y la incertidumbre.

¿Para responder a esta situación, qué ofrece la socialdemocracia europea? La contestación a esta simple pregunta le corresponde al PSOE. Cuanto antes lo haga, mucho mejor para todos…