En primer lugar, la jerarquía de la Iglesia Católica debería aceptar ya que no es el poder ni político ni legislativo. Su ámbito compete a sus fieles, a quienes puede adoctrinar, pero no al conjunto de la sociedad. Y mucho menos legislar. Actualmente, son los países musulmanes quienes tienen una imposición de la religión sobre las leyes, pero en España, en las democracias occidentales, la iglesia no ostenta la soberanía legislativa, afortunadamente. Además, se descubre la doble moral con la que actúan; no hay penalizaciones para los divorciados de élite (véase por ejemplo la Casa Real), o no condena como herejes a los múltiples corruptos, sinvergüenzas, abusadores, maltratadores, y un largo etcétera. Sinceramente, creo que los partidos políticos han dado un ejemplo de representación democrática no dejándose amedrentar por unas amenazas nada creíbles hoy día.
En segundo lugar, el Estado no impone: garantiza derechos. Cualquiera que oiga al PP opinando sobre este tema, da la impresión de que toda mujer, a partir de ahora, abortará, en lugar de ser madres. Nada más lejos de la realidad. Pero al Estado le compete regular que el aborto no sea un acto criminal, ni una concesión comprensiva, sino un derecho para que una mujer no pueda ser criminalizada. La obligación del Estado es garantizar la libertad de conciencia.
Algo importantísimo cuando se trata de la decisión más dura, difícil y traumática que puede vivir una mujer. Oyendo hablar con ligereza del aborto, parece que la mujer que decide abortar lo hace como si se tomara una copa de vino o se comprara unos zapatos. La frivolidad con la que se opina sobre tal decisión resulta alarmante. Bastante carga psicológica y traumática tiene la mujer que toma tal decisión y que es, ni más ni menos, que el resultado de un fracaso (bien personal, económico, físico, etc), como para sumarle la desprotección médica o las lagunas legislativas que la acusen como una criminal.
En tercer lugar, creo sinceramente que el conjunto mayoritario de la sociedad está viviendo esta modificación de la ley con absoluta normalidad. Llevamos ya años y años con una ley del aborto, y en este país no ha habido, por parte de los ciudadanos, ninguna alarma. Tampoco el PP ha planteado nunca la eliminación de la ley. Como ha sido habitual en la democracia española, la izquierda ha ido abriendo puertas a los derechos a los que el PP (y la derecha en su conjunto) se han negado sistemáticamente para luego aceptarlos, asumirlos e incluso practicarlos. Ahí está desde la primera ley del divorcio, el aborto, la ley de matrimonios homosexuales, etc. Lo que indica un nivel de madurez, respeto, tolerancia y comprensión de la sociedad española por delante de los debates demagógicos e interesados del PP.
En cuarto lugar, esta ley es mucho más que el aborto. Hay educación sexual, prevención, métodos anticonceptivos, regulación, conocimiento, sanidad,… Un conjunto completo de medidas para evitar llegar al fracaso de no desear tener un hijo. Pero, cuando la ley ponga en marcha toda la prevención y educación exijo que no haya hipocresía al respecto: alarma social, exageraciones de qué es lo que estudian los niños, qué pasa con los preservativos, no administrar la píldora del día después. Porque el PP ya ha comenzado a echarse las manos a la cabeza; por una parte exige educación sexual y prevención, pero por otra, critica todas las medidas que se ponen en marcha.
En quinto lugar, el asunto más polémico es el de las chicas de 16 años que puedan abortar sin consentimiento paterno. Es polémico. Sin duda. Y es comprensible que así lo sea. No voy a entrar en todo lo que se ha dicho a favor y en contra. Sólo mencionar una cuestión: si una chica de esa edad toma la decisión sin que sus padres lo sepan es un fracaso de relación familiar y fundamentalmente con los padres.
No es una decisión fácil. Pero tener un hijo a los 16 años condiciona toda la vida.
Tengo una hija. Personalmente, no puedo admitir ni aceptar que mi hija pudiera tomar esa decisión sin mi conocimiento. Si así lo hiciera, es que he fallado en mi capacidad de transmitir confianza, enseñanza y seguridad. Es evidente que hablamos de casos extremos, no de la generalización de las niñas de 16 años. En primer lugar, no todas se quedan embarazadas; en segundo lugar, la mayoría de las que se quedan hablan y confían en sus padres; por tanto, sólo quedan aquellas jóvenes que pueden tener conflictos familiares. ¿Y qué hacemos en ese caso? Porque lo más cómodo es mirar a otro lado, eludir la responsabilidad del Estado, dejar el conflicto a la familia, o, lo que es peor, que la chica busque métodos no adecuados para provocarse un aborto.
Sí, es una decisión polémica y difícil. Sin duda. Pero creo, sinceramente, que aportará más bien que mal al problema gravísimo de unas jóvenes en concreto que pueden sufrir el mayor trauma de sus vidas.
Y con todo, con la ley en la mano, nadie evitará que para una mujer sea una decisión tremenda. Así que, por favor, no frivolicen aquéllos que quieren imponer moralina en lugar de legalidad.