La mayoría de las familias españolas durante la primera mitad del siglo XX, salvo el paréntesis de la República, que adoptó medidas sociales y fomentó la igualdad entre hombres y mujeres, vivían bajo condiciones de supervivencia, en un contexto sociológico en donde la pobreza se heredaba de padres a hijos. La guerra civil trajo consigo, además de sufrimiento, miseria y hambre, la realidad de miles de niños que subsistían gracias a las cartillas de racionamiento y a los esfuerzos de sus padres por conseguir productos de primera necesidad de estraperlo, en lugares como la plaza de Atocha en Madrid. Las familias y los niños que residían en la España rural tuvieron mejor suerte, pues allí, al menos, tenían algunos alimentos básicos. La posguerra fue una etapa muy dura, el país fue poco a poco recomponiéndose de los altos costes que había supuesto el enfrentamiento armado, si bien veinte años después las condiciones y expectativas vitales de los españoles seguían siendo poco alentadoras (de ahí los tres millones y medio de ciudadanos que decidieron emprender la aventura de la emigración desde comienzos de los años sesenta hasta mediados de los setenta). Tampoco se articularon medidas efectivas de apoyo a las familias que favorecieran su bienestar. Más bien se impulsaron políticas familistas, como los Premios Nacionales de Natalidad a los que concurrían familias con un número tan extraordinario de hijos que, en ocasiones, sobrepasaban la veintena.

La democracia trajo consigo la libertad y el reconocimiento internacional de las potencialidades de un país que estaba avanzando a pasos de gigante. La confianza en sus posibilidades impulsó las inversiones y su desarrollo industrial, al tiempo que la población comenzó a vivir con unos niveles de bienestar nunca alcanzados en España. La llegada en el año 1982 del gobierno socialista y las medidas sociales que se acometieron supusieron avances notables en este sentido. Casi treinta años después, en plena crisis económica internacional, según se recoge en el Informe de la Infancia en España 2010-2011 de UNICEF, dos millones de niños (uno de cada cuatro) están en estos momentos en nuestro país en riesgo de pobreza relativa (24,1%). Además, la tasa de menores de 16 años en riesgo de pobreza se ha incrementado del 23,3% en 2009 al 24,5% en 2010, y la pobreza infantil se concentra sobre todo en las familias numerosas, en las monoparentales y en las de los inmigrantes. Dentro del contexto europeo, España se encuentra entre los países de la Unión Europea que se sitúa a la cabeza del ranking de mayores tasas de pobreza infantil, sólo superada por Rumanía, Bulgaria, Letonia e Italia. En situación muy distinta están Dinamarca, Suiza, Finlandia y Bélgica por debajo del 10%. En este contexto, en el citado Informe de UNICEF se valora negativamente que España, junto a Grecia ocupen el último lugar en la Unión Europea en gasto público en familia e infancia (0,7% del PIB), frente al 2,3% de la media europea, pues la reducción de la pobreza está estrechamente relacionada con los recursos disponibles, el diseño y la programación de las políticas sociales.

¿Qué hacer ante esta situación? El 6 de diciembre de 1990 España ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas, convirtiéndola en una norma en nuestro sistema jurídico y se comprometió a “asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar”. Es, por tanto, una prerrogativa legal, pero también un asunto de ética social.

Ahora bien no es una problemática que afecte con exclusividad al Gobierno Central, también las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos deben trabajar procurando dotar del máximo bienestar a los niños que viven en nuestro país. Asimismo involucra al poder judicial, al poder ejecutivo, a la ciudadanía en general y a los medios de comunicación, que desde la profesionalidad y la sensibilidad social deben informar sobre todas las cuestiones conectadas con sus condiciones de vida.

Un paso importante en este terreno podría significar la elaboración del “II Plan Estratégico Nacional para la Infancia y la Adolescencia” y, tal como plantea UNICEF, doblar la inversión en políticas sociales de infancia y familia, en particular, promover la adopción de un “Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza Infantil”.