Algunos de los principales resultados del Barómetro de diciembre del Centro de Investigaciones Sociológicas resultan ilustrativos para mostrar los principales problemas de los españoles y cómo y en qué sentido les está afectando la crisis económica.

En primer lugar, hay que destacar que la situación económica es calificada de mala/muy mala por el 87,2% de los entrevistados, al tiempo que no se prevén cambios de tendencia para el próximo año

En segundo lugar, partiendo del dato de que la tasa de paro asciende al 22,58% (la más alta en los países de la Unión Europea), que afecta a 5.273.600 personas, con un total de 1.575.000 hogares que tienen a todos sus miembros desempleados (Encuesta de Población Activa, Cuarto Trimestre 2011), no es de extrañar que para la inmensa mayoría de los entrevistados por el CIS los principales problemas que existen actualmente y que más les afectan personalmente sean el paro, y los de índole económica.

En tercer lugar, es preciso consignar que estas circunstancias están teniendo efectos en el día a día de los ciudadanos, de forma que necesidades básicas como las de alimentación y, especialmente, el gasto en energía o suministros en la vivienda (electricidad, gas, agua, etc) se han resentido. De hecho el 41,2% manifestó que, con el fin de ahorrar dinero habían cambiado sus costumbres en alimentación, y el 69,98% reducía costes en energía o suministros del hogar. ¡Y con una ola de frio siberiano que ha producido en lo que va del mes de febrero en toda Europa cerca de 600 muertos!

Por otro lado, ya en junio pasado una encuesta realizada por Intermon Oxfam en España concluía que el 5% de los españoles (dos millones trescientas cincuenta mil personas) pasaba hambre diariamente, que el 33% había cambiado su dieta por razones económicas y que el 26% no comía lo mismo que al comienzo de la crisis económica. Según datos de Cruz Roja Española, en cuatro años se ha incrementado sustancialmente el número de personas que utilizan su programa de alimentos. De un total de 22.213 en 2008, se pasó en 2009 a 514.355, en 2010 a 691.558 y en 2011 a 900.000.

Las familias monoparentales (en su mayor parte integradas por una madre con los hijos a su cargo), las familias numerosas, los hogares de personas mayores y, muy particularmente, los inmigrantes y sus familias son los que están resultando más afectados por las tendencias de acentuación de la pobreza y la exclusión social.

Según un estudio realizado por el “EAE Business School” y presentado el pasado mes de noviembre, el 47,1% de los inmigrantes se encuentran en una situación del alto riesgo social. Destacan las circunstancias vitales de los extranjeros no comunitarios, pues el 82% tiene dificultades para llegar a fin de mes y su renta media es 1,54 veces más baja que la de las familias autóctonas (6.647 euros al año frente a 10.297 respectivamente). Resulta también significativo que en contraste con el 84,8% de las familias españolas que tienen viviendas en propiedad, solo un 26,8% de los extranjeros no pertenecientes al espacio Schengen cuenten con viviendas propias, tasa que ha descendido en casi dos puntos desde el año 2008.

Junto a lo anterior, hay que señalar que en España el gasto en protección social en porcentaje del PIB es de los más bajos de la Unión Europea, ascendiendo, según datos relativos al año 2007 al 1,2% frente al 2,1% en el conjunto de los países de la Unión Europea (UE-15).

Ante esta situación es preciso promover las medidas necesarias para frenar la deriva perversa hacia una condición de “aciudadanía” a la que se ven abocados cada vez un número mayor de personas y familias que lo están perdiendo todo.