La meta de crear empleo debería anteponerse al propósito de reducir el déficit público en un plazo concreto, al ajuste en la inversión de las administraciones y a los requerimientos de rebajar impuestos. De hecho, el sentido común aconseja dirigir las conclusiones de la “comisión anti-crisis” hacia la capacitación de nuestro sistema productivo para generar empleo a buen ritmo y cuanto antes. En los cuatro puntos de la agenda: competitividad, modelo productivo, política fiscal y fluidez del crédito.

¿Por qué? Porque el paro es un drama en lo social y un cataclismo en lo económico. Un 20% de desempleo sostenido en el tiempo pondría a prueba nuestro limitado sistema de bienestar. Y un 40% de desempleo entre los jóvenes puede condenar a toda una generación a la precariedad laboral y a la exclusión social. Pero a quienes no convenzan los argumentos sociales debieran bastarles los propiamente económicos. Porque una cuarta parte de la población fuera del mercado de trabajo y de los circuitos de consumo-ahorro-inversión amenaza los cimientos mismos del sistema.

La búsqueda del pacto es un acierto, en lo político y en lo social. A los beneficios que traigan consigo las medidas pactadas debe sumarse el efecto estimulante que conlleva el consenso en términos de confianza y optimismo. La confianza es emprendimiento, es PIB y es empleo. Pero si el pacto no llega al Palacio de Zurbano o a la mesa del diálogo social, hay que actuar de igual manera, porque los parados no merecen el castigo de la inacción a cuenta del cálculo electoral del PP o de la codicia insensible de algunos portavoces empresariales.

El Gobierno ha propuesto medidas serias y eficaces para promover empleo de manera inmediata: la reedición del Plan E a través de los Ayuntamientos; mantener más de 30.000 millones de euros en ejecución de obra pública con colaboración privada; ventajas fiscales para estimular la rehabilitación de viviendas; un plan de rehabilitación y eficiencia energética en edificios públicos; préstamos directos del ICO para PYMES; ampliación del programa Turismo Senior; un plan para el desarrollo y la comercialización del vehículo eléctrico; la reducción de los plazos de pagos en la administración y en las relaciones comerciales…

Frente a estas medidas, el PP solo tiene un programa abierto y otro oculto. El abierto busca bloquear cualquier acuerdo mediante la exigencia de reducir impuestos, aun incurriendo en la contradicción de buscar también la reducción del déficit. El programa abierto equivale al experimento de Newton y su manzana. Rajoy limita su estrategia a esperar que el Gobierno de España le caiga a las manos como fruta madura gracias al recrudecimiento de la crisis y el paro. Le saldrá caro.

Otro reproche: ahora a los guardianes de la “ortodoxia”. Da igual que sus recetas estén en el origen mismo del desastre. Da lo mismo que sus argumentos hayan perdido la credibilidad entre los batacazos financieros, las empresas quebradas y las legiones de parados. De puro dogmáticos, son inasequibles al desaliento. ¿Banca pública? ¡Qué locura! ¿Una tasa a las transacciones financieras? ¡Qué herejía! ¿Equiparar nuestros impuestos a los de los países más desarrollados? ¡De ningún modo! Quizás si los parados fueran ellos…