Debería resultar obvio, pero no lo es. El objetivo prioritario en el debate electoral ante la cita del 20 de diciembre ha de ser la creación de empleos con derechos. Porque esta es la primera preocupación y la primera demanda de la ciudadanía española, según todos los estudios demoscópicos. Y porque este es el problema que se encuentra en la base de los demás problemas que angustian a millones de familias españolas, desde la desigualdad a la pobreza y la exclusión social.

Sin embargo, la actualidad política, incluso la actualidad económica de nuestro país se desarrolla por derroteros distintos, a veces justificados, pero otras veces no tanto. Desde la permanente teatralización secesionista en Cataluña hasta el sainete interno del Partido Popular, pasando por los futuros pactos entre unos y otros a cuenta de unas elecciones que aún no se han producido, y sobre unos programas que aún no se conocen.

Resulta comprensible, por tanto, la frustración de muchos ciudadanos que atienden las noticias cada día y solo escuchan declaraciones de unos y otros sobre asuntos que ni les conciernen ni les interesan.

La situación del empleo en nuestro país es dramática y, a pesar de la propaganda del Gobierno, los cuatro últimos años han contribuido a agravarla de una manera decisiva. Frente a toda la trompetería que despliega el Partido Popular, lo cierto es que hoy tenemos 300.000 parados más que en 2011 –EPA 2T 2011/15-, tenemos 425.000 ocupados menos, tenemos más paro de larga duración, tenemos más paro femenino, tenemos más trabajo a tiempo parcial involuntario, tenemos menos salario y tenemos menos cobertura pública para los parados.

Las políticas de empleo de la derecha no solo han fracasado en la creación de puestos de trabajo, sino que han provocado una precarización del empleo sin precedentes. La duración media de los contratos laborales en 2014 fue de 53 días, y el 25% no llegó a la semana. Menos de 8 de cada 100 contratos fueron indefinidos, y la mitad de estos lo eran discontinuos y a tiempo parcial. Tenemos el récord de contratación involuntaria a tiempo parcial. Más de tres millones de horas extraordinarias se trabajan cada semana sin retribución. Y los niveles salariales han retrocedido más de 30 años. 2,5 millones de trabajadores viven bajo los umbrales de la pobreza y 3,7 millones de parados EPA no reciben prestación pública.

El Gobierno intenta convencernos de que la precariedad laboral es un daño colateral inevitable en una economía globalizada, donde gobiernos y empresas se ven obligados a competir recortando salarios y derechos sociales. Sin embargo, es mentira. Las economías más dinámicas y exitosas no compiten empobreciendo a sus trabajadores, sino invirtiendo en formación, en investigación y en innovación. La precarización laboral no es una condición del modelo económico vigente, sino una opción ideológica de la derecha que gobierna es España.

En consecuencia, la primera prioridad de un Gobierno reformista y de progreso en España habrá de incluir la derogación de la reforma laboral del PP, la negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que invierta el proceso de precarización en nuestro mercado  laboral, y la instauración de un modelo económico competitivo que tenga como objetivo principal la creación de empleos con derechos.

Resulta imprescindible tomarse en serio de una vez las políticas activas de empleo, desde la formación profesional hasta la modernización de los hoy inoperantes servicios públicos de empleo. Es preciso sectorializar las medidas orientadas a mejorar la empleabilidad de los colectivos con más dificultades, desde los jóvenes a las mujeres, pasando por los mayores de 45 años y los parados de más larga duración.

Es obligado también desarrollar estrategias de lucha contra la explotación laboral, perfeccionando la normativa y reforzando la hoy debilitada inspección de trabajo. Hay que simplificar el régimen de contratos, reduciendo las categorías a solo tres: los indefinidos como regla general, los temporales como excepción, y los formativos, solo para formar.

También es necesario elevar el salario mínimo que sirve de referencia para los ingresos de millones de trabajadores. La Carta Social europea nos insta a alcanzar cuanto antes el 60% del salario medio. Y hay que dignificar las políticas de cobertura social a los parados, porque hoy, con más parados y más pobreza que en 2011, se ha recortado esta partida de gasto en más de 12.000 millones de euros.

Con todo respeto a los desahogos mediáticos de Montoro y al enésimo montaje teatral de Mas y Junqueras, los ciudadanos a los que nos debemos esperan que hablemos de algo importante, para variar.