Por supuesto esto viene de antiguo, desde que en 2001 Madrid asumiese las transferencias todos los pasos que ha dado el gobierno del PP han ido hacia la privatización del sistema sanitario público, y se trata de una apuesta estratégica e ideológica. Estratégica porque entra dentro del proyecto de eliminación de los servicios públicos, del adelgazamiento del Estado que pretende el neoliberalismo `para ampliar su campo de negocios (la sanidad es un campo económicamente muy importante para dejarlo en manos del Estado), e ideológico porque sus proyectos de sustentan en pura ideología sin ninguna evidencias empírica: ni el mercado es más eficiente para proveer servicios sanitarios, sino todo lo contrario, ni mejora la salud de la población (favorece las desigualdades y la exclusiones) y ni siquiera la gestión privada y todos sus artefactos (concesiones, PFI, etc) han demostrado disminuir los costes (más bien los multiplican por 7 u 8), mejorar la eficacia y calidad de los servicios sanitarios (habitualmente empeoran), y a la vez deterioran las condiciones laborales y de la practica profesional de los sanitarios.

Cuando se inició el proceso se veía venir hacia dónde avanzábamos y ya lo señalamos desde la FADSP en ese momento, desgraciadamente acertamos y ahora aparece la realidad con casi toda su crudeza, porque todavía quedan centros por privatizar y el ataque que se hace a la primaria esta dando sus primeros pasos.

Por suerte, está habiendo una contestación importante entre los profesionales sanitarios y entre la población, porque resulta incomprensible por ejemplo el caso de la Princesa, un gran centro hospitalario, lleno de servicios de referencia, de profesionales, tecnología y equipamientos punteros que pretenden tirarse a la basura solo para favorecer los intereses de los dueños de los hospitales privados a los que no quieren ir los madrileños y a los que se pretende que se queden sin otra opción, Y lo mismo sucede con los hospitales semiprivados, que después de haber despilfarrado el dinero para financiar a las constructoras, ahora se quieren dejar en manos totalmente privadas, deteriorando aún más su calidad y su capacidad de responder a las necesidades asistenciales de la ciudadanía.

Queda claro que la política del PP es poner impuestos sobre la enfermedad (copagos) a los más pobres y más enfermos para sufragar los negocios empresariales de algunos amigos y de paso destruyendo el mejor sistema sanitario que hemos tenido en este país y que tenía un gran aprecio de la población y de los profesionales y un gran reconocimiento internacional. No debemos de consentirlo