Con la excusa de garantizar el abastecimiento del agua y su calidad, la Asamblea de Madrid, con los únicos votos del Partido Popular, aprobó la captación externa de recursos económicos convirtiendo la empresa pública en una sociedad anónima y dando la posibilidad de comprar acciones a ciudadanos e inversores, lo que significará la entrada de empresas privadas en Canal de Isabel II.

Hace unos días, conocíamos la intención del Ayuntamiento de Madrid de destinar más de la mitad del presupuesto que maneja la Concejalía de Medio Ambiente, -es decir, dinero público- a beneficio de la empresa privada que se quede con el Canal de Isabel II. Así, de los 54,6 millones de euros previstos en las cuentas municipales para 2012, 28,1 se asignarán a la mejora de infraestructuras hidráulicas y recuperación de aguas que, a buen seguro, serán rentabilizadas por el futuro propietario del Canal.

Lejos de ser “una oportunidad para que todos los madrileños puedan ser dueños de su empresa de agua”, como afirmó en su día Esperanza Aguirre, la venta del Canal supone la entrega a las multinacionales de una empresa pública valorada en CUATRO MIL MILLONES DE EUROS, con más de ciento cincuenta años de historia, que tiene unos beneficios de SESENTA MILLONES DE EUROS anuales y que da empleo a más de dos mil doscientos trabajadores. Las consecuencias de poner en manos privadaas el Canal de Isabel II podrían ser varias (y ninguna positiva): un aumento de los precios, una disminución de las inversiones en el servicio y con ello de la calidad del agua, el fin de campañas de ahorro de agua por ser incompatibles con las lógicas mercantilistas de una empresa y la reducción de ingresos de la Comunidad de Madrid… Distintas asambleas populares de varias zonas de la Comunidad de Madrid han alertado, incluso, que la venta del Canal, al conllevar “la enajenación de grandes extensiones de terrenos, embalses y caminos puede suponer la limitación del acceso a importantes zonas de la sierra”.

La conversión del Canal en una entidad con ánimo comercial se impulsa con la llegada del Partido Popular al Consistorio, cuando se crean distintas sociedades participadas por ésta y se empiezan a externalizar servicios, pero es en 2002 cuando se consolida un sistema de gestión empresarial de la empresa pública. Es en este año cuando se crea un grupo empresarial de carácter mercantil, formado por unas treinta y cinco empresas, una parte importante de las cuales tiene accionariado privado.

El proceso de privatización del agua madrileña constituye un caso más de los casos que, desde finales de los años ochenta, se están llevando a cabo de forma casi idéntica en todo el mundo. El mercado del agua es muy codiciado por las grandes empresas transnacionales al ser un monopolio natural, donde no existe competencia ni riesgo, con clientes fijos, con altas tasas de ganancia y con liquidez inmediata. Esto, unido a la cada vez mayor escasez de agua en el mundo, hace más apetecible la inversión privada y la búsqueda de beneficios. Así, John Bastin, del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, una institución dedicada a la financiación de bancos, empresas, Administraciones públicas y al apoyo a la privatización de empresas públicas, declaró que “el agua es la última frontera en infraestructuras que les queda a los inversores privados”.

En París, en 1985, la empresa Suez se hizo con la concesión de la distribución del agua y tras quince años de gestión privada, el Ayuntamiento parisino decidió recuperarla. La gestión pública ha hecho descender las tarifas y mejorar el servicio por una razón muy sencilla: los beneficios que se obtienen del suministro de agua se reinvierten en este servicio en lugar de utilizarse en pagar dividendos de accionistas y de engordar el arca de multinacionales. El ejemplo de Berlín es quizás el que más nos puede ayudar a comprender qué supone la eventual privatización del agua y las consecuencias que puede tener para Madrid la venta del Canal de Isabel II. En 1999, el gobierno berlinés realizó unos planes similares a los previstos por la Comunidad de Madrid. Los resultados del negocio no se hicieron esperar y, en cinco años, los beneficios de las empresas que asumieron la gestión del agua en la capital alemana han alcanzado casi los quinientos millones de euros, las tarifas han aumentado considerablemente y la calidad del agua ha disminuido. Además, se produjeron más de dos mil despidos y muchos contratos fijos pasaron a ser eventuales y temporales. ¿Es esto lo que pretende la Comunidad de Madrid?