Existen dos grandes modelos en el debate sobre el tratamiento de este fenómeno, que encuentran adeptos furibundos y detractores igual de radicales, tanto en la izquierda como en la derecha, en un ejercicio un tanto insólito de transversalidad. Por una parte están los “abolicionistas”, que se apoyan en argumentos morales y basados en los derechos humanos, para exigir medidas que conduzcan al fin de la prostitución, como actividad que denigra la dignidad de la mujer y reproduce el sometimiento histórico del género femenino al masculino. La inmensa mayoría de quienes ejercen la prostitución, arguyen, son mujeres extorsionadas por mafias que trafican con seres humanos.

Por otra parte están los “regulacionistas”, que aducen la razón práctica de la experiencia para reclamar unas normas de funcionamiento garantista para una actividad que ha existido, que existe y que existirá mientras haya quien esté dispuesto a pagar por un servicio sexual y mientras haya quien esté dispuesto a proporcionar ese servicio a un precio convenido. Hagamos, pues, proponen, que esta actividad inevitable se ejerza en las mejores condiciones para los trabajadores del sexo, para sus clientes y para el resto de la sociedad, que no debe sufrir las consecuencias negativas de su práctica en lugares o momentos que resulten molestos.

Hemos de reconocer que ambos planteamientos están basados en razones a tener en cuenta, si bien existe un elemento en la primera de las posiciones que busca (y no sé si logra) la deslegitimación de la segunda. Me explico. Si aceptamos como cierta la aseveración de que la inmensa mayoría de quienes ejercen la prostitución no lo hacen libremente, sino impelidos por una extorsión ilegítima y punible, el modelo “regulacionista” resulta difícil de defender. No obstante, lo seguidores de esta última posición, sin negar la existencia evidente y perseguible de proxenetas y redes de tráfico de mujeres, defienden que al tiempo sigue habiendo personas que optan sin presión alguna por esta actividad.

En cualquier caso, la actitud rechazable de plano es la puramente hipócrita. Es la actitud de quien en una página del periódico se escandaliza por la falta de principios morales en la compra-venta de seres humanos, mientras en otra página alimenta la caja registradora anunciando “chochos a estrenar”. Es la actitud de quienes exigen de las instituciones que “limpien” su barrio de gentes de mal vivir, pero ni saben ni preguntan qué ocurre con esas gentes cuando las desplazan a otro barrio o cuando “malviven” bajo cubierto. Por no hablar del ejército de inanes (en su mayoría hombres) que mantienen engrasado el negocio del consumo de carne humana, cuanto más exótica mejor, aún conociendo que, en la mayoría de los casos, esa carne pertenece a un alma secuestrada y violentada.

Aún siendo difícil definirse, sin incurrir en error y sin ofender a alguien, arriesgaré un criterio triple para afrontar el problema. Primero, intensifiquemos la persecución de las redes que trafican con seres humanos para explotarlos. Si hemos sabido asfixiar las redes terroristas, podremos también con estas. Segundo, generalicemos las iniciativas sociales como estímulo y garantía para arrebatar a las víctimas de las garras de la marginalidad prostituida. Y tercero, allí donde se compruebe fehacientemente que tan solo existe una transacción comercial entre personas mayores de edad y de voluntad libre, establezcamos unas normas mínimas para asegurar que nadie salga perjudicado. ¿Podría valer?