A este nuevo enfrentamiento ha contribuido, no sólo la falta de respuesta a las reivindicaciones sindicales que motivaron la huelga; han influido también y sobre todo, las recientes medidas unilaterales y regresivas tomadas por el gobierno al secundar sin contestación las nuevas presiones del sistema financiero europeo (bancos alemanes y franceses) exigiendo el pago de la deuda generada en los llamados países periféricos.

Conviene recordar que desde la pasada huelga general no se han celebrado encuentros al máximo nivel entre el gobierno y los sindicatos (sólo se ha celebrado una reunión de segundo nivel sin resultados en el ministerio de trabajo) y, por lo tanto, se mantiene el divorcio, sin ningún vestigio de arreglo- a pesar del cambio de gobierno y del descalabro electoral de Cataluña-, lo que pone nuevamente en entredicho el discurso socialdemócrata del actual gobierno, hipotecado, una vez más, por su área económica firme defensora de las políticas más conservadoras. Todo ello deja sin capacidad de maniobra, y en una situación verdaderamente lamentable, al propio ministro de trabajo.

Además de ello, la relación entre los interlocutores sociales también sigue paralizada por la crisis de liderazgo vigente en la CEOE, después del fiasco de Díaz Ferrán. El resultado no es otro que el considerable retraso de la negociación colectiva y la parálisis de las conversaciones para la reforma de la negociación colectiva, tal como se contempla en la reforma laboral, y por prolongación la ausencia de diálogo social, lo que resulta inexplicable y contraproducente en tiempos de crisis.

Ante esta situación, los sindicatos se muestran cada vez más firmes y contundentes en defensa de las posiciones que respaldaron la huelga y no descartan nuevas movilizaciones en el mes de enero coincidiendo con la reforma de las pensiones. Plantean al gobierno eliminar los puntos más regresivos de la reforma laboral (los primeros resultados desacreditan los objetivos de la reforma: está aumentando el desempleo y la precariedad se ha incrementado 7 décimas desde que se puso en marcha); rechazan la congelación y la reforma regresiva de las pensiones anunciada por el gobierno; exigen mantener la prestación social por desempleo (a comienzos del año 2011, en torno a dos millones de desempleados se encontrarán sin prestación al eliminar el gobierno los 426 euros del PRODI); pretenden recuperar el acuerdo de los empleados públicos, firmado en el año 2009; reivindican elevar el SMI a 800 euros en esta legislatura; reafirman su apuesta por una política económica y social que tenga como prioridad la creación de empleo; y, finalmente, exigen la búsqueda de un nuevo modelo productivo que consolide en nuestro país un crecimiento económico más sostenible.

Además, los sindicatos se afanan en poner en valor las exigencias de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), al constatar que la solución a nuestros problemas tiene mucho que ver con las decisiones que se toman en la UE. Efectivamente, Europa debe desempeñar más eficazmente su papel proporcionando a los estados miembros los instrumentos más adecuados para luchar contra la crisis y los desequilibrios económicos y sociales que la han provocado. En este sentido se pretende, entre otras medidas, impulsar:

– Una política de estímulo europea en forma de transferencias para inversión hacia los estados miembros que les ayude a salir de la recesión y a financiar su deuda, en detrimento de una política de severa austeridad que destruirá más empleos sin conseguir los resultados esperados en la reducción del déficit y el pago de la deuda.

– Un bono europeo que supere la división de la deuda por países y ayude a que todos los estados solidariamente hagan frente a la irracionalidad los mercados financieros, evitando así el abuso y la especulación.

– Erradicar los paraísos fiscales y aplicar un impuesto europeo a las transacciones financieras (coincidiendo con ATTAC) que fomente la cooperación a nivel europeo y financie el Bono de Crecimiento Europeo, lo que hará que los causantes de la crisis contribuyan a salir de la misma.

– El fortalecimiento de una política económica y social más justa y razonable, que evite la competencia desleal en el mercado interno en base al trabajo en precario, los bajos salarios y el dumping social.

Los sindicatos también son conscientes de los problemas que genera un déficit público excesivo (por encima de dos dígitos), y el elevado costo de la deuda, sobre todo en los países periféricos. Sin embargo, los sindicatos plantean que eso se puede combatir más eficazmente en base a un mayor crecimiento económico, lo que requiere reformar el sistema financiero con el propósito de garantizar créditos a familias y PYMES que, tarde o temprano, terminarán por generar nuevos ingresos fiscales. Ello, evidentemente, resulta incompatible con mayores recortes en la inversión y en políticas sociales, porque, además de ser injustas, frenan el consumo interno y finalmente el empleo, además de producir un aumento de la pobreza (Naciones Unidas contabiliza 80 millones de pobres en la UE) y de las desigualdades sociales.

Por otra parte, la consecución del equilibrio fiscal debe contemplar también una reforma fiscal en profundidad (según la OCDE la presión fiscal en España se ha desplomado en medio de la crisis; El País, 16- 12- 2010) que incida más en los impuestos directos que en los indirectos, penalizando a los que tienen mayores ingresos. Además, se deben recuperar impuestos (por ejemplo, el de patrimonio), gravar los grandes dividendos, revisar las bonificaciones fiscales y a la seguridad social, así como potenciar más la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, particularmente elevada (en torno al 20%) en nuestro país.

No debemos olvidar que el déficit es producto de la recesión y no de los estímulos fiscales y que el problema, más que de liquidez, es de solvencia. Por eso, las fuerzas del mercado exigen reducir la deuda- sobre todo la deuda privada derivada de la burbuja inmobiliaria-, pero también exigen un mayor crecimiento de la economía y una política de empleo eficaz, que nos sitúe en torno a la media europea, que es lo que nos sacará definitivamente de la crisis.

En este sentido, la evolución insaciable de los mercados en una carrera desenfrenada hacia el abismo social- a pesar de las medidas aprobadas por el gobierno español-, es significativa y avala las denuncias que vienen haciendo los sindicatos y las fuerzas progresistas sobre el aprovechamiento que se está haciendo de la crisis para- impartiendo ideología- imponer los postulados más rancios de las políticas neoliberales. Dicho de otra manera, no sólo se pretende reducir el déficit y la deuda; también se quiere debilitar al estado de bienestar social, la negociación colectiva y, por prolongación, a los sindicatos, como se viene poniendo de manifiesto, sobre todo por el gobernador del Banco de España, a través de declaraciones sobre la reforma laboral y pensiones que -sin ser de su competencia- resultan cínicas, provocativas y carentes de rigor y fundamento.

A pesar de la gravedad de esta situación, la respuesta sindical está siendo razonable y sumamente moderada y contrasta con las fuertes movilizaciones llevadas a cabo en Grecia (8 huelgas generales), Francia, Irlanda, e Inglaterra. También contrasta con la actitud del gobierno, que ha olvidado sus orígenes y su razón de ser y, además, quienes son sus aliados. Por lo tanto, no estamos sólo ante un conflicto gobierno- sindicatos. Estamos ante un problema político que exige una respuesta convincente a la pregunta: ¿gobernar para qué? Porque el gobierno está demostrando una manifiesta incapacidad para hacer compatible la salida de la crisis y la defensa de los intereses de los más desfavorecidos, al aceptar el dictado de los mercados. Y eso, para un partido que se llama socialdemócrata, resulta un contrasentido. Porque, si han fracasado las políticas neoliberales al ser las causantes de la crisis, ¿a que esperan los partidos socialdemócratas para reaccionar? Por eso no es de extrañar que en Europa aparezcan nuevos movimientos a la izquierda de la socialdemocracia- en base a los jóvenes y a los “verdes renovados”-, con planteamientos que pretenden, de entrada, generar ilusión y recuperar el protagonismo de la política.

En todo caso, la respuesta sindical representa también una señal de alarma sobre nuestro modelo de sociedad, donde se da escasa relevancia a los principios y valores éticos, se asume como natural la falta de debate sobre las ideas progresistas, que hicieron posible el estado de bienestar social, y se magnifica el poder mediático que termina condicionando la forma de hacer política. Ello explica la paradoja de que los empresarios y el Banco de España, así como dirigentes de las instituciones europeas- Rompuy y Trichet- apoyan al gobierno Zapatero y aplauden sus medidas; por el contrario, los sindicatos y la oposición de izquierdas le critican con argumentos antagónicos de carácter económico y social. Finalmente, no deja de ser insólito que el discurso populista e interesado del principal partido de la oposición coincida con los sindicatos en la oposición a diversos recortes sociales… No cabe mayor cinismo.

Esta situación no hay quien la entienda. No es de extrañar que los ciudadanos, a pesar del miedo a la crisis, recurran al pataleo ante los reiterados atropellos que se están cometiendo con los más débiles. Es el momento de la política… y de la democracia.