España sólo ha modificado dos veces su Constitución. La Reforma (que así se llama el instrumento normativo que revisa la Constitución) de 27 de agosto de 1992 modificó el artículo 13 para incluir el derecho de sufragio activo de los extranjeros en elecciones municipales (exigencias del Tratado de Maastricht) y la controvertida Reforma de 27 de septiembre que modificó el artículo 135 para fijar los principios de estabilidad presupuestaria (exigencias de los mercados o, al menos, para calmar su voracidad). Con estos antecedentes es bueno preguntarse en estos momentos por la necesidad o conveniencia de efectuar una reforma extensa de la Constitución. Es lo que vamos a hacer a lo largo de varios artículos donde examinaremos todo el contenido del texto constitucional, cómo se han aplicado sus diversos Títulos y Capítulos, la dimensión política de unos y otros, su problemática jurídica y las posibles líneas de reforma.

Antes de examinar cada parte de la Constitución y antes también de recordar el procedimiento jurídico de reforma es preciso formular la pregunta central de este problema: ¿hay que reformar la Constitución? Adelantemos la respuesta: en 2014 es necesario reformar la Constitución de 1978.

Es necesario reformar la Constitución por tres motivos:

I) Las Constituciones, como el resto de las normas jurídicas, “envejecen” por el transcurso de los años.

II) Las Constituciones, cuando se aprueban, dejan ab initio sin resolver problemas políticos y cuestiones jurídicas que el poder constituyente prefiere no resolver para evitar otros motivos de confrontación.

III) La dinámica independentista de Cataluña exige no sólo buscar un nuevo acuerdo con esa Comunidad Autónoma sino un nuevo modelo territorial.

I) Las Constituciones, como el resto de las normas jurídicas, envejecen por el transcurso de los años.

El constitucionalista alemán Hans Peter Schneider escribió que el objetivo de una Constitución no consiste en crear una situación constitucional sustraída a todo cambio (Democracia y Constitución, Madrid, 1991) y la idea está bien tomada porque la Constitución no es ajena a la dinámica política y social de una nación. En España desde 1978 se ha transformado el sistema de partidos, el ejercicio de los derechos y libertades también ha variado y hay (inevitablemente) presiones para reducir el alcance de lagunas de las cláusulas más progresistas del modelo (prestaciones del Estados social, imposición de reformas electorales sin consenso, ampliación de elementos confesionales del Estado). Además, se empieza a regular el matrimonio sin la exigencia de diversidad de sexos y la Unión Europea es una extraña Potencia con moneda propia que ha absorbido muchas competencias estatales. Todos estos temas han de contemplarse en la Constitución si no queremos que éste sea una norma jurídica cada vez más alejada de la dinámica de la sociedad española. Por consiguiente, hay adaptar la Constitución a la realidad de 2014 para preservar sus elementos esenciales.

II) Las Constituciones, cuando se aprueban, dejan ab initio sin resolver problemas políticos y cuestiones jurídicas que el poder constituyente prefiere no resolver para evitar otras confrontaciones.

Decía James Bryce que entre quienes han de manejar una Constitución nace un sentido capaz de discernir lo que la Constitución permite y no permite (Constituciones flexibles y Constituciones rígidas, Madrid, 1988). Ese sentimiento es tanto más fuerte cuanto en la vida política de un pueblo hay situaciones que constituyen una exigencia social que la Constitución no abordó adecuadamente por mantener el consenso entre los partidos del pacto constituyente. En España tenemos bien a la vista el tema del aborto pero también el contenido esencial de derecho a la educación y el encaje de una segunda Cámara, el Senado, que todo el mundo sabía que una órgano de escasa utilidad. Todo eso se sabía en 1978 pero los acuerdos políticos que pudieran integrar al máximo de partidos impidieron llegar a una regulaciónmás adecuada.

III) La dinámica independentista de Cataluña exige no sólo buscar un nuevo acuerdo con esa Comunidad Autónoma sino un nuevo modelo territorial. No hace falta mucha clarividencia para entender que hay que plantear una reforma constitucional que reforme el modelo territorial vigente, con dos objetivos concéntricos: el más interno ha de plantear un modelo de autonomía de Cataluña que corte la dinámica independista de Esquerra y CiU sin reducir los elementos básicos de la unidad nacional española. El segundo objetivo, externo al primero, ha de ser la completa reforma del modelo territorial. Reforma no quiere decir aumento o aminoración de las competencias autonómicas sino reordenación de las mismas y clarificación conceptual, lo que comportará un trasvase de competencias Estado-Comunidades Autónomas en doble sentido.

El inevitable envejecimiento de la Constitución española, su igualmente inevitable adecuación a las realidades políticas y sociales inexistentes en 1978 y la presión fortísima del independentismo catalán (en el marco de la racionalización del Estado autonómico) están conduciendo a una reforma constitucional difícil de evitar. Cierto que el Gobierno y el partido que lo apoya en el Parlamento parecen cerrados a toda reforma con un pretexto falaz (no hay consenso para la reforma, pero el consenso lo niega el propio Gobierno popular). Pero tras el próximo 9 de noviembre (que puede ser más complejo de lo que parece, porque Mas y los partidos y organizaciones independentistas que lo apoyan han entrado en una dinámica de confrontación difícil de parar), la racionalidad política obligará al Gobierno a plantearse la reforma: los sondeos mandan en el Partido Popular, como acabamos de ver con el anteproyecto de ley de persecución de los supuestos de aborto, y pronto será un clamor en la opinión pública la reforma del Estado (y de su Constitución) pare evitar su fragmentación.