En principio, el tema de la necesaria reforma constitucional no debería afectar a la forma del Estado. Cuando se reforma la Constitución en Alemania, en Italia o en Francia nadie se plantea si es necesario mantener o cambiar la forma republicana. Tampoco se plantea el tema en el resto de las Monarquías parlamentarias europeas. Y aquí en España no debería ser necesario. Sin embargo, tras la abdicación de Juan Carlos I algunos grupos extraparlamentarios e Izquierda Unida, que a veces actúa como si fuera extraparlamentaria, empezaron a pedir un referéndum sobre la Monarquía. Hoy por hoy es una irresponsabilidad.

Si nos situamos en un plano de pura teoría política, es evidente que la forma monárquica del Estado es difícilmente asimilable al principio democrático. No es asimilable porque ningún órgano del Estado puede quedar fuera del principio electivo, de la decisión de los ciudadanos. Tampoco es asimilable al principio democrático, porque otorga a una persona y a una familia una posición preeminente en el Estado y en la sociedad, posición que no está políticamente justificada. Por muy demócrata que un Rey se sienta es difícil que capte íntimamente la naturaleza igualitaria de su posición pues, como dijo Gumersindo de Azcárate, “el rey es un funcionario del Estado y no una institución social” [El régimen parlamentario en la práctica, Madrid, 1930 (edición póstuma), pág. 146].

Dicho esto, el principio de realidad nos dice que en cualquier sociedad las crisis estallan donde menos se les espera y que se debe buscar la estabilidad en las instituciones del Estado. Hasta hoy, la forma monárquica del Estado ha sido en España un elemento que ha contribuido a la estabilidad. No digo que haya dado estabilidad por sí sola, porque una forma republicana la habría dado igualmente, sino que la Monarquía no ha provocado crisis políticas desde que se constitucionalizó en 1978. La Monarquía, a través del anterior titular de la Corona, ha demostrado incluso que posee instrumentos jurídicos para resolver las eventuales crisis como se ha visto con la abdicación de Juan Carlos I, tras la crisis provocada por el accidente de Botsuana.

En este marco hay que recordar que si en España no existe el cleavage monárquicos/republicanos como factor de división social, podría aparecer si se intentara cambiar la forma monárquica. Es cierto que no estamos en 1931 donde los defensores de la Monarquía caída eran los defensores de los privilegios agrarios y urbanos frente a unos republicanos que, en conjunto, buscaban una sociedad más democrática y más igualitaria (por eso el golpe de Estado de 1936, como el de 1932, fue un golpe de Estado monárquico, financiado por los monárquicos, que se les fue de las manos y acabó controlado por un mediocre dictador). Ahora no es así, evidentemente, pero si la presión republicana fuera intensa y pusiera en peligro la Monarquía volveríamos a encontrarnos cleavage monárquicos/republicanos, cleavage en el que los monárquicos representarían a la derecha. Y no hay que buscar falsas divisiones en la sociedad cuando ésta, por sí sola, provoca divisiones reales en relación a la posición ante los medios de producción.

En todo caso, si no se deben buscar conflictos allí donde hasta ahora no los ha habido, no se pueden admitir reclamaciones políticas que no tienen cauce en la Constitución. La aprobación de la Ley Orgánica de abdicación del Rey Juan Carlos I (que era un acto debido de las Cortes, como expliqué en “La abdicación de Juan Carlos I. Cuestiones constitucionales e incógnitas políticas”, Temas para el debate, núm. 236, julio 2014) no era la sede de exigir un cambio de la forma de Estado porque esa exigencia, jurídicamente legítima, tiene un cauce que es la reforma de la Constitución. Se dirá que hoy por hoy Izquierda Unida no tiene los Diputados suficientes para proponerla. Bien: que ganen las elecciones y lo propongan, pero que no intenten vías espurias que sólo introducen inseguridad en las relaciones políticas.

Resumiendo este tema, hay que señalar dos cuestiones. Primero, que si bien al principio democrático repugna que existan órganos constitucionales al margen de la elección democrática, lo cierto es que en España, gracias al Rey Juan Carlos I, la Monarquía no ha sido obstáculo para el fortalecimiento del Estado democrático y social de Derecho. En segundo lugar, que mientras el titular de la Corona se desenvuelva de la misma manera que su predecesor, un cambio de la forma política del Estado plantea más inconvenientes que ventajas.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que los sedicentes republicanos suelen propugnar el cambio de forma política del Estado con muy poco rigor. Quieren una República pero no nos dicen si parlamentaria o presidencialista, con un mandato corto o largo de su Presidente. Tampoco sabemos si ese Presidente sería elegido por sufragio universal, por el Parlamento o por otro tipo de colegio. Quiere ello decir que no basta, como alguna vez se ha dicho, sustituir en la Constitución el término “Rey” por el de “Presidente de la República”. Porque si se pasara de una Monarquía a una República todo el entramado constitucional se desplomaría y habría que empezar de cero, sin dar por supuesta la permanencia de ningún órgano, ningún principio, ninguna relación jurídica. ¿Es el momento de replantearnos todo el Estado?