La Constitución española de 1978 tiene un Título Preliminar que contiene nueve artículos dedicados, respectivamente, a: el carácter del Estado social y democrático de Derecho, incluyendo la atribución de la soberanía al pueblo español y la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado (de la que hablamos en el anterior artículo); la unidad de la Nación española, compatible con la autonomía de las nacionalidades y regiones; el régimen jurídico del castellano y demás lenguas; el empleo de la bandera de España y de las banderas y enseñas autonómicas; la capitalidad del Estado; la naturaleza de los partidos políticos; el régimen de los sindicatos y de las asociaciones empresariales; la función de las Fuerzas Armadas; y la sujeción a la Constitución y al ordenamiento jurídico, lo que se complementa con los objetivos de los poderes públicos y con los principios jurídicos que garantiza la Constitución.

De todos estos nueve artículos hay algunos que, a mi juicio, no deberían tocarse. El artículo primero (Estado Social y Democrático de Derecho, valores superiores del ordenamiento, soberanía nacional residenciada en el pueblo español y Monarquía parlamentaria) es un precepto completo, muy correcto y está redactado con una economía expresiva compatible con una gran calidad de contenido.

Tampoco deberían reformarse los artículos que regulan los símbolos o y algunos de los elementos del Estado, como las banderas (artículo 4º), las lenguas (artículo 3º). A pesar de que cierto izquierdismo critica el tema de las banderas (salvo que sean rojas), lo cierto es que el Estado necesita hacer explícitos ciertos símbolos (la bandera, el escudo, el himno) que identifican a un Estado frente a otros y ante sus propios ciudadanos. El primer apartado del artículo 4º es correcto y también lo es su segundo apartado sobre las banderas y símbolos autonómicos, aunque quizá podría reforzarse la obligatoriedad de la bandera nacional en los edificios públicos autonómicos y municipales. No se trata de volver a viejos discursos nacionalistas (del estilo de la banderita roja y gualda) sino de una exigencia democrática: los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos rechazan la bandera nacional española pero imponen la suya, que siempre es minoritaria incluso en su propio territorio.

Tampoco parece necesario reformar los artículos 6 y 7, dedicados, respetivamente, a los de los partidos políticos, a los sindicatos y a las asociaciones empresariales. Los dos preceptos tienen una redacción medida, amplia, jurídicamente precisa y cumplen además el papel de reforzar políticamente estas organizaciones sociales que estuvieron prohibidas durante la última Dictadura.

Finalmente, tampoco debe reformarse uno de los artículos más completos y mejor redactados de todas la Constitución, el 9º, que, en primer lugar, expresa el sometimiento de los poderes públicos y de los ciudadanos a la Constitución. Es un precepto capital para asegurar el principio democrático y la cláusula del Estado de Derecho, porque atribuye a la Constitución y, en su desarrollo, al resto del ordenamiento jurídico, la función de ordenar todas las relaciones sociales que vertebran a un país. Además, los juristas hemos de aplaudir el empleo de la expresión ordenamiento jurídico que ya apareció en el Código Civil en 1974 y es un homenaje a uno de las grandes juristas de todos los tiempos, el italiano Santi Romano, y también un concepto jurídico preciso y claro.

Por los mismos motivos, no parece que deban reformarse los apartados 2 y 3 del mismo artículo 9º. Fue un acierto incorporar los objetivos que deben perseguir los poderes públicos con un redacción que en parte nos recuerda los artículos 3º y 4º de la Constitución italiana, máxime cuando esos objetivos son la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos.

Igualmente acertado es el apartado 3 del mismo artículo, que establece los primeros y más elevados principios generales del Derecho: legalidad, jerarquía normativa, irretroactividad de ciertas disposiciones, seguridad jurídica, etc. Cuando el artículo 1.4 del Código Civil se refiere a los principios generales del Derecho y a su función informadora del ordenamiento jurídico, el complemento de este artículo 9.3 ayuda a dar fuerza jurídica a unos principios que estaban sometidos antes a la decisión de Jueces y Tribunales.

Y si los artículos 1º, 3º, 4º, 6º, 7º y 9º no deben reformarse, ¿por qué modificar los artículos 2º, 5º y 8º?

El artículo 2º es un gran precepto, porque declara que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, lo que es compatible con el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. El primer enunciado del precepto, referido a la unidad de la Nación española, es, a mi juicio, correcto y no debe reformarse. También es, en principio, correcta la referencia a las autonomías territoriales pues se trata de un principio nuclear del Estado democrático (lo que ha determinado que algunos constitucionalistas hablen quizá exageradamente de la estructura territorial como Constitución material). Sin embargo, la referencia a las nacionalidades y regiones como sujetos de la autonomía territorial es, al día de hoy, perturbadora. No niego que en Cataluña exista una conciencia autonómica y hasta independentista que no existe en La Rioja. Pero esa referencia a las nacionalidades es una concesión, no a este o a aquel nacionalismo, sino a la ideología nacionalista que nace en Europa a partir de Herder y que ve en la nación un sujeto colectivo contrapuesto al individuo sobre el que se levanta el Estado democrático liberal. Dicho en pocas palabras, hablar en la Constitución de nacionalidades como sujeto distinto de la Nación española que, por otra parte, no es más que el marco del sujeto de la soberanía que es el pueblo español, algo muy distinto), casa difícilmente con la soberanía del pueblo y hasta puede satisfacer a unos pocos ideólogos que todavía creen en la vigencia del pensamiento de Herder, de Renan, de Mazzini o de Prat de la Riba. Pero es jurídicamente perturbador para organizar territorialmente el Estado. A fortiori cuando el invento pareció extendible sin tasa a todos los territorios y ahora tenemos la nacionalidad valenciana, la nacionalidad aragonesa o la nacionalidad canaria. Obsérvese lo que ahora se ha convertido en un exceso semántico porque si la idea inicial era encajar las nacionalidades en las denominadas autonomías de primer grado (País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía) el término se ha banalizado y no aporta un plus jurídico. Por eso creo que tiene más sentido prescindir de la ya superada dicotomía (nacionalidades y regiones) y proclamar simplemente el derecho a la autonomía de los territorios que conforman España. Cuando hablemos del Título VIII precisaremos más este tema.

Otro artículo cuyo contenido podría modularse es el 5º, que establece que la capital del Estado es la Villa de Madrid. En el nuevo diseño territorial que debería surgir de la reforma constitucional podría resultar necesario trasladar la sede de algún órgano constitucional fuera de Madrid. Por eso debería mantenerse la actual redacción del artículo 5º añadiendo que esa capitalidad se establece sin perjuicio de residenciar las sedes de los órganos constitucionales fuera de la Villa de Madrid.

Finalmente, tenemos el artículo 8º que está dedicado a las Fuerzas Armadas. En su apartado 1 se señala la “misión” de éstas (garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional) en tanto que el apartado 2 reenvía a una Ley Orgánica que regulará las bases de la organización militar. Como tuve ocasión de escribir hace algún tiempo (“Las Fuerzas Armadas en una nueva Constitución”, El País, 8 de mayo de 2013), este precepto es perfectamente inadecuado. No dudo de su utilidad en 1978cuando las Fuerzas Armadas se estaban adaptando con dificultades a la democracia (como se vio el 23 de febrero de 1981) pero en la actualidad, con unos Ejércitos perfectamente incardinados en el Estado democrático, ya no tiene sentido que se dedique un artículo del Título Preliminar a una organización administrativa formada por funcionarios. Ello no quiere decir que la Constitución no deba referirse a las Fuerzas Armadas, pero en el Título dedicado a la Administración de la que forman parte, como ocurre con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ya se hablará de este tema al tratar del Título IV de la Constitución.

En conclusión, el Título Preliminar es un Título bien redactado y bien sistematizado que sólo debería reformarse en los artículos 2º (la perturbadora e hiperideológica referencia a las nacionalidades y regiones), 5º (para prever que otras ciudades españolas acojan la sede de órganos constitucionales) y 8º (precepto a eliminar, pues la referencia a las Fuerzas Armadas que aparezca en el Título IV ha de tener otra orientación.