El artículo 10 de la Constitución, ese precepto suelto situado como frontispicio de todo el Título, contiene dos apartados. El primero de estos dos apartados está dedicado a los fundamentos del orden político y de la paz social (la dignidad de la persona, los derechos inviolables que son inherentes a ésta, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás). Se trata de un precepto inspirado en diversos Tratados internacionales (Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, etc.) que posee una dimensión doble, como dijo el Tribunal Constitucional, pues establece tanto unos derechos subjetivos como los elementos esenciales del ordenamiento de la comunidad (Sentencia del Tribunal Constitucional 25/1981, de 14 de julio). El segundo apartado de este artículo 10 señala que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados internacionales ratificados por España. Es fácil comprender la trascendencia de los dos apartados de este artículo pues fijan los criterios interpretativos de los derechos fundamentales y, además, sitúan el régimen jurídico de esos derechos en el marco del Derecho internacional. Se trata, por ello, de un artículo que no puede reformarse, pues cualquier reforma en su redacción lo empeoraría, probablemente.

El Capítulo Primero del Título Primero está dedicado a los españoles y a los extranjeros. Se trata de tres artículos que regulan la nacionalidad española, la mayoría de edad y el régimen jurídico de los extranjeros en España y es un acierto constitucionalizar estas materias que desde el siglo XIX se residenciaban en los Códigos Civiles. Hay que decir que un apartado del artículo 13, el 2, ya fue reformado en 1992 para adaptar la Constitución al Tratado de Unión Europea (Tratado de Maastricht) que atribuía derechos de sufragio activo y pasivo a los ciudadanos comunitarios. Se trata de un Capítulo equilibrado, que, en lo que a los extranjeros se refiere, permite que éstos disfruten de derechos sin llegar a equiparaciones poco realistas. Creo que este Capítulo sólo debería reformarse para incorporar alguna referencia a la ciudadanía europea recogida en el Título V de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea modificada en 2007. Cierto que ese Título tiene un contenido muy limitado, pero basta que forme parte de la Carta para que la Constitución no lo ignore.

El Capítulo Segundo del Título Primero se compone de dos Secciones y de un artículo que precede a ambas Secciones, el 14. El artículo 14 está dedicado al principio de igualdad y es un precepto de excepcional valor. Con una redacción rotunda, muy superior a la de la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 y más próxima a los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2007, se trata de un artículo de gran densidad jurídica, pero también con un mensaje político muy rotundo en favor de la igualdad de los seres humanos. No debería reformarse.

La Sección Primera del Capítulo Primero (única que vamos a tratar hoy) es uno de los apartados más importantes de toda la Constitución, pues trata de los derechos fundamentales. Aquí se regulan: el derecho a la vida y a la integridad física y moral; la libertad ideológica, religiosa y de culto; la libertad y la seguridad; el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen; el derecho de libre residencia y circulación; el derecho de expresión; el derecho de reunión; el derecho de asociación; el derecho a participar en asuntos públicos; el derecho a la tutela judicial efectiva; el principio de legalidad penal; la prohibición de los Tribunales de Honor; el derecho a la educación; el derecho a libre sindicación y de huelga; y el derecho de petición (artículos 15 a 29). Como se ve, se trata de uno de los basamentos del Estado democrático, no sólo porque veníamos de una dictadura sino por la amplitud y extensión de estos derechos.

Sin entrar todavía en las carencias que esta Sección puede presentar sí conviene señalar algunos puntos que no casan con una visión progresista y moderna de la sociedad:

· La referencia al derecho a la vida de “todos” ex artículo 15 ha dado lugar a interpretaciones dirigidas a impedir toda despenalización del aborto, como hemos visto muy recientemente con la fracasada operación que ha impulsado Ruiz-Gallardón. Es una expresión revisable.

· En el artículo 16.3, tras negar el carácter estatal a toda confesión religiosa se prevé que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y, por si esto no bastara, se ordena a esos poderes públicos mantener relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y con las demás confesiones religiosas. Este artículo 16.3 recuerda el artículo 8º dedicado a las Fuerzas Armadas: había que dar satisfacción a los poderes fácticos que habían apoyado a la dictadura. Pero este es un artículo muy poco defendible en la actualidad, pues los poderes públicos (que no son individuos sino poderes) han de ser neutrales en materia religiosa y si tienen en cuenta las creencias religiosas de la sociedad igual mandato han de tener con las no creencias de la sociedad. Al final, es una expresión carente de eficacia si quiere respetar también a quienes no tienen creencias religiosas. Lo mismo puede decirse del mandato a las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. ¡La Iglesia Católica consiguió ser citada en la Constitución laica! Porque lo cierto es que en esta democracia lo que realmente se ha sufrido es la presión continua de la Iglesia por mantener sus instrumentos de influencia en la sociedad. Una visión mínimamente moderna de la política no casa con un precepto de tanta fuerza clerical.

· El artículo 20.3 se refiere al control parlamentario de los medios de comunicación social pero parece insuficiente pues esa previsión constitucional y ese control mediante Leyes no ha logrado impedir la manipulación de los Gobiernos conservadores sobre los medios públicos. Habría que buscar fórmulas de control público más intensas.

· El artículo 26 prohíbe los Tribunales de Honor en la Administración civil y en las organizaciones profesionales. Fue una iniciativa del PSOE, del PCE y de CiU que descafeinó Fraga Iribarne (que actuaba como representante de los intereses militares sin que nadie se lo pidiera) para defender estos Tribunales en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Al final la izquierda cedió si bien durante el Gobierno del Presidente González se prohibieron por Ley. No obstante, como la derecha nunca ceja en sus objetivos, conviene prohibir estos Tribunales en todos los ámbitos.

· El artículo 27, precepto muy extenso, regula el derecho a la educación. Pero la desmesurada extensión del artículo no ha impedido que los Werts, Aguirres y Gonzáleces destruyan la enseñanza pública. Parece que habría buscar más anclajes para asegurar (sin imponer) una enseñanza pública de calidad. Cierto que eso no gusta a la derecha, que quiere enseñanza de calidad para las minorías y enseñanza sin calidad para las mayorías pero es un postulado irrenunciable para la izquierda.

Estas propuestas, nada extremistas, siguen siendo de difícil aceptación por la derecha española que, como se ve en el Gobierno de Rajoy, en materia religiosa, educativa y moral no se ha separado de lo que propugnaba su partido antecesor, la CEDA. Pero al igual que es posible ceder en otras materias, renunciando incluso a puntos que ahora parecen necesarios, en estas cuestiones la izquierda no debería ceder. No sólo por razón de convicciones sino para evitar conflictos que la derecha fomenta de manera constante, como ocurre con el aborto o la enseñanza.

La reforma constitucional debería consagrar como derechos fundamentales otros derechos que no tiene esa consideración en la actualidad. Pero se irán viendo cuando se hable de los mismos en otros Capítulos del texto constitucional.