Esta categoría laboral establece sueldos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (641,40 euros en 2011). De este modo, la remuneración mensual máxima ascendería a 400 euros, el empleado no pagaría impuestos y abonaría las cotizaciones sociales de forma voluntaria. Es necesario recordar que esta iniciativa rompería con la tendencia llevada en los últimos años por el Gobierno del PSOE de ir incrementando los salarios en España, subiendo cada vez más el Salario Mínimo. (desde 2004 se ha incrementado en un 40%, que era de 460,50€).

La pensión que quedaría para un trabajador dentro de esta categoría, en el caso de cobrar el máximo de 400, ascendería a menos de tres euros por año trabajado. Para atajar este problema, existe la opción de añadir el 4,5% de los ingresos a la cuota del 15% que paga el empresario al seguro de pensiones.

El empleador abonaría el 2% a Hacienda y el 28% a la Seguridad Social; el 15% al seguro de pensiones y el 13% al de enfermedad. De esta forma la deducción total ascendería al 30% (120 euros por un salario de 400 euros; es decir, que el empresario deberá pagar un total de 520 euros).

No obstante, si voluntariamente el trabajador añade el 4,5% de sus ingresos a la cuota del 15% que paga el empresario al seguro de pensiones (para ingresos de 400 euros serían 18 euros), el derecho adicional a la pensión ascenderá a 4,28 euros

Otra ventaja de la deducción de esta cuota voluntaria es que cada mes trabajado se cotiza como un mes completo de trabajo con pleno derecho a pensión, siempre que el período de cotización haya alcanzado un mínimo de cinco años. Las personas bajo este régimen laboral tienen derecho a vacaciones pagadas, bajas por maternidad y enfermedad y a los plazos de despido.

Este tipo de contratos, que a priori tendrían sentido para algunos sectores de la población sin cualificación profesional, mujeres que quieren conciliarlo con la vida familiar y pensionistas, corre el riesgo de estandarizarse y precarizar el panorama laboral. Por ejemplo, en Alemania ha traído como consecuencia que el 25% de la población laboral tenga contratos precarios y podría acarrear más desigualdades laborales entre hombres y mujeres, retrocediendo varios años en las relaciones laborales.

Allí no se consideran mini-empleos los períodos de formación profesional aunque la remuneración no supere esa cifra. Sin embargo, entre las propuestas de la CEOE en la que se incluye esta modalidad de contrato, se atisba la posibilidad de aplicar esta modalidad laboral también a los jóvenes, a modo de contrato de “aprendiz”.

Las centrales sindicales ya han mostrado su rechazo más profundo a esta medida, que fue desechada en su momento por el anterior ejecutivo. Sin embargo, desde la CEOE, se sigue insistiendo en ella, así como en otras medidas como la reducción de la indemnización por despido a 12 días por mes trabajado o romper con los convenios colectivos de carácter nacional y regional y establecer nuevas relaciones trabajador-empresa, obviando a los sindicatos.

La senda de la reforma laboral está transitando por la vía del desacuerdo social. En su día, el Gobierno de Zapatero, que tampoco consiguió este acuerdo, optó por el camino de en medio. Aprobó una serie de iniciativas que ni contentó a los sindicatos ni tampoco a la patronal.

Ahora Rajoy anuncia lo mismo. Si no hay acuerdo legislará y hará lo que tenga que hacer. El miedo que tienen muchos trabajadores, que no es baladí por lo que ha defendido el partido popular durante estos años en la oposición, es que recojan únicamente las demandas de la patronal y se produzca el mayor retroceso de la historia en los derechos de los trabajadores.

El empleo ha de ser una prioridad. Estamos de acuerdo. Pero no todo vale para reducir las cifras de desempleo. Si transitamos por la vía de la precarización laboral con la excusa de la crisis, para reducir costes y ser más competitivos, nos pondremos al nivel de países que se encuentran a años luz de nuestras relaciones laborales. Sirva de ejemplo la explotación laboral de China o La India. Trabajadores altamente productivos y sin embargo condenados a una vida miserable. ¿Es esto lo que queremos?

El camino está, no tanto en reducir los costes de la mano de obra, sino en ser más competitivos apostando por la I+D+i. Un empresario, con dificultades económicas, no va a contratar más trabajadores, por muy poco que sea su sueldo, si no tiene créditos para seguir invirtiendo en su negocio. Esto requiere de inversión por parte del Gobierno de turno (contradictorio con los recortes) y por la reforma del sector financiero para que se empiecen a otorgar estos créditos. Además se necesita reactivar el consumo (para que las empresas den salida a su producto) y el camino de la bajada de sueldos no parece la mejor solución para que los ciudadanos consuman más.

En breve veremos cuál es el camino que emprende Mariano Rajoy, que sin duda, marcará la conflictividad para toda la legislatura.