El FMI, impartiendo ideología, y sin asomo de autocrítica por su actitud ante la crisis, con el apoyo de la OCDE, la UE, y el Banco de España, y la aceptación de nuestro gobierno, ha dictaminado que la reforma resulta clave –como complemento de las políticas de ajuste indiscriminadas– para responder a los problemas derivados de la deuda y del déficit, así como a los relativos a la defensa del euro; en definitiva, para contentar a los mercados, dejando en un lugar secundario al desempleo y a las necesidades de la economía real de nuestro país, cuando todos pensábamos que eran lo prioritario, incluso en términos económicos.

También Miguel Boyer (dando una de cal y otra de arena: tribunas en el periódico El País) se ha pronunciado por la reforma laboral en apoyo al gobierno, aunque reconoce el fracaso de las reformas laborales llevadas a cabo en nuestro país, que fueron contestadas fuertemente por los sindicatos, y que, finalmente, nos han conducido a un mercado de trabajo dual (actualmente la precariedad de nuestro mercado de trabajo se establece en torno a un 25%, pero ha superado el 30% durante varios años) sin resolver los problemas que justificaron dichas reformas.

Esta experiencia histórica es determinante para concluir que esta nueva reforma laboral tampoco va a resolver el problema del bajo crecimiento de nuestra economía y del creciente desempleo; el objetivo es otro. El propio gobierno ha revisado a la baja sus previsiones sin esperar al resultado de las negociaciones. Simplemente porque el empleo está supeditado al crecimiento de la economía y es éste el que condiciona la demanda de bienes y servicios; y, sin demanda, no hay ningún empresario que cree puestos de trabajo.

Después de más de dos años de marear la perdiz, las reglas del mercado han hablado claro y se han impuesto a las reglas de la democracia. Por fin se nos dice que la reforma laboral no es otra cosa que abaratar y facilitar aún más el despido reduciendo a la mínima expresión las causas del despido improcedente y la tutela judicial, lo que representa en la práctica eliminar la diferencia entre despidos procedentes e improcedentes: todos serán procedentes; eso sí, se nos dice que con estas medidas se irá sustituyendo la contratación temporal por la indefinida, pero no se nos dice cómo se efectuará este cambio (más de lo mismo).

Se pretende, en definitiva, devaluar el factor trabajo al no poder devaluar un país por separado la moneda en la UE –en este caso el euro– para ser más competitivo.

Tenía razón la viñeta de “El Roto”, en El País, cuando nos descubrió que la primera medida de las aprobadas por la UE –porque lo exigía el mercado– era el suicidio; en este caso, sólo nos falta esperar para comprobar a quiénes afectará semejante decisión.

En este marco, como se puede comprender, la marcha de las conversaciones no ha sido edificante. La CEOE, en clave política, con apoyos externos de todo tipo y aprovechándose de la crisis, ha venido endureciendo la negociación cada vez más planteando con reiteración medidas para abaratar y facilitar el despido, así como las encaminadas a reducir los salarios y vaciar de contenido la negociación colectiva, limitándola exclusivamente a nivel de empresa (indefensión del trabajador y debilitamiento de los sindicatos sectoriales), y estableciendo la productividad –que la fija la propia empresa, sobre todo si es pequeña– como referencia para incrementar los salarios y no el IPC previsto, que tan buenos resultados ha tenido en España en la lucha contra la inflación en los últimos años. Otra de sus reivindicaciones, como es la reducción de las cotizaciones a la seguridad social, aparentemente se ha visto limitada –por la decisión de congelar las pensiones– para ser defendida en un contexto más favorable, a pesar del cinismo mostrado recientemente por los empresarios en defensa del sistema de las pensiones.

La ausencia de un acuerdo en torno a la reforma laboral traerá consigo –según ha anunciado el gobierno– la aprobación de medidas por decreto ley. El contenido del decreto del gobierno marcará las movilizaciones sindicales y, lo que es más importante, la huelga general y las relaciones del gobierno con los sindicatos, hasta ahora aliados en la respuesta a la crisis y en la defensa de los más afectados por el desempleo creciente.

Antes de tomar una decisión de esta envergadura, los sindicatos de la función pública han convocado una huelga, para el próximo día 8 de este mes, que de momento sirve de corta fuegos –junto a las repetidas movilizaciones que se vienen llevando a cabo en la función pública– a las organizaciones sindicales mientras estudian nuevas movilizaciones “contundentes y apropiadas” –en un nuevo escenario que puede ser más negativo–, en coherencia con las movilizaciones convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos.

Efectivamente, la situación es susceptible de empeorar ante la discusión de los nuevos presupuestos generales del estado para el próximo año (el gobierno ya ha reducido el techo del gasto presupuestario en un 7,7%). Además, los recortes salariales en la función pública y la congelación de las pensiones pueden ser aprovechados por los empresarios –y posiblemente por el gobierno, en relación con el salario mínimo interprofesional– para establecer una nueva referencia salarial a la baja para la próxima negociación colectiva y eliminar la cláusula de revisión salarial. Ello representaría un nuevo incumplimiento; en este caso del reciente acuerdo de referencia para negociar los convenios (AENC) para los próximos tres años, que establece un compromiso de moderación salarial con el propósito de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores al finalizar el acuerdo.

La valoración que se puede hacer de la actual situación en términos económicos y sociales no puede desconocer la previsible deriva política, como se puso de manifiesto en la sesión parlamentaria que aprobó las medidas de ajuste. Por eso, el gobierno debe estudiar a fondo y con detenimiento la política a seguir de aquí a finales de año. Es de esperar, en este sentido, alguna decisión después de la presidencia de España en la UE; por lo tanto antes de las vacaciones, que garantice al ejecutivo el retomar la iniciativa perdida en estos momentos.

Ello resulta imprescindible ante la actitud irresponsable, demagógica y oportunista del PP que no va a cambiar su política de acoso al gobierno hasta las próximas elecciones generales. Tampoco el gobierno puede esperar mucho de Convergencia y Unión, pendiente de las elecciones de Cataluña en el próximo otoño y de buscar los apoyos del PP que le garanticen recuperar el gobierno de la Generalitat. Por su parte, el PNV –en la oposición en el País Vasco– también busca oportunidades y contrapartidas que mejoren su correlación de fuerzas, lo que encarecerá sus apoyos al gobierno central en este contexto político particularmente difícil.

De las fuerzas de izquierda el gobierno no puede esperar nada al estar comprometidos en combatir las medidas aprobadas para frenar a los mercados, en coincidencia con los sindicatos, lo que esperan les suministren réditos electorales.

Por eso, el acuerdo del gobierno con los interlocutores sociales en torno a la reforma laboral –siendo bueno en sí mismo– resultaría muy favorable para evitar su aislamiento, tanto en clave política, como en clave económica y social. En todo caso, el decreto ley que se anuncia no puede, en nombre del mercado, hacer sangre en los derechos de los trabajadores ni violentar más a los sindicatos que se han distinguido por una política de moderación y de responsabilidad.

Una huelga general, en este contexto de crisis a nivel internacional y teniendo en cuenta las dificultades por las que atraviesa el gobierno, haría mucho más daño político a éste que el daño que hicieron las huelgas generales convocadas contra el gobierno de Felipe González que, si bien deslegitimaron socialmente la política económica de su gobierno, no pusieron en grave riesgo la gobernabilidad del país. Por eso, el actual gobierno debe hacer lo posible por evitarla, auspiciando, y en todo caso aprobando, medidas contra la escandalosa precariedad de nuestro mercado de trabajo (en mayo, el 90,8% de los contratos han sido temporales); políticas activas que impulsen el empleo de los más jóvenes (la tasa de paro de los menores de 25 años supera el 40%) y de los parados de larga duración, necesitados de formación y reciclaje profesional; y compromisos que potencien la negociación articulada en sus distintos ámbitos, lo que redundará en la mejora de la flexibilidad interna de las empresas y en el fortalecimiento de los interlocutores sociales, a todos los niveles. Paralelamente, se requiere el esfuerzo de todos para impulsar un crecimiento económico sostenible, y por lo tanto el empleo, así como el cambio hacia un nuevo modelo productivo, que debe estar precedido –además de por una reforma laboral en positivo– por la reforma fiscal y del sistema financiero, y por la superación paulatina de la deuda contraída en el sector inmobiliario y de la construcción.