Entre provocaciones y chanzas, el ministro Wert hace retroceder varias décadas a la educación pública española en su esfuerzo por secularizar la enseñanza y ganar autonomía respecto a la influencia histórica del dogma católico. La asignatura de la religión no solo no pierde peso, como sería lógico en un Estado aconfesional, sino que adquiere relevancia, obligándose a los centros educativos públicos a programar una alternativa evaluable. Una alternativa nada menos que sobre “los valores éticos”, como si la ética ciudadana fuera una disciplina que pudiera impartirse de manera residual solo para quienes no optan por el catecismo católico.

Quienes apostamos por una escuela pública laica no lo hacemos por animadversión hacia el pensamiento o la práctica religiosa. De ningún modo. Se trata de garantizar escrupulosamente la libertad que establece la Constitución Española para quienes comparten el culto católico, para quienes participan de otras creencias religiosas, y para quienes no creen en seres superiores y omnipotentes. Y el disfrute de este derecho ha de ser compatible con la aplicación del otro mandato constitucional, el de que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.

¿Cómo se logra esta compatibilidad? Asegurando la neutralidad religiosa del Estado, incluyendo la enseñanza pública. Garantizando que todos los ciudadanos pueden practicar libremente la religión que prefieran en los templos respectivos. Incluso vigilando para que las familias que así lo consideren puedan escolarizar a sus hijos en centros con proyectos educativos de naturaleza confesional, en el ámbito no estatal y cumpliendo con los requisitos legales.

Ahora bien, la educación pública tiene la obligación irrenunciable de promover la razón y la autonomía personal frente a los dogmas morales que tratan de imponer las religiones. El Estado no puede consentir, ni facilitar ni financiar, que se utilicen sus aulas, las aulas de todos los españoles, religiosos y no religiosos, católicos, musulmanes, budistas y agnósticos, para inculcar la doctrina católica a los escolares. ¿Supone esto un desmerecimiento o una falta de respeto para el credo católico? Desde luego que no. Muchos, por ejemplo, participamos de una interpretación de la realidad a través del prisma de la ideología socialista. Y no se nos ocurriría reclamar una asignatura obligatoria sobre doctrina socialista en las aulas públicas, ni con alternativa evaluable ni sin ella.

Algunos podrán esgrimir que el PSOE ha gobernado muchos años este país y que nunca llegó tan lejos. Y tendrán razón. Pero no es menos cierto que las reformas educativas impulsadas por el PSOE adjudicaban progresivamente un papel menos relevante a la asignatura de la religión. Cuando el PP quiebra esta tendencia y nos retrotrae a escenarios propios de la enseñanza confesional para todos, es cuando los socialistas perciben la imposibilidad de un desmontaje acordado de la influencia religiosa y proponen directamente sacar la asignatura católica del currículum de la educación pública española.

Hay quienes, como Esperanza Aguirre, mezclan este asunto con episodios más puntuales, como el referido a la felicitación pública del Presidente de las Cortes Españolas mediante un motivo religioso. Porque es cierto que algunos diputados, como el autor de estas líneas, hemos planteado que el ciudadano Posada puede ejercer su libertad religiosa para felicitar las fiestas como considere, pero que el Presidente de la institución en la que se residencia la soberanía popular ha de actuar con la neutralidad religiosa propia de un Estado no confesional. Por ejemplo, si yo fuera Presidente del Congreso nunca felicitaría institucionalmente el año nuevo con la foto de Pablo Iglesias ofreciendo un mitin desde la Casa del Pueblo de Madrid, imagen que me parece emocionalmente grata y positiva. Puede que no ofendiera a nadie, pero no sería correcto.

Es verdad que ambos hechos no son del mismo calibre, desde luego. La religión en la enseñanza pública tiene que ver con las bases de nuestro modelo de convivencia. El otro tema es más anecdótico, aunque tiene su importancia. Esperanza Aguirre aduce que resulta “fundamentalista y tonto” defender la neutralidad religiosa de las instituciones del Estado, porque las aportaciones del catolicismo a nuestra historia son muy relevantes. Relevantes, sí. Discutibles, también. Como las de otros dogmas en estas y otras latitudes. Y para evitar estas discusiones, lo más razonable es respetar la separación prudente de Estado y religión.

¿Que qué celebramos entonces en estos días? Algunos celebramos simplemente la llegada de un año nuevo con la esperanza (la otra esperanza) de un futuro mejor para todos. Yo no cuestiono otras celebraciones. Por favor, respeten la mía.