Como es sabido, de los doce magistrados del Tribunal, cuatro son nombrados a propuesta del Congreso de los Diputados y otros cuatro a propuesta del Senado, por una mayoría de tres quintos. El mandato (9 años) de los magistrados designados por el Senado concluyó en 2007 y el de los nombrados a propuesta del Congreso de los Diputados en 2010. Los partidos políticos mayoritarios tardaron más de tres años en reemplazar a los primeros, y el Partido Popular bloqueó el pasado 19 de enero y por enésima vez, la sustitución de los segundos.

María Emilia Casas advirtió que el quebrantamiento de esos plazos implica “un incumplimiento grave de la Constitución” y “perjudica la calidad de nuestra democracia”. En cualquier país en que la clase política y la opinión pública se tomaran en serio el Estado de Derecho, esta denuncia, tan clara como rotunda, habría provocado una crisis política e institucional. Lamentablemente, en España, al margen del apoyo generalizado que el discurso recibió de la judicatura y de la academia, sus palabras o no encontraron eco, o lo que es peor fueron groseramente contestadas por Federico Trillo.

Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que la situación denunciada es sumamente preocupante. Los partidos mayoritarios están incumpliendo de manera manifiesta y grave sus obligaciones constitucionales respecto al órgano fundamental de nuestro sistema político. Y están incumpliendo sus obligaciones no sólo por el retraso en efectuar los nombramientos, sino –y esto es aun más grave- , por la forma en que estos se llevan a cabo.

Cuando la Constitución exige que para ser magistrado del Tribunal Constitucional hay que contar con el respaldo de tres quintos de los diputados o senadores, lo que se pretende es que las personas nombradas sean completamente independientes de los partidos para desempeñar con objetividad su función. Se entiende que si un jurista recibe el respaldo de tan alto número de parlamentarios, que necesariamente incluye a los miembros de los dos principales partidos, su idoneidad está asegurada. En definitiva, de lo que se trata es de evitar que un partido pueda nombrar para esos cargos a personas en las que sólo el confía. Y sin embargo, eso es lo que ocurre en la realidad.

El pacto alcanzado con más de tres años de retraso entre el PSOE y el PP para renovar a los magistrados designados por el Senado no ha consistido en un acuerdo sobre quiénes son las personas que por su trayectoria y competencia profesional resulten las más adecuadas para cubrir los cargos, sino en la aceptación incondicionada por cada parte de los candidatos de la otra. Esto es, en un reparto según el cual corresponde al PSOE designar a dos y al Partido Popular otros dos. Los partidos políticos pervierten así el modelo constitucional y lo reemplazan por una suerte de sistema proporcional basado en cuotas de poder que no tiene ni puede tener cabida en el ámbito que nos ocupa.

Innecesario es subrayar que este sistema conduce inexorablemente a la politización en sentido partidista de una institución que debe permanecer al margen de la lógica del Estado de partidos.

Aunque de esta situación son responsables los dos partidos políticos mayoritarios, es evidente que el Partido Popular es el principal defensor del manifiestamente inconstitucional sistema de cuotas al que se aferra con tanta fuerza como cinismo. Según Federico Trillo, represente del PP en estas negociaciones, el sistema de cuotas es incompatible con los vetos por lo que el PSOE debe aceptar a los dos candidatos propuestos por el PP incondicionalmente, a cambio del apoyo igualmente incondicionado de este a los candidatos propuestos por el PSOE. El señor Trillo olvida interesadamente que lo que la Constitución establece es precisamente el derecho de veto de ambos partidos, para impedir que ocupe el cargo una persona que no sea capaz de suscitar un consenso real sobre su valía, como es el caso del juez López. De esta forma, pervierte aun más el sistema puesto que lo transforma en un cheque en blanco que cada partido ofrece al otro. La renovación del Tribunal se convierte así en un vulgar juego de reparto de cromos en el que los méritos, capacidad y trayectoria de los candidatos pasan a ocupar un lugar muy secundario. De modo que junto a magistrados cuya presencia en el Tribunal debido a su prestigio académico y profesional es incuestionable, nos encontramos a otros que, manifiestamente, carecen de él.

El comportamiento del Partido Popular en este ámbito, y del señor Trillo en particular, es absolutamente inaceptable. Su zafia respuesta a la denuncia de María Emilia Casas no merece comentarios. Y su empecinamiento en que el juez López sea designado Magistrado del Alto Tribunal además de una burla al espíritu de la Constitución es un insulto a todos aquellos juristas que sí reúnen los requisitos exigidos para ocupar tan alta función.