El Gobierno, además de acusar a la patronal, tomó dos decisiones importantes ante el desacuerdo: la primera se refiere a la aprobación de medidas que garanticen la prestación por desempleo a los que se han quedado sin ingresos desde el pasado 1 de agosto con una serie de requisitos a cumplir, sobre todo relacionados con su formación y cualificación profesional, y la segunda ha significado renunciar a llevar a cabo la reducción de las cotizaciones de los empresarios a la seguridad social anunciada en el transcurso de las conversaciones.

La primera medida relativa a la prestación por desempleo ha tenido una puesta en escena verdaderamente desafortunada (el Presidente Zapatero ha tenido personalmente que rectificar) y resulta manifiestamente insuficiente en su cuantía pero, sobre todo, en cuanto al número de beneficiarios y su extensión en el tiempo, por lo que el gobierno está celebrando conversaciones con las CCAA, los sindicatos, y los grupos parlamentarios. Con éstos ha llegado a un acuerdo (grupos de izquierda y nacionalistas) para acoger a los desempleados sin ingresos, cuando menos desde el 1 de enero del presente año, y prorrogar su extensión, lo que obligará a tramitar el decreto ley como proyecto de ley en el parlamento.

La segunda medida del gobierno resulta digna de elogio- aunque el gobierno no debería de haberla aceptado en las conversaciones-, por que corrige lo que podría haber sido un grave error como es la reducción de cuotas a la seguridad social de los empresarios, ya que puede poner en riesgo la supervivencia del sistema público de la seguridad social y, además, se habrían tomado decisiones económicas comprometidas- al margen del Pacto de Toledo y de los sindicatos- sobre unas cantidades que son de los trabajadores (representan una parte importante del llamado salario social diferido) y por lo tanto una medida de estas características hubiera representado una nueva transferencia de rentas del trabajo al capital sin ninguna justificación ni contrapartida y, desde luego, sin garantías sobre la creación de empleo a través de medidas de esta naturaleza que es, en definitiva, lo que viene reivindicando la CEOE: que los trabajadores asuman también el costo de la crisis olvidándose de que no son los culpables de la misma y que en etapas de crecimiento económico los trabajadores no han participado en el reparto de beneficios.

El mes de agosto nos ha dejado también dos grandes debates abiertos: el aumento de la presión fiscal sobre las rentas más altas y sobre el capital, y las retribuciones de los funcionarios; ambos debates planteados por el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, a través de sendas declaraciones calificadas por la derecha de globo sonda. En todo caso, esas declaraciones han sido matizadas pero no desmentidas por la vicepresidenta Sra. Salgado y por el propio presidente del gobierno remitiendo finalmente el debate fiscal a la discusión presupuestaria.

Los ciudadanos tienen asumido que no quedará más remedio que aumentar los impuestos para salir rápidamente de la crisis con el menor costo social posible, al margen de la demagogia del PP. Esto no representaría ningún problema serio si no se hubieran tomado anteriormente medidas fiscales aparentemente improvisadas y, en todo caso, sin ninguna planificación y visión de futuro relacionadas con la supresión del impuesto sobre el patrimonio (una medida verdaderamente incomprensible desde la izquierda y en un contexto económico recesivo) y con la deducción de los famosos 400 euros en el IRPF- sin que se tuviera en cuenta los ingresos de los perceptores-, y por supuesto el aumento reciente de los impuestos indirectos (tabaco y combustibles) y no de los directos.

Por otra parte, las retribuciones de los funcionarios van a representar la primera piedra de toque importante que tendrá que abordar el gobierno con los sindicatos. En esta ocasión el incremento se va a convertir en referencia observada- sobre todo por los empresarios- para establecer los criterios para negociar los convenios del año 2.010. Debemos partir de la base que los funcionarios vienen practicando la moderación salarial desde hace años y con distintos gobiernos. Además, el gobierno tiene capacidad todavía para reducir los gastos ordinarios de las administraciones públicas (los funcionarios lo saben) e, incluso, puede revisar las retribuciones de los altos cargos en el marco de una política ejemplarizante de austeridad.

Sin embargo, el Gobierno no podrá contar con el compromiso de los sindicatos para congelar los salarios. Como viene ocurriendo desde hace años, los sindicatos apuestan- desde la moderación salarial- por el mantenimiento del poder adquisitivo de los funcionarios públicos, sobre todo en un contexto recesivo y por lo tanto necesitado de estímulos al consumo interno. En todo caso, el gobierno tiene que abordar al comienzo del nuevo curso la ley de economía sostenible (educación, investigación, tecnología, medio ambiente, y energías renovables), y los presupuestos generales del estado; y, por lo tanto, además de las retribuciones de los funcionarios, el incremento de las pensiones- sobre todo de las más bajas-, el salario mínimo, y las medidas relacionadas con la protección social, lo que va a poner a prueba nuevamente su política social y la apertura del diálogo social con los interlocutores sociales.

Por su parte, la CEOE tiene pendiente el desbloqueo y la firma de 1.500 convenios que quedan pendientes para este año y buscar una salida airosa para retomar el diálogo social abandonando una posición maximalista, única manera de justificar su contribución a la salida de la crisis y al establecimiento de un nuevo modelo productivo que nos adentre en la senda del crecimiento y del empleo.

Hasta ahora está resultando patética la pobreza intelectual del empresariado organizado a la hora de proponer una salida a la crisis, solamente comparable con la oposición que viene desarrollando el PP. Sus propuestas son añejas, reiterativas, e ineficaces, por lo que no generan entusiasmo ni confianza y hacen más difícil un acuerdo. El desprestigio es la lógica de su posición interesada y cortoplacista.

Por poner un ejemplo, las políticas puestas en práctica para salir de la crisis en Alemania y Francia (empleo y crecimiento del PIB), contemplan un fuerte protagonismo de los empresarios y una importante dosis de responsabilidad asumida por los mismos para hacer más soportable la crisis. Por lo tanto, ¿para cuándo la convergencia de las empresas españolas con las empresas europeas en materia de investigación, innovación, tecnología, organización del trabajo, y mercado de trabajo?

Los sindicatos, por su parte, tienen también pendiente cerrar la negociación colectiva del presente año y preparar la negociación colectiva para el año 2.010. Por otra parte, deben concienciar y movilizar a los trabajadores- en torno a la segunda jornada mundial por el trabajo decente convocada por la CES para el próximo 7 de octubre- con el propósito de oponerse con éxito a la ofensiva de la CEOE y explicar y defender sus reivindicaciones relativas al empleo y a la precariedad (empleos sí, pero con derechos), al mantenimiento del poder adquisitivo de los funcionarios y de los trabajadores- particularmente de los jóvenes, estableciendo un salario mínimo de convenio por encima de los 1.000 euros-, y a la mejora de la protección social. Ello sólo será posible si los sindicatos encabezan una ofensiva- desde una posición progresista- que defienda criterios socialdemócratas de distribución de la riqueza que deberá ser soportada por una política fiscal que garantice la suficiencia, la equidad, y la progresividad, a partir de una decidida política encaminada a erradicar el fraude fiscal. Según Peláez Martos, las cuotas no ingresadas por fraude a la Hacienda Pública ascienden en España a 70.000 millones de euros al año, como mínimo (Estudios de Política Exterior. Economía Exterior, nº 49. Verano, 2.009). Una política que acabe, en definitiva, con el desarme fiscal que se ha venido practicando en España en la última década. Desde luego, con la crisis, el bajar impuestos- como viene proponiendo el PP- ha quedado claro que no es de izquierdas; sobre todo en España donde debemos actuar para converger con la UE, particularmente en protección social, porque, como viene insistiendo Vicenç Navarro, estamos un 6,4% del PIB por debajo de la media comunitaria (UE-15, año 2005), lo que representa un déficit de 59.556 millones de euros si tenemos en cuenta, además, lo que le correspondería aportar a España por su nivel de riqueza en la UE-15 (FFLC y Biblioteca Nueva. Situación Social en España. 3º volumen. 2009).

Es evidente que se avecina un comienzo de curso apasionante en términos políticos, económicos y sociales. Sólo nos queda esperar a que todos estemos a la altura de las circunstancias, nada fáciles por otra parte, que nos está tocando vivir. Esto es exigible, sobre todo, al gobierno, a la oposición, a los grupos parlamentarios, y a los interlocutores sociales, y en particular a los empresarios, por su relación directa con nuestro principal problema: generar confianza para que crezca nuestra economía y mejore el empleo.