Irresponsables que, por no perder influencia, han preferido la intervención del Banco de España a llegar a un acuerdo con Unicaja en el que se garantizaba la viabilidad, y los puestos de trabajo. Algo que en estos momentos no se puede garantizar en un escenario en el que están todas las opciones abiertas ( liquidación, subasta, venta por partes y la más acertada que es la fusión con Unicaja). Irresponsables por jugar con la credibilidad del sistema financiero español en un momento de tantas turbulencias en los mercados .E irresponsables por jugar con los vidas de los trabajadores y los ahorros de los clientes.

Hay que agradecer la actuación del Banco de España, aunque a lo mejor, y vista la actitud de los gestores de Cajasur, se debería haber producido hace ya bastantes meses. Aún así se actuó, y la intervención se adoptó como consecuencia de los problemas de viabilidad que presenta la entidad y ante la imposibilidad de culminar el acuerdo de integración con Unicaja.

El Banco de España ha garantizado que Cajasur pueda seguir operando con normalidad y cumplir con todas sus obligaciones frente a terceros, al suscribir los recursos de capital necesarios para que la Caja alcance un coeficiente de solvencia superior al mínimo legal y facilitar una línea de liquidez que le permita cubrir todas sus necesidades. Los depositantes y acreedores pueden estar totalmente tranquilos, pero los responsables tienen que pagar por lo que han hecho.

Hay un dicho popular que dice que el que manda tocar la guitarra es el que corre con los gastos de la fiesta. Y esta fiesta, que puede salir por más de 2.000 millones de euros, no la tenemos que pagar los ciudadanos con nuestros impuestos, tienen que pagarla los responsables individuales, los gestores, y el responsable último, que no es otro que la Iglesia.

Hay que exigir responsabilidades legales y penales a los gestores de una Caja que perdió 596 millones de euros el año pasado, quedando con un capital de alrededor de 240 millones. Hay que exigir responsabilidades a unos directivos que siguieron dando dinero al negocio del ladrillo, a pesar de las advertencias de los auditores y vulnerando la normativa sobre concentración de riesgos.

La sociedad tiene que recibir un mensaje de tranquilidad y los gestores de claridad por parte de la supervisión: no se van a permitir estos comportamientos que dañan a los ciudadanos, a los trabajadores y a la sociedad española en su conjunto. Y quien la hace la paga.

El Banco de España ha comenzado una investigación que, si aplica la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, derivará en sanciones a los ex directivos. La ley, en su artículo 15 es clara: quien ejerza en la entidad de crédito cargos administrativos o dirección será responsable de las infracciones muy graves o graves cuando estas sean imputables a su conducta dolosa o negligente. La cúpula de la entidad podría enfrentarse a multas individuales por importe no superior a 150.000 euros, y a la inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero por plazo no superior a 10 años. Entre las infracciones muy graves, Cajasur podría haber incurrido en el mantenimiento de unos recursos propios inferiores a los exigidos, que ascienden al 8% mientras que los de la entidad se situan en el 3,7%.

Pero las responsabilidades no acaban aquí, porque estos caciques contarán con seguros de responsabilidad de sus actuaciones y con la complicidad eclesial. La fiscalía debe actuar contra los autores de semejante despropósito, porque así lo permite nuestro Código Penal en lo relativo a posibles estafas, apropiaciones indebidas, daños a terceros, delitos relativos al mercado y a los consumidores, delitos societarios, etc,etc,etc.

Y en paralelo, dentro de un sector financiero en pleno proceso de reestructuración hay que dar una salida rápida y adecuada a Cajasur. ¿Cuál? la respuesta es sencilla, la que se tenía que haber producido el pasado fin de semana si hubiera primado el interés general. Unicaja tiene un proyecto viable, preparado al detalle, aprobado por sus órganos de gobierno y con el conocimiento del Banco de España. Un proyecto dentro de la naturaleza de las cajas, con valor añadido para los clientes y trabajadores. No hay que darle más vueltas.

Las Cajas de Ahorro han contribuido al desarrollo social de España y a la estabilidad del sistema financiero de nuestro país. Y a pesar del FMI, lo seguirán haciendo con su actual naturaleza jurídica. Lo contrario sería quitar a los españoles un instrumento de progreso y bienestar social.

Óscar Iglesias