¿Por qué debe ser así? Porque estamos hablando de derechos fundamentales de las personas y no de un bien de consumo que, por una parte, solo poseen aquellas personas que tienen recursos económicos para poder disfrutar del mismo y, por otra, genera beneficios al que lo proporciona. Y porque, también la palabra seguridad no puede ser utilizada por los Gobiernos para infundir miedo a la población y, de esta manera, reducir el desarrollo de otros derechos constitucionales como el de reunión, manifestación, u opinión.

La libertad y la seguridad son dos apartados centrales del modelo de sociedad en el que queremos vivir. Como señalaba anteriormente, son dos pilares esenciales que aparecen recogidos en el contrato social que tenemos como sociedad en forma de derechos ciudadanos. Por poner algunos ejemplos, aparece en:

La Declaración Universal de Derechos Humanos, concretamente en su artículo tercero, donde señala que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 9.1 establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.”
En la Constitución española, en su artículo 17.1, donde afirma que “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.”

Pero en las últimas décadas, los ideólogos neoliberales han dado las armas a los Gobiernos conservadores para promover un discurso del miedo en las sociedades democráticas que, bajo el paraguas de la supuesta garantía de la libertad de los ciudadanos, está ampliando la impunidad y el negocio al servicio de una seguridad que cada vez más se quita al Estado, para dársela a empresas privadas a cambio de ingentes cantidades de dinero que provienen de los contribuyentes.

Esta forma de actuar, que ahora pretende imponer el Gobierno del PP, es de enorme gravedad porque debilita el vínculo de ciudadanía y convivencia al privatizar la seguridad pública. Por crear negocio, donde solo debe existir un derecho, se provoca una ruptura del vínculo permanente que es obligado que exista entre la seguridad de las personas y la convivencia democrática en libertad.

El Gobierno del PP se ha quitado otra de sus caretas y va a legislar bajo el lema de “quien quiera seguridad que se la pague”, ya declarado hace algunos años por su delegado del Gobierno en Madrid, el señor Ansuategui. Ante semejante barbaridad, hay que recordarles que no puede delegarse en el negocio privado una de las principales obligaciones que son exigibles a los Estados y sus Gobiernos, y una de sus principales funciones. Hay que anunciarles que podrán aprobar con su mayoría parlamentaria estas leyes, con su concepción rancia de orden público y de negocio para unos pocos, pero que cuando exista otra mayoría en el Parlamento las derogará, porque consideramos esencial el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el papel de los policías, y el derecho efectivo a la libertad y la seguridad como algo real en la vida de las personas para la consecución del bien común en una sociedad democrática.