Líbrenos el cielo de terciar en disputas de este tipo, en las que no se sabe bien cuánto hay de envidias o de dificultades intelectuales para entender que alguien con tanto éxito profesional y personal pueda no ser tan de derechas como el señor Hernando, a quién, no obstante, hay que reconocerle sus esfuerzos para representar el estilo dominante en la ejecutoria del Gobierno y su partido. Ahora bien, que huyamos de estas disputas no puede llevarnos a negar que si a Rajoy y su equipo le viniera muy mal tanto paro hace ya tiempo que habrían cambiado de política. Porque hay que ser muy torpe o estar enfermizamente alienado para no darse cuenta de que la inmensa mayoría de sus medidas van en contra del empleo, de los intereses de los trabajadores y de las aspiraciones de los sectores populares de este país. Basta asomarse a su reforma laboral para comprobar que está inspirada en la idea de facilitar que a los que tienen empleo puedan echarlos las empresas a la calle de manera ágil y barata. Lo vienen haciendo a mansalva.
Entre las últimas proezas del PP está el haber conseguido reducir en un sólo año nada menos que doscientos veintinueve mil empleos públicos. En el sector privado bastantes más. Tan evidente es que tenemos en el poder al Gobierno más antisocial, reaccionario y autoritario de nuestros treinta y cinco años de democracia que resulta cansino repetirlo. Obvio es decir que su sensibilidad social es inexistente.
Una muestra muy actual de sus desvelos es la nueva medida que prepara sobre las jubilaciones, particularmente respecto de las anticipadas. Lo primero que llama la atención es que, en su fervor por recortarles derechos a los trabajadores, ni siquiera espera a conocer el resultado de la aplicación del acuerdo que se suscribió el año pasado entre sindicatos, patronal y Gobierno, en el que se contemplaban diversas reformas sobre el sistema de pensiones, incluida la que ahora trata de cambiar. Estaba previsto que se pusiera en marcha en enero de 2013, lo que significa que el Gobierno trata de matarla antes de que nazca.
Lo que ya no llama la atención es su empeño en demostrarnos que sus mentiras e incumplimientos son inagotables. Por ejemplo, el año pasado el Grupo Popular se desmarcó de ese acuerdo mayoritario que sobre las anteriormente citadas reformas adoptaron las Cortes Generales. Su argumento fue que había que apostar por la jubilación gradual y flexible, que, por supuesto, contemplaba la anticipada, e incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral. En plena crisis iban de progres ¡qué sarcasmo! El proyecto que ahora acaba de presentar el Gobierno persigue claramente convertir en disuasorio este tipo de jubilación para así ahuyentar a sus posibles beneficiarios; es decir, a los cientos de miles de trabajadores que gracias a su política seguirán siendo despedidos contra su voluntad y que, en el caso de los de más edad, veían en la anticipación del acceso a una pensión más seguridad de obtener una renta sustitutiva del salario. Con la aplicación de la reforma sufrirían la ampliación del período que media entre la pérdida del empleo y el momento de alcanzar dicha pensión, además de ver recortada su cuantía.
No hay duda de que el Partido Popular y sus gobiernos tienen un sentido peculiar de lo que es bueno para los trabajadores y los pensionistas. Otro ejemplo lo ha dado el de la Comunidad de Madrid que, con la excusa de reducir los medicamentos existentes en los hogares, ha decidido añadir al medicamentazo general, esto es, al copago, una nueva recarga de un euro por receta, además de darle un mayor impulso a la privatización de la sanidad pública, no precisamente en favor de sociedades filantrópicas. Que sea negativo acumular fármacos no justifica una medida que, en particular para los millones de pensionistas que perciben ingresos similares o inferiores al salario mínimo puede hacerles renunciar a tratamientos necesarios para su salud.
Como último y también reciente eslabón de esta interminable cadena de agresiones, cabe comentar una que merece mayor divulgación, como es la propuesta de reforma de las tasas judiciales y de la ley de asistencia jurídica gratuita. Hasta ahora, en la jurisdicción social existía gratuidad. La propuesta del Gobierno es suprimir este régimen, lo que implicaría que los trabajadores que perdieran su demanda durante el procedimiento judicial podrían tener que llegar a abonar al empresario los costes de su abogado, además de pagar tasas de 200 ó 300 euros si pretendieran interponer recurso contra la sentencia. El acceso a la tutela judicial efectiva, derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución, quedaría restringido a quienes tengan medios para sufragarla, sin más excepción que las familias pobres de solemnidad. Se ve que en su vocación benefactora el Gobierno intenta evitar a los trabajadores el engorro de andar de pleitos.
El próximo día 14 está convocada una huelga general. No es el caso repetir aquí sus motivos porque son evidentes. Si acaso decir que tienen razón los sindicatos cuando acusan al Gobierno y su partido de querer acabar con todo. O les frenamos o lo conseguirán.
