La sentencia del 11-M sitúa las cosas en su sitio. La teoría sobre la autoría de ETA queda descartada plenamente, poniendo en evidencia a algunos dirigentes del Partido Popular y a los sectores mediáticos que animaron durante más de tres años teorías conspiratorias disparatadas. Lo sorprendente es que algunos de esos líderes políticos ahora dicen que se sienten “orgullosos” de su actuación porque se han dedicado a “buscar la verdad” y se permiten seguir afirmando que “no conocen más manipulación que la realizada por el Gobierno socialista en este caso”. Pero lo peor es que siguen dando la matraca con lo del “autor intelectual”, una figura que no tiene fundamento alguno en el Estado de Derecho español ni se contempla de ninguna manera en la legislación vigente. Invocar “autorías intelectuales” es propio de regímenes autoritarios y dictatoriales, en los se condena por pensar de una determinada manera sin haber cometido ningún otro delito. El Estado de Derecho es otra cosa.
La lectura de la sentencia, que ha sido firmada con la unanimidad de los tres jueces del Tribunal -Alfonso Guevara, Javier Gómez Bermúdez (Presidente del Tribunal) y Fernando García Nicolás-, ha levantado gran expectación internacional. En ella se responsabiliza de los atentados a los integrantes de la célula islamista que ha sido juzgada durante más de cuatro meses en el recinto de la Casa de Campo y se asegura que el explosivo utilizado y los detonadores procedían de la mina Conchita. Uno a uno el Tribunal ha desmontado todas las presuntas pruebas sobre las que se sustentaban las teorías conspiratorias y descarta con rotundidad cualquier participación o vinculación de ETA con los atentados del 11-M. Sin embargo, ha sorprendido que Rabei Osman El Sayed, apodado “Mohamed El Egipcio”, así como los hermanos Toro, hayan sido absueltos por el Tribunal. Queda para el análisis de los expertos si se han cumplido las expectativas en las penas impuestas a los acusados y si el fallo judicial repara el daño causado a las víctimas.
