Ahora convendría reflexionar sobre algunos aspectos de la cuestión:

¿CÓMO SURGEN LOS HECHOS?

El doctor Luís Montes y su equipo habían organizado en las urgencias del Hospital Severo Ochoa lo que en la práctica era una unidad de cuidados paliativos para ayudar a bien morir a los enfermos terminales del área nueve de Madrid. Urgencias no es el mejor sitio para ello, pero en el hospital no había otro y la opción estaba entre hacerlo allí o no resolver el problema. El asunto genero sus tensiones y esta claro que una fuente del hospital con acceso a las historias clínicas decidió intervenir, y así se produjeron una serie de denuncias anónimas que se trataron por la vía normal, es decir se estudiaron en la comisión de mortalidad e incluso una inspección sanitaria fue al hospital para averiguar los hechos, y concluyeron que se estaba obrando correctamente. Entonces esta fuente envía el informe que se conoce a una de esas asociaciones que dicen defender a los enfermos y esta traslada la denuncia a la Consejería de Sanidad.

Hasta entonces todo era más o menos normal, pero la Consejería, con gran alharaca mediática toma cartas en el asunto y, dando por buenos estos anónimos, destituye al Coordinador de Urgencias (doctor Montes) y pone en marcha todo el proceso, empecinándose en ello hasta llevarlo a la fiscalía dado que no conseguía sus objetivos por otras vías.

ALGUNAS PREGUNTAS

¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS DE LA INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA.

Desde luego no pueden conocerse con exactitud, pero se han barajado varias hipótesis: el fundamentalismo religioso de sectas que pretenden controlar la vida y la muerte de las personas; el intento de hacer un “ataque preventivo” en un momento en el que la eutanasia gozaba de popularidad y era tema de debate social (recuérdense películas como “Mar adentro” o “Million dollar baby”… ; un ataque selectivo a uno de los hospitales públicos con mejores estándares de funcionamiento de la Comunidad de Madrid, de desprestigio de la Sanidad Pública para favorecer la política privatizadora del PP; conseguir un golpe de gran impacto mediático que sirviera de cortina de humo a otras medidas de gran calado de la Consejería de Sanidad ; o bien simplemente la habitual mezcla de incompetencia y prepotencia que caracteriza a los adalides del neoconservadurismo y de los que Lámela es un buen exponente. Lo más probable es que en la práctica haya habido una mezcla de varias o de todas ellas.

¿SE RESPETÓ LA LEGALIDAD EN SUS ACTUACIONES?

Por supuesto que no. Lo primero es dar credibilidad a una denuncia anónima (como si estuviéramos en la época de la Inquisición), luego obviar que sobre el mismo tema existían investigaciones previas de la propia Consejería, después utilizar los medios de comunicación, en lugar de remitir el tema a la comisión de mortalidad del centro, o como mucho a los servicios de inspección del Servicio Madrileño de Salud que son los competentes cuando se detecta una posible anomalía en la asistencia. Además se creó una comisión “ad hoc” de personajes poco cualificados que hicieron un informe que se descalificaba a sí mismo por su contenido. En medio se secuestran las historias clínicas que son trasladadas a la Consejería (otra anomalía), y por fin, como el asunto no prospera, la propia Consejería lo traslada a los juzgados. En resumen, se aceptan denuncias inaceptables, no se siguen los trámites de control internos, y en ningún caso se tiene en cuenta la presunción de inocencia.

¿SE AFRONTÓ DE MANERA RESPONSABLE UN PROBLEMA DE SALUD?

Evidentemente no. En lugar de investigar los supuestos problemas de una manera seria y discreta se monto un gran espectáculo mediático en el que las 400 muertes fueron aireadas como si Leganés fuera una sucursal de Auschwitz y los profesionales eran tildados de asesinos con el mayor desenfado. Como resultado de ello se produjo un descanso de la credibilidad del sistema sanitario público y serios problemas de desprestigio y desconfianza hacia el mismo, llegando incluso a enfrentamientos que por suerte fueron puntuales. Una gran parte del funcionamiento de la Sanidad se basa precisamente en la relación de confianza entre los profesionales y los usuarios, si esta confianza se quiebra se pone en peligro todo el sistema.

¿CÓMO ACTUÓ LA JUSTICIA?

Regular y con la lentitud acostumbrada. El juzgado de instrucción tardo muchísimo en iniciar las diligencias y lo hizo con parsimonia, finalizando con un auto, que sospechosamente apareció justo después de las últimas elecciones autonómicas, en el que aunque sobreseía la causa, hacia una serie de consideraciones ofensivas para los médicos. La Audiencia tardo menos (1 año) y actuó con más sentido. De todas maneras se vuelve a hacer bueno el dicho popular de “tengas pleitos… y los ganes”. También queda claro que Lámela, que es abogado tiene tan escasa competencia en su profesión como al frente de la Consejería de Sanidad.

¿A QUIÉN HA PERJUDICADO EL ESCÁNDALO?

En primer lugar a los profesionales acusados que han visto puesta en la picota su profesionalidad y han sido injusta y gratuitamente acusados de asesinato, y por supuesto a sus familias que han tenido que pasar unos momentos más que difíciles, pero sobre todo a las personas en situación terminal que han visto dificultado, cuando no imposibilitado su acceso a la sedación y han tenido que morir en condiciones poco humanas. Porque tras los hechos de Leganés se produjo una reacción de autoprotección de los profesionales que fueron mas cautos en la indicación de la sedación y en las dosis que se aplicaban a los pacientes, y no solo en Madrid. Tampoco deben olvidarse los familiares de los fallecidos en Leganés que sufrieron una verdadera persecución por periodistas y asociaciones carroñeras, removiendo sus recuerdos e intentando que se sumasen a la acusación, lo que solo consiguieron en un caso de 400 (por cierto que también sobreseído).

Una última reflexión tiene que ver con el aspecto positivo de la amplia movilización de solidaridad, social y profesional, que se ha producido alrededor de los acusados, especialmente en Leganés, pero que también ha tenido su coste en los múltiples cargos intermedios cesados (médicos y de enfermería) en los despidos y en la dura represión que se ha llevado a cabo en el hospital.

Se trata de un caso terrible en el que unos políticos irresponsables y prepotentes han puesto en la picota el honor y la profesionalidad de todo un hospital, se ha deteriorado la confianza de la población en su Sistema Sanitario Público y ha incidido de manera muy negativa en el acceso de los ciudadanos a una muerte digna. Los daños son difíciles de reparar, pero es obvio que la Consejería de Sanidad y el Gobierno de la Comunidad de Madrid son directamente responsables y deben de asumirlo, excusándose ante la sociedad y los profesionales, reintegrando a sus puestos a los represaliados y retirando a Lamela de cualquier responsabilidad pública .