Lo que sí sabemos con certeza es que muchos de estos menores se encuentran inmersos en procesos de exclusión social, variando sus circunstancias vitales en función del tipo de discapacidad que padezcan, el género, el lugar de residencia y la cultura o clase a la que pertenezcan. También estamos en disposición de afirmar que en su mayor parte son más susceptibles a padecer algún tipo de violencia (emocional, física o sexual) si se compara con aquellos sin discapacidad. Finalmente, se confirma la alta vulnerabilidad en términos económicos de sus familias, pues tienen ingresos por debajo del umbral de la pobreza (según informa UNICEF, en virtud de un estudio realizado en 14 países en desarrollo, las personas con discapacidad tienen más probabilidades de vivir en la pobreza que las personas sin discapacidad), hecho que conlleva que reciban menos atenciones sanitarias y educativas y que, en general, les suponga una merma sustancial en el disfrute de los derechos humanos y de ciudadanía. Más si cabe las niñas, a resultas de sus fuertes limitaciones a la hora de integrarse en el sistema educativo y en otros ámbitos de lo social.

En los últimos años se ha avanzado en la inclusión de los menores con discapacidad al amparo de la ‘Convención de los Derechos del Niño’ (ratificada a febrero de 2013 por 193 países) y la ‘Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’ (ratificada por 127 países y la Unión Europea), aunque todavía queda mucho camino por recorrer. La preocupación por la inclusión se fundamenta en la perspectiva de que todos ellos son miembros de pleno derecho de la sociedad; en que cada uno de ellos es un individuo único con derecho a ser respetado y a que se le consulte; en considerar qué todos tienen habilidades y metas que es preciso satisfacer y en que sus aportaciones sean adecuadamente valoradas y atendidas. Resulta además imprescindible que la sociedad tenga solventada satisfactoriamente la problemática de su accesibilidad universal y que se les facilite un acercamiento sin cortapisas a la información y a los medios de comunicación. En definitiva, es obligado erradicar la discriminación a la que se encuentran sometidos y brindarles la protección y cuantos apoyos sean menester para que disfruten de sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de los menores.

Según UNICEF, diversas son las esferas desde las cuáles es necesario adoptar medidas a nivel internacional con la finalidad de lograr la inclusión de ese sector de población. Medidas que incluyen desde la ratificación y puesta en marcha de la ‘Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’ y la ‘Convención de los Derechos del Niño’, hasta fomentar mecanismos de sensibilización social, luchar contra la segregación en la que se desenvuelven en sectores como la salud y la educación, facilitar su accesibilidad a las escuelas, al transporte público, acabar con la institucionalización como mecanismo prioritario de atención, apoyar a sus familias económicamente para que puedan acometer los altos costes que supone su cuidado (éstos oscilan desde el 9%-11% de los ingresos en Vietnam al 69% en el Reino Unido) e incorporarles en el diseño y evaluación de los servicios para ellos dispuestos. En paralelo, es preceptivo mejorar la coordinación institucional y promover un programa de investigación internacional que proporcione datos fiables sobre tan opaca realidad, al tiempo que la sitúe entre los temas claves del desarrollo.

A la luz de lo expuesto con anterioridad podemos afirmar que los menores y adolescentes con discapacidad en el mundo constituyen uno de los sectores de población más vulnerables de nuestros días y es en sí misma una cuestión vergonzante a comienzos del siglo XXI. Es ética y moralmente preceptivo que se asuman los compromisos de inclusión de estos menores en sus entornos vitales. El proceso exige esfuerzos de carácter internacional, de los gobiernos nacionales, de las autoridades locales, de las organizaciones de personas con discapacidad, de las asociaciones de familiares, etc. En definitiva, de las sociedades en su conjunto con la finalidad de lograr una atención digna y eficiente de estos pequeños tan indefensos. Y todo ello por justicia y humanidad.