En unas elecciones europeas los partidos políticos pueden explicar sus ideas con una mayor claridad, porque se juegan poco o nada en la política interna. Por eso la izquierda, además de ser coherente, debería de haber sido más valiente y decidida defendiendo en la UE unas ideas casi olvidadas y, sin embargo, de plena actualidad para responder a la crisis -algunas ideas intervencionistas se están poniendo en práctica por la derecha donde gobierna-, que no se han planteado ni se han debatido en las recientes elecciones europeas.
Nos estamos refiriendo a la socialdemocracia y a las ideas que la sustentan. A través de este concepto, y del desarrollo de esta política, la izquierda ha ganado elecciones y sigue siendo una fuerza considerable, sobre todo, en los países nórdicos. No hace falta, por lo tanto, inventar nada; lo que hace falta es un verdadero liderazgo para recuperar las políticas que han identificado con éxito a la izquierda social y llevarlas a la práctica sin titubeos y sin actitudes vergonzantes, y por lo tanto con la cabeza bien alta, eso sí, adaptándolas a las circunstancias que nos está tocando vivir. En este sentido, debemos recordar algunas consideraciones que han venido identificando al término socialdemócrata en los últimos años.
La política socialdemócrata siempre ha defendido una política económica que tuviera como prioridad el pleno empleo y la centralidad del trabajo en una sociedad democrática. Un empleo de calidad y con derechos y respetuoso con el medio ambiente. Una política que, sin embargo, no puede estar exenta de sacrificios en el saneamiento de la economía a través de reformas estructurales como lo han puesto de manifiesto los sindicatos en España desde la transición democrática en el ejercicio de su responsabilidad, con el propósito de aumentar la productividad en las empresas y hacerlas más competitivas. En nuestro país, esta política resulta más necesaria que nunca porque los actuales porcentajes de desempleo se situarán en torno al 20% de la población activa en los próximos meses.
La primera consideración que debemos hacer es que el mercado de trabajo no es el culpable de este porcentaje de paro, y por lo tanto resulta aburrido, por insistente y reiterativo, escuchar nuevamente al gobernador del Banco de España- apoyado por el presidente del BCE- y, lo que nos faltaba, escuchar también al ex presidente del Gobierno, Felipe González reivindicar una reforma laboral, incluso si es necesario sin los sindicatos -por cierto, es coherente porque hizo varias reformas en sus mandatos al frente del Gobierno, lo que significó la convocatoria por los sindicatos de tres huelgas generales exitosas-, lo que no deja de ser una declaración envenenada para el presidente Zapatero, como si la socialdemocracia fuera posible sin las organizaciones sindicales y sin el diálogo social. Una reforma laboral que, como está planteada por ambos, sólo traerá consigo una mayor desregulación del mercado de trabajo y despidos más baratos, y que, por el contrario, nunca creará más empleo por sí sola.
Por otra parte, la comparación reiterativa, en diversos medios de comunicación, de nuestro mercado de trabajo con el mercado de trabajo alemán – que está destruyendo menos empleo en estos momentos- no se puede utilizar como argumento para introducir medidas negativas para los trabajadores en nuestro país. En España- además de un crecimiento sostenido y sostenible de la economía- necesitamos empresarios responsables- no especuladores- que no despidan sin utilizar antes otras medidas (salarios y reducción de jornada); sindicatos fuertes con presencia real en las pequeñas y medianas empresas; protección social suficiente para los desempleados; inspección de trabajo eficiente; un mercado de trabajo estable y bien regulado; un tejido empresarial moderno y tecnológicamente avanzado; una mayor cualificación profesional; y una negociación colectiva articulada que ponga a prueba la autonomía de las partes a todos los niveles y fomente la participación de los trabajadores en la marcha de las empresas como ocurre en Alemania. En estas condiciones, la destrucción de empleo en los mercados de trabajo de los dos países sería muy similar y por lo tanto no tiene sentido transferir a España medidas concretas de los mercados de trabajo de otros países sin considerarlos globalmente y en su totalidad.
La socialdemocracia viene apostando también por un sector público empresarial estratégico como instrumento de la política económica del gobierno de turno. Hoy, como se puede comprobar, el sector público está prácticamente desmantelado y por consiguiente no contamos con instrumentos adecuados, sobre todo en el sector financiero, para responder a la crisis, al margen del ICO.
Las nuevas medidas económicas que se anuncian para el sector financiero, no pueden desconocer está realidad y por lo tanto no se pueden encaminar sólo a socializar pérdidas sin ninguna contrapartida ni garantía de retorno del dinero público. Éste es el momento de plantear una mayor presencia del Estado en el sector financiero con una mayor capacidad de intervención, si las circunstancias lo requieren, lo que facilitará la canalización de créditos a las empresas y familias, entre otras medidas, en la actualidad.
De la misma manera hay que apostar por una política de inversión pública adecuada, sobre todo como posible instrumento a utilizar en un contexto económico recesivo como ocurre en estos momentos. Esta política resulta más necesaria que nunca como lo están poniendo de manifiesto los diversos gobiernos de EEUU, UE, y el propio gobierno de Zapatero. Es de desear que esta inversión resulte eficaz y, en todo caso, coherente con la búsqueda de un nuevo modelo productivo en nuestro país basado en la investigación, la innovación y el diseño, la introducción de nuevas tecnologías, la cualificación profesional, y la organización del trabajo. Un modelo productivo que combata el trabajo invisible y sumergido; la subcontratación y la externalización sin control; los falsos autónomos; y la utilización fraudulenta de la relación mercantil sustituyendo a la relación laboral.
La redistribución, como fundamento de una política socialdemócrata, requiere también una política fiscal progresista basada en la imposición directa, no en la indirecta, y desde luego contraria a la reducción de impuestos cono se está defendiendo en la actualidad, en un marco de desarme fiscal generalizado.
La reducción fiscal de 400 euros con carácter universal y la eliminación del impuesto de patrimonio son medidas que resultan inexplicables y absurdas en la actual situación, cuando precisamente se requieren mayores ingresos fiscales. Las últimas medidas tomadas en relación con el impuesto de los carburantes para automóviles y las relativas al tabaco resultarán insuficientes y no podemos olvidar que no son las más adecuadas al tratarse de impuestos indirectos-por lo tanto regresivos- al afectar por igual a los que más y menos tienen.
El argumento, para no subir los impuestos directos, de que la clase media, y no la alta, paga estos impuestos debe llevarnos a exigir una mayor eficacia en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida y a ser selectivos con los impuestos, lo que significa apostar por una reforma fiscal encaminada a que paguen todos y, sobre todo, a que paguen más los que más tienen. En todo caso, la suficiencia, la progresividad, y una mayor equidad del impuesto deben estar garantizadas desde una política socialdemócrata.
Esto debe reafirmar además el principio de que la redistribución de la riqueza y la superación de las desigualdades siempre se pueden llevar a cabo, incluso en un contexto de crisis económica. Depende de la voluntad política del gobierno de turno, y no del crecimiento de la economía como defiende el pensamiento liberal conservador.
Otro punto destacado se refiere a una protección social avanzada que nos garantice un sistema público de pensiones suficiente y cobertura para las personas dependientes, además de la cobertura social para los trabajadores desempleados. Debemos recordar, una vez más, que España se encuentra 7 puntos del PIB por debajo de la media comunitaria en protección social. Por lo tanto, el Gobierno y los sindicatos deben oponerse con firmeza a las medidas que reivindican un sistema público de pensiones a la baja, con el propósito de convertirlo en un sistema de beneficencia y de mínimos, que requiera fondos complementarios de pensiones lo que siempre resulta apetecible como negocio para las entidades financieras. De la misma manera, la suficiencia del sistema no puede tolerar la reducción de las cuotas de los empresarios a la seguridad social como viene reivindicando la CEOE.
Por otra parte, se debe impulsar decididamente la ley de dependencia (creará, además, puestos de trabajo) y extender la cobertura de desempleo a todos los desempleados afectados por la crisis. Nadie entendería en la actual situación de crisis que las personas mayores y los desempleados que hayan agotado su prestación, o que no hayan generado derechos, no tuvieran la atención debida del Estado.
Finalmente, debemos impulsar los servicios públicos- sobre todo la enseñanza y la sanidad con carácter universal- para responder a los más desfavorecidos como bandera de la socialdemocracia y del estado de bienestar social. La enseñanza, la sanidad, el transporte público, y los servicios sociales en general, deben contar con la inversión pública necesaria y con la expresa voluntad de los gobiernos que se debe materializar en la próxima discusión de los presupuestos generales del Estado y de las CCAA.
Es, por lo tanto, el momento de recuperar las ideas socialdemócratas con convicción y entusiasmo. Con estas ideas se pueden ganar unas elecciones generales comprometiendo y movilizando más a la izquierda sociológica y a los jóvenes, sin recurrir a políticas de centro siempre acomodaticias y nada ilusionantes. Sólo falta un partido fuerte que las defienda y las explique a todos los niveles de nuestro tejido social. Y, además, son las ideas más apropiadas para responder a la crisis y a la fuerte ofensiva neoliberal que se está produciendo y, por supuesto, las más eficaces para defender los intereses de los más desfavorecidos; precisamente a los que se debe dirigir una política de izquierdas que, evidentemente, debe ser claramente diferente de las rancias recetas ya fracasadas que nos ofrece la derecha.
