La solidaridad, pieza básica, desde mi punto de vista, en la evolución de las sociedades humanas, a pesar de algunas teorías actualmente en boga que se inclinan por plantear que la “selección de grupo” es el único factor que explica este proceso, ha jugado un papel determinante en la historia de la humanidad y, además, ha sido clave en la conquista de los derechos humanos.

En estos momentos, y partiendo del ‘a priori’ de la existencia de más de novecientos millones de hambrientos en el mundo, prueba evidente de que la solidaridad no es un valor prioritario para nuestras vidas, también es cierto que se han dado pasos de gigante en favor de la dignidad de la persona humana (al menos en el mundo más desarrollado).

La promulgación del ‘Real Decreto 16/2012’de 20 de abril, ‘de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones’ en el artículo 3, que dice que: “Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades: a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica. b) De asistencia al embarazo, parto y postparto. En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”, es un claro ejemplo de insolidaridad hacia los sectores sociales más desfavorecidos y no de racionalización de los recursos (que, sin duda, es necesario hacerlo).

Más de un millón de extranjeros ilegales han quedado fuera de los servicios del Sistema Nacional de Salud, y tras varios meses de vigencia de la nueva ley, Médicos del Mundo, entre otras entidades, han denunciado que nueve gobiernos regionales (Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Aragón) la están aplicando sin restricciones. En definitiva, son muchas las personas que se han quedado excluidas del sistema sanitario (a pesar de que también son muchos los sanitarios que, amparados en la objeción de conciencia, siguen ofreciendo sus servicios).

Y lo están siendo en contra del sentir general de la población española. No en vano, según una encuesta realizada a instancias del Consejo General de Colegios de Enfermería en septiembre pasado, el 62,6% de los españoles se manifiesta en contra de restringir la atención sanitaria a los inmigrantes. El 36,7% está de acuerdo y en su mayor parte, aunque consideran que deben ser atendidos, también estiman que ‘a posteriori’ debería intentarse cobrar la atención o exigirles un seguro. ¡Qué paradójico e irreal, teniendo en cuenta sus circunstancias económicas y su situación de exclusión social!

Más allá de las palabras y de la retórica, más o menos incisiva, no puede olvidarse que tras este decretazo se esconden dramas humanos, mujeres y hombres que han quedado al albur de la nada, tras decisiones políticas tomadas en amplios despachos de moqueta y tarima, en los que se cierran acuerdos sin bosquejar siquiera los rostros atemorizados de los que por perder la salud, pueden perder la vida.

Y retomamos la idea de solidaridad y nos damos cuenta de que se está diluyendo, pero también los derechos sociales, que tanto esfuerzo nos han costado alcanzar, máxime en un país como el nuestro que consiguió, en pocas décadas, navegar desde lo tenebroso hacia la luz, como quizá ningún país de nuestro entorno lo haya hecho jamás.

Vivimos inmersos en un mundo que se enfrenta a los efectos de una crisis financiera, que ha traído gran sufrimiento, pero también nos encaramos ante una crisis de valores, ante una crisis de humanidad, a consecuencia de los intereses espurios de los que todavía hoy manejan los hilos del poder. Seguir en esta senda podría conducir al fin de nuestra civilización y a que nuestros descendientes nunca puedan contemplar, como yo hice, restos óseos humanos que muestren la importancia de lo societario, de la lealtad y de la fidelidad en nuestra especie.