Es algo asumido por la mayoría que sin un sistema crediticio en funcionamiento resulta casi imposible pensar en la regeneración de la actividad económica. Nuestras entidades crediticias, o al menos la mayoría de ellas, siguen constreñidas por el enorme caudal de activos dañados e improductivos y la incertidumbre sobre la evolución presente y futura de su actividad, dada la parálisis y la depresión que horadan a la economía española. Pero conviene recordar que España se ha dado de bruces con la crisis financiera y económica en una situación singular que la separa de la de otros países: nuestro sistema crediticio, basado en la banca al por menor, tiene reconocida una gran eficiencia y puede ser modelo para otros; aunque la confianza en su fortaleza le llevó a endeudarse desmesuradamente en los mercados internacionales, que es lo que permitió que el crédito en España creciera a tasas cercanas al veinte por ciento durante los años del boom inmobiliario, convertido en el pilar de la economía nacional. Las responsabilidades son muchas y variadas y no han sido las menores las de los poderes públicos, que se han comportado como meros espectadores y beneficiarios de la riada del dinero abundante, abandonando la previsión exigible a cualquier gobernante.

Como consecuencia de ello, los diferentes gobiernos, el nuestro también, tuvieron que apelar al uso de la riqueza nacional para taponar las vías de agua, declarando un verdadero estado de excepción financiera. En España se tradujo en la aprobación de diferentes decretos-leyes, uno de los cuales fue el del verano de 2009 que creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, para sanear y capitalizar al sistema crediticio. Es un organismo estatal que, como ya apuntamos, ha otorgado préstamos cuantiosos y ha realizado importantes suscripciones de capital. De momento, lo que conocemos de sus propósitos se resume en procurar una salida rápida hacia el mundo privado de las entidades que ahora controla. Una de ellas es la que se pretende ahora subastar con escasas garantías de éxito.

La controversia falaz entre privatización y nacionalización hace que muchos crean que la primera es la mejor opción, sin pararse a pensar que la envergadura del problema obliga al Estado, es decir a los contribuyentes, a poner los recursos para hacerla posible, como es el caso que da pie a este comentario. Si a ello añadimos que cualquier venta o subasta requerirá de apoyos públicos futuros indudables, como estamos comprobando, creo que sería defendible optar por el establecimiento de una gestión pública estable, encaminada a dotar de eficiencia a las entidades que lo requieran. Sin prejuicios y en defensa del interés general, sería importante que el nuevo gobierno desechara la actuación injusta de convertir al Estado en mero intermediario para hacer un ligero calafateado y asumir pérdidas, renunciando a los beneficios económicos y sociales de ordenar un servicio público de crédito, que durante la larga travesía de la crisis ayude a restaurar la confianza de nuestro tejido productivo.

Ya se que lo público tiene pocos defensores, ni siquiera en los más obligados a ello que son los gobernantes y los servidores públicos, pero esta es una ocasión para demostrar que el Estado no vale solo para suministrar recursos que los mercados e inversores están negando. Por eso, pienso que el Estado, que ha carecido de instrumentos financieros eficaces en esta crisis y que es criticado duramente por la falta de crédito tiene ahora la ocasión de contrarrestar con hechos la indefensión crediticia de la economía nacional. Parece que esa actuación pública sería una opción más seria y prudente que obstinarse en seguir apilando recursos públicos sin obtener la rentabilidad económica y social exigible a los mismos.