En un artículo reciente planteamos algunos de los principales impactos sociales de las modernas técnicas de reproducción humana asistida e hicimos alusión a la denominada gestación por sustitución/subrogación de úteros, conocida coloquialmente en los términos de “vientres de alquiler”. Una opción en España no aceptada legalmente, tal como se incluye en el Artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, en donde se dice que “1). Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. 2). La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto. 3). Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas generales”.

Desde hace varios años, los medios de comunicación nacionales se han hecho eco de casos de parejas heterosexuales (las mayoritarias), homosexuales y de solteros que han recurrido a este procedimiento para tener descendencia. Se calcula que alrededor de 1.400 parejas españolas contratan cada año estos servicios en los países donde cuenta con cobertura jurídica: EEUU, Rusia, Ucrania, Georgia, Kazajistán y México. Este último país está teniendo una cada vez mayor demanda pues está opción está permitida a homosexuales y solteros (Véase, http://es.scribd.com/doc/36185692/12-Iniciativa-Maternidad-Subrogada#scribd).

En su conjunto, el coste de un proceso de subrogación de útero se sitúa entre los 50.000 y 200.000 euros, que se reparte entre la agencia de subrogación, los honorarios destinados al bufete de abogados interviniente en los trámites, los gastos ocasionados por el proceso de reproducción y el parto, el pago del seguro médico de la gestante y los “honorarios” para la “madre de alquiler”. Como vemos, cantidades económicas muy elevadas, que hacen de la subrogación de úteros un pujante negocio para dar soluciones reproductivas a los mejor posicionados económicamente en éste nuestro pequeño-gran mundo.

Doctrinalmente, dos son las posiciones frente a la misma. Por un lado, la de los países de la vieja Europa y los latinoamericanos (con la salvedad de México desde 2011), en cuyos sistemas jurídicos se declaran nulos los contratos de subrogación de úteros, bajo la fundamentación de que el cuerpo está fuera de comercio y no puede ser objeto de contrato. En ese sentido, se expresa la Resolución 16/03/1989 del Parlamento europeo cuando dice que “Toda forma de maternidad por sustitución debe ser rechazada” o el Artículo 20 de la Convención sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina. Convención de Asturias de Bioética (Consejo de Europa): “El cuerpo humano y sus partes como tales no deben ser objeto de lucro”. Por lo anterior, “madre es la que da a luz”, enfatizándose el reconocimiento del cuerpo como parte de la persona y la obligatoriedad del acatamiento de las normas de familia, que impidan a una persona que “venda” a su hijo o subrogue su útero. Por otro lado, se encuentra la visión de los países anglosajones de tradición liberal, que la admiten bajo el argumento de la presunción de racionalidad y madurez de las partes a la hora de tomar decisiones. En este sentido, las mujeres son las dueñas de sus cuerpos y deciden sobre los mismos. Bajo esta perspectiva no es verosímil hablar de explotación, ni de agravios a la dignidad de las mujeres.

Vayamos más al detalle de los argumentos a favor y en contra. Los principales argumentos a favor se sustentan en las siguientes ideas: en que los derechos reproductivos deben  ser los mismos tanto para los que procrean de forma natural como para los que subrogan un útero; por ser el único medio para tener un hijo/a, cuando no es factible gestarlos biológicamente; en el reconocimiento de que los derechos de la mujeres a ser inseminadas con semen de donantes deben extrapolarse también a los varones, quienes utilizando óvulos de donantes y  “vientres de alquiler”, pueden ser padres; en que las mujeres son libres  para decidir sobre sus cuerpos y el Derecho debe promover la autonomía de los sujetos implicados; en que este tipo de transacción no agrede la dignidad femenina, ni explota a las mujeres, pues se trata de una decisión que adoptan las implicadas con total conocimiento; en que el pago que reciben no debe ser considerado como un precio por la venta de un niño, sino como una compensación, que, además, permite a las mujeres con más necesidades obtener recursos para su subsistencia y la de sus familias. Por último, sostienen que la maternidad subrogada hace factible que vengan al mundo seres humanos, que nunca habrían tenido la oportunidad de nacer, por lo que, infieren, se prima el interés del niño por acceder a la vida.

Los argumentos en contra se apoyan, por un lado en la visión de que debemos considerar que los derechos reproductivos han de estar siempre limitados por los derechos de los demás y por los valores éticos y morales en los que se fundamentan las sociedades. Por otro lado, en que el alquiler de úteros podría dar pie a ser utilizado cuando no existieran razones estrictamente biológicas que impidieran una gestación. En tercer lugar por considerar inconsistente que puedan extrapolarse los derechos de la mujer a ser inseminada con semen de donante al caso de varones que utilicen óvulos de donante y a mujeres que “alquilan” sus úteros; en la disyuntiva de si ¿es posible hablar de libertad en el caso de mujeres con graves problemas económicos y/o psicológicos que vean en la subrogación de sus úteros una salida a su situación? En quinto lugar, en la reflexión sobre si la subrogación de úteros vulnera la dignidad de la mujer gestante, al ser valoradas en cuanto en tanto tienen capacidad para gestar, al tiempo que convierten en un objeto la vida humana. En sexto lugar, en quela madre toma una decisión consciente y, consecuentemente, como contraprestación a su participación en el proceso obtiene una prestación económica. En séptimo lugar, por considerarse que no debería ser aceptable comerciar con el cuerpo, pues quienes venden u ofrecen partes del mismo en el mercado están en una condición de inferioridad y lleva asociada una explotación de los más desfavorecidos. En octavo lugar, en la contingencia de que podrían surgir problemas imprevistos en supuestos en los que, por ejemplo, los bebes nacieran con malformaciones y la persona o pareja contratantes se negarán a hacerse cargo del recién nacido. Finalmente, cabe destacar eventuales conflictos en los integrantes de la unidad familiar de la madre subrogada, que tras el nacimiento del bebe debe ceder todos sus derechos paternales, como, por ejemplo, el impacto que ocasionaría en los hijos previos de la gestante o en los abuelos y familiares más directos entregar a su nuevo “hermano”, “nieto” o “sobrino” a unas personas desconocidas, sin menospreciar los efectos psicológicos y de diversa naturaleza sobre la propia gestante.

Por tratarse de un tema de tanta complejidad cabe plantear algunas cuestiones:¿es ética, moral y socialmente aceptable la subrogación de úteros?, ¿cosifica y convierte en un objeto la vida humana este tipo de maternidad?, ¿debemos permitir, máxime en tiempos de crisis como los que está atravesando nuestro país desde hace más de un lustro, que las mujeres más desfavorecidas obtengan ganancias al alquilar su cuerpo?, ¿es razonable a tenor de los niños que se encuentran en el mundo a la espera de ser adoptados?, ¿debemos refrendar que la maternidad se convierta en un negocio, en un producto más del mercado? (les invito a que visiten páginas de Internet donde se ofrece este servicio), ¿se justificaría que el Estado la financie en el sistema público de la Seguridad Social?, ¿sería admisible en el caso de que no genere gastos económicos y se realice entre parientes o personas ligadas por vínculos afectivos?, ¿la prohibición de la maternidad subrogada vulnera derechos reproductivos individuales y de sectores sociales concretos?.

Como vemos, muchas son las cuestiones éticas, morales y sociales derivadas de esta polémica opción reproductiva. Resulta necesario, antes de adoptar la decisión que fuere en lo que a nuestro país se refiere, un debate en profundidad, que permita llegar a consensos amplios, no en vano de la decisión que adoptemos se inferirá el modelo de sociedad que hayamos resuelto y marcará nuestro futuro a medio y largo plazo.