En los últimos años las Cajas de Ahorros se han convertido en uno de los pilares centrales del sistema financiero español, hasta superar en peso al conjunto de Bancos privados; lo cual dota a nuestro sistema de unos equilibrios que pueden resultar especialmente útiles, en la medida que se ofrecen más posibilidades y nos alejan de un riesgo real de duopolio. Por otra parte, las Cajas de Ahorros tienen no pocas virtudes, desde las que se relacionan con la mayor proximidad –y empatía– con determinados territorios y zonas geográficas, hasta los servicios de atención que prestan a pequeños usuarios y, en especial, la importante Obra Social que realizan y que permite cubrir múltiples funciones asistenciales y culturales, que, en caso de no existir las Cajas, o bien quedarían desatendidas o bien tendrían que ser cubiertas por el Estado con los correspondientes sobrecostes y cargas fiscales. Por ello, las Cajas de Ahorros pueden ser consideradas, con toda razón, como entidades ejemplares de naturaleza social, cuyos beneficios revierten en utilidad de la Comunidad, y, además, hasta ahora han venido funcionando con criterios de representatividad bastante equilibrados y estables, que han hecho de ellas un ejemplo envidiado en casi todo el mundo.

Sin embargo, dos circunstancias han contribuido a despertar tendencias de codicia en torno a ellas. En primer lugar, el propio peso adquirido por las Cajas y el volumen de recursos financieros que han llegado a tener han hecho que se conviertan en un bocado muy apetecido, sobre todo en períodos de crisis y escasez de recursos. A su vez, la propia crisis económica, en la medida que está afectando a algunas Cajas más en particular, ha dado lugar a que aparezcan afanes de control que responden a la lógica de “el pez grande se come al chico”.

Algunos proyectos de absorción de Cajas, algunas reivindicaciones de privatización y determinadas pugnas desbocadas por el control de Cajas especialmente apetitosas, responden a esta lógica, ante la que el Estado debiera tener algo que decir, ya que estamos hablando de entidades de interés público, cuya funcionalidad y propósito habría que ser capaces de mantener en mor de la salud y los equilibrios de nuestro sistema económico en su conjunto.

Por eso, no se entienden bien ni algunas de las racanerías que se producen cuando se habla de las Cajas –en contraste con las disponibilidades de generosidad respecto a otras empresas privadas–, ni la ola de intromisiones partidarias sesgadas que está teniendo lugar, con la correspondiente tendencia a proyectar sobre la funcionalidad de las Cajas algunas de las peores querellas y pugnas que existen entre los partidos, e incluso entre distintos sectores en el interior de los partidos. De ahí la perplejidad que sienten muchos ciudadanos que no ven que exista un tratamiento especialmente considerado hacia entidades a las que ven como algo suyo, próximo y estimado.

Es posible que las Cajas, o alguna Caja en particular, necesiten apoyos, pero existen serias dudas de que mucho de lo que se está haciendo o diciendo en estos momentos sirva realmente de ayuda, sino más bien todo lo contrario. También es posible que sean necesarias o convenientes fusiones entre Cajas, pero no está claro que algunos movimientos respondan a criterios de racionalidad económica, o incluso de estricta lógica, en la medida que hasta los más simples pueden entender, por ejemplo, que agregar dos o tres Cajas con problemas, en principio, no hace sino multiplicar por x los problemas; o que la simple lógica de “pez grande se come al chico” no hará sino generar malestares y alejamientos. ¿Acaso no sería más lógico propiciar fusiones entre Cajas que se pudieran complementar mutuamente en territorios y especializaciones, o facilitar procesos en los que la mayor potencialidad de algunas Cajas sirviera realmente para ayudar y equilibrar a quienes necesitan ayuda?

Pero, posiblemente lo más llamativo de todo son los debates y las pugnas desbocadas que están surgiendo en torno al control de algunas Cajas. El espectáculo que están dando determinados líderes en los medios de comunicación social sobre quién es el candidato más o menos “profesional”, o más o menos “político”, es un auténtico despropósito. Algunos asignan “profesionalidad” o “politicidad” según más convenga a cada cual, pensando que los ciudadanos somos un poco tontos y no nos damos cuenta de que todos los candidatos que se manejan son realmente “políticos”; y algunos lo son, o lo han sido, en grado muy superlativo. Pero eso parece importar poco a los más conspicuos agitadores de la pugna, que ni siquiera se dignan explicar por qué quieren quitar al que actualmente está, que además parece que ha hecho una buena gestión, sin crear problemas. Cosa que no ocurre con algunas de las candidaturas que se lanzan. Pero no, la cuestión central parece que es situar a la cabeza de alguna Caja importante a uno de sus “amigos”, poniendo tal empeño en el propósito, y despreciando en tal grado los desgastes que se están produciendo por esta vía, que no son pocos los que ya “tienen la mosca detrás de la oreja” y se preguntan sobre las verdaderas razones de fondo de tal afán “controlador”.

Sinceramente no sé muy bien qué se podría hacer en estos momentos y ante tales situaciones desde el Estado y el Gobierno para poner freno a tamañas tendencias desbocadas y a los riesgos de pérdida de confianza ciudadana que se pueden producir por esa vía. Desde luego, lo primero que habría que hacer es propiciar un consenso básico y de sentido común entre los dos principales partidos políticos, incluso al máximo nivel de representación. Y si tal consenso no se logra, ni se apaciguan los ánimos es evidente que algo habría que hacer para asegurar unos mínimos de racionalidad económica y las garantías imprescindibles de buena funcionalidad social y política. ¿Por qué no? ¿Es que algunos van a intentar convencernos a estas alturas de que la “política” y la labor y el papel de los “políticos” es algo abominable que hay que desterrar de la lógica de instituciones que hasta ahora han sido ejemplares y muy eficaces?